Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Frente a las falsas acusaciones contra el CAJAR, de apropiación de indemnizaciones y tierras, en el transcurso del año se han efectuado reuniones públicas en el departamento del Cauca (Popayán y Caloto) en las que han participado las comunidades, autoridades indígenas y representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa así como la Procuraduría General de la Nación. En ellas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha expuesto con amplio detalle el trámite procesal ante las diferentes instancias y jurisdicciones, los pagos realizados a cada una de las víctimas indemnizadas acompañando dicha información con los respectivos poderes, recibos, consignaciones e informes contables.

Ante las recientes acusaciones presentadas en el Ministerio de Defensa1 por parte de algunos familiares de la masacre de Caloto, relacionados con supuestas apropiaciones de indemnizaciones y tierras por parte del CAJAR, nos permitimos comunicar lo siguiente:

1. Con ocasión de los hechos ocurridos en el año de 1991 en el municipio de Caloto, Cauca, conocidos como “Masacre de El Nilo” o “Masacre de Caloto”, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” realizó acompañamiento a las víctimas en el marco de los procesos judiciales.

2. El acompañamiento se realizó como representantes en los procesos ante la Justicia Penal Militar, la Justicia Penal Ordinaria y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Además del litigio nacional e internacional, el CAJAR desarrolló una labor integral que comprendió el fortalecimiento organizativo y la visibilización del caso. Estas actividades fueron llevadas a cabo con el CRIC y la ACIN, quienes a su vez desarrollaban una labor fundamental en el seguimiento de la situación posterior a la Masacre de El Nilo, logrando realizar la documentación juiciosa del caso.

4. Como resultado de este trabajo, se logró demostrar la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en los procesos de la jurisdicción interna como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ante este organismo se acordó una solución amistosa en la que el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la masacre.

La incidencia del CAJAR, el CRIC y la ACIN, contribuyó a la entrega de tierras al pueblo Nasa por concepto de reparación integral, y también a la promulgación de la Ley 288 de 1996, que obliga al Estado a acatar las decisiones de instancias de justicia internacional.

5. Los jueces ordenaron indemnizaciones conforme a los criterios jurisprudenciales de la época, las cuales ya fueron canceladas a los demandantes. El pasado 26 de junio del 2014, el Consejo de Estado profirió fallo de segunda instancia frente a 19 victimas demandantes que se encontraban a la espera de sentencia definitiva. Conforme al arreglo amistoso ante la CIDH, el Estado se obligó a entregar a título colectivo a las comunidades del pueblo NASA del Cauca 15 mil hectáreas de tierra, de las cuales aún faltan por entregar alrededor de 5 mil.

6. Después de 23 años el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia reafirmaron la responsabilidad del Estado y en el proceso penal se ordenó adelantar juicio contra el hoy General retirado Fabio Castañeda Mateus y el entonces teniente Jorge Durán Argüelles, ambos miembros de la Policía Nacional.

7. En el acompañamiento integral que el CAJAR ha llevado a cabo durante cerca de 25 años, ha intervenido un número considerable de profesionales que hoy continúan esta labor ante las instancias nacionales e internacionales. Los aportes que el CAJAR recibe en virtud de las demandas de reparación son destinados a un fondo social que apoya el cumplimiento de la misión institucional, la defensa de los Derechos Humanos y el acceso de víctimas a la Justicia nacional e Internacional. Los abogados y abogadas del CAJAR no reciben porcentajes producto de las sentencias, sino que devengan un salario fijo mensual.

8. Frente a las falsas acusaciones contra el CAJAR, de apropiación de indemnizaciones y tierras, en el transcurso del año se han efectuado reuniones públicas en el departamento del Cauca (Popayán y Caloto) en las que han participado las comunidades, autoridades indígenas y representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa así como la Procuraduría General de la Nación. En ellas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha expuesto con amplio detalle el trámite procesal ante las diferentes instancias y jurisdicciones, los pagos realizados a cada una de las víctimas indemnizadas acompañando dicha información con los respectivos poderes, recibos, consignaciones e informes contables.

9. Ante la solicitud del CAJAR de una nueva reunión aclaratoria, la dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería respondió que: “lo manifestado y debidamente soportado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, así como lo expresado por las autoridades indígenas y los beneficiaros, estos últimos al manifestar expresamente haber entendido la situación y haber aceptado que conforme lo explicado en la reunión sí habían recibido lo que les correspondía, se concluyó que la situación presentada se debe a una desinformación de lo que en materia de pago de indemnizaciones se ha hecho hasta el momento y, se evidenció un actuar sin pleno conocimiento de la situación ni fundamento alguno por parte de la señora Diana Perafán”2.

10. El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” rechaza la confusión a la que están siendo inducidos algunos integrantes de esta comunidad, evidentemente manipulados por sectores que históricamente han perseguido la labor del CAJAR.

11. Durante el pasado gobierno, organismos de inteligencia tuvieron como uno de sus objetivos principales la persecución y propaganda difamatoria contra el CAJAR. Por tanto, no son coincidencia estos ataques y los lanzados recientemente por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, durante el debate sobre ejecuciones extrajudiciales3, convocado por el Representante Alirio Uribe Muñoz en el congreso de la República. En dicho debate participaron activamente promotores de esta campaña difamatoria con el propósito de atacar y deslegitimar al CAJAR y al convocante al debate, para desviar la atención sobre la responsabilidad de los militares en tales crímenes.

12. El CAJAR reitera su disposición de acatar requerimientos que eventualmente hagan las autoridades competentes, tal y como se ha hecho en el pasado y como queda de manifiesto en este comunicado.

http://www.colectivodeabogados.org/editorial/editorial-cajar/article/caso-caloto-nueva-campana-de