El mundo se estremece horrorizado (así sea de manera transitoria) por la desaparición a manos de una maquinaria estatal criminal, de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, México en un operativo que solamente pudo hacerse con la coordinación y participación directa del ejército. Este tipo de acciones de terror contra la población civil con objetivos ideológico-político-económicos precisos. Se sabe que todo el territorio nacional mexicano es sujeto de una intervención de terror a manos de una maquinaria criminal articulada con políticas, reformas y estrategias de propaganda y engaño que, en su conjunto, benefician un proceso de ocupación del país por intereses financieros y extractivistas de mafias económicas transnacionales que ejercen el poder al más alto nivel en la arquitectura del capital transnacional global.

 
Más evidente aún es que México no es un caso aislado bajo este proceso integral de conquista y guerra contra los pueblos. El mismo proceso con énfasis diferenciados en terror, políticas y judizialización, control y manipulación ideológica, procesos de cooptación y de captura de comunidades y luchas se da en todo el planeta, aún en los países centrales. Grecia, bajo Syriza es un ejemplo reciente y visible de lo mismo, como lo fuera Libia y Egipto.
 
Un país que ha servido como experimento de esta maquinaria es Colombia. Allí se han sembrado cadáveres en todo el país en una estrategia genocida con fines económicos y políticos del capital. En el 2006 hubo una masacre cometida por paramilitares cada 8 días y siguen absolutamente impunes.
 
La semana anterior, el gobierno decide explorar “La Escombrera”, una enorme fosa de fosas comunes en la ciudad de Medellín, de la que se ha sabido hace muchos años. Allí están muchos desaparecidos y asesinados por esta maquinaria global de terror implementado en esa ciudad y región. Acá, Juan Diego Restrepo presenta los datos y el contexto. Mientras tanto, los medios y el gobierno, el régimen que comete estos crímenes de manera sistemática y fría, presenta esta fosa común del terror del régimen por todos los medios, como un resultado de “La Guerra” y del “Terror”, encubriendo el que fuera realizada por actores del régimen y a su servicio, y aprovechando la masacre para promover aún la exhumación de víctimas de un genocidio en curso, como un logro en el camino hacia la paz del modelo. Tanto es de oficio la masacre, como la exhumación y los rituales de confesiones y sentencias. Un proceso administrativo que hace parte de la maquinaria de muerte y destrucción para la acumulación. Con ello encubren este,´un eslabón en la cadena de terror global y transnacional.
 
La tormenta desatada desde el sistema para superar su crisis, tal como la señalara el EZLN, está ejecutando un plan global que despoja y elimina pueblos. En Grecia, lo demuestran las estadísticas de desempleo, suicidios, deterioro del nivel de vida, pérdida de derechos y un largo etc., asesina robándose el país, generando desempleo y hambre y transformando por la vía de una deuda entre poderosos actores financieros, en un mecanismo para someter un país y aplastar un pueblo señalando al tiempo que se merecen esta muerte por inanición por perezosos e inmaduros.
 
La Escombrera, una de las fosas comunes del planeta en el que el sistema “siembra cadáveres para cosechar ganancias” no puede ser aislada como un hecho de Medellín y Colombia y menos como un gesto de verdad y paz. Es una de las fosas globales en el genocidio con que el capital avanza en su proceso de apropiación de territorios planetarios y la simultánea eliminación de excedentes de capital y población. Esta guerra contra los pueblos desaparece y entierra en todas partes y luego desentierra para avanzar el camino del terror para la acumulación.
 
La resistencia global necesita reconocer la guerra total. Necesitamos entender que esta guerra no reconoce fronteras y los pueblos tampoco podemos dejarnos encerrar en la geografía nacional que sirve al sometimiento y a nuestro aislamiento y posterga la resistencia popular. 
 
La Escombrera: zona de impunidad
 
 
La desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín, luego de la llamada Operación Orión, se dio en medio de un sospechoso silencio de las autoridades civiles y militares.
 
Retenidos en las callejuelas de algunos de los 23 barrios que conforman la comuna 13 de Medellín por comandos paramilitares, y ante una sospechosa actitud de negacionismo de las autoridades locales, decenas de ciudadanos fueron asesinados, descuartizados y enterrados en fosas comunes en una amplia zona boscosa de ese sector de la ciudad entre finales de 2002 y mediados de 2005.
 
Estaba en marcha una de las operaciones contrainsurgentes urbanas más cruentas del país a comienzos del siglo XXI, adelantada por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. En la capital antioqueña las voces angustiantes de los pobladores de la comuna 13 eran ahogadas por las “versiones oficiales” que entregaban altos mandos militares y policiales, así como voceros de la Alcaldía, que lo negaban todo.
 
Las alertas se prendieron pocos días después de finalizada la llamada Operación Orión, una de las acciones estatales de carácter urbano de mayor envergadura conocidas hasta ese momento en el país, ordenada por el recién posesionado presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre el 16 y el 19 de octubre de 2002, tropas del Ejército, comandos especiales de la Policía Nacional, agentes del DAS y del CTI de la Fiscalía y la Fuerza Aérea, se tomaron los barrios de esa comuna en busca de milicianos de las guerrillas de las FARC, el ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo).
 
 
Uno de los resultados más visibles de esa acción estatal fue la consolidación del Bloque Cacique Nutibara de las AUC en esas laderas de la zona occidental de la ciudad. Su control fue total. Y su maquinaria de terror se instauró en sus callejuelas. Ante las denuncias ciudadanas, el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Mario Montoya, declaró al diario El Colombiano (8 de diciembre de 2002) que en este sector de la ciudad no había paramilitares: “Descarto totalmente esa posibilidad. Dentro de la comuna es improbable que haya autodefensas. Con ese cuentico nos van a seguir, que las autodefensas, que las autodefensas”.
 
Para la fecha de esa declaración había transcurrido más de un mes de finalizada la Operación Orión y ya la desaparición forzada se estaba imponiendo como estrategia de las huestes de alias ‘Don Berna’ contra supuestos milicianos de las guerrillas y sus presuntos auxiliadores, colaboradores, familiares y amigos. Diversos testimonios de exparamilitares permiten establecer los niveles de sevicia que alcanzó ese accionar armado: “En la comuna 13 el medio de desaparición que utilizábamos era la fosa. A la gente la picábamos con machetes o cuchillos”, se lee en alguno de los cientos de documentos que han intentado reconstruir lo ocurrido allí. Lo que se ha conocido a través de diversos testimonios es que había hombres de las AUC especializados en descuartizamiento.
 
De acuerdo con la versión de otro desmovilizado, la orden que tenían tras retener a alguien que fuera señalado como miliciano de la guerrilla o auxiliador “era cogerla, y si daba información se dejaba en la organización y si no se mandaba matar. Esa orden venía de los altos mandos, de los Castaño, y en el Cacique del comandante Adolfo Paz (alias ‘Don Berna’). Y la orden era seguir con la misma política de las desapariciones”.
 
 
Esa progresiva estrategia de guerra fue negada de manera persistente por las autoridades. Para febrero de 2003, el controvertido alcalde de la ciudad, Luis Pérez, también intentó contribuir al ocultamiento de las acciones de desaparición forzada que padecía la comuna 13. Ante el hallazgo de las primeras fosas con cuerpos de pobladores retenidos por las AUC en esta zona, el mandatario local aseveró al diario El Tiempo (17 de febrero de 2003) que allí no había dominio paramilitar y varios de los muertos hallados habrían sido asesinados antes de la Operación Orión: “Las fosas encontradas no son propiamente en la comuna 13 -dice-, sino en zona rural del corregimiento de San Cristóbal, cerca de un laboratorio de cocaína que la Fuerza Pública decomisó hace tres meses. Los cadáveres son de entre 6 y 18 meses, o sea que existe una alta probabilidad de que parte de esos cadáveres sean de los enfrentamientos que allí se producían hace más de un año”.
 
Negar el posicionamiento de las AUC en la comuna 13 fue la tendencia generalizada de las autoridades locales y contribuyó a que esa máquina de guerra desatada por alias ‘Don Berna’, se posicionara de manera impune y a través de ella se perpetraran cientos de desapariciones forzadas. ¿Había acuerdos entre unos y otros para ocultarlo todo?
 
Álvaro Uribe Verna y el régimen del terror al servicio del capital
 
Quizás la respuesta esté en una carta escrita por alias ‘Don Berna’, fechada el 27 de febrero de 2009 y enviada al juez Richard M. Berman, de la Corte Federal del Distrito Sur de New York, en Estados Unidos, que lo procesó por delitos asociados al narcotráfico y lo condenó a 33 años de prisión. En ella aseveró que la ocupación de la comuna 13 contó con la participación del Bloque Cacique Nutibara, pues “la comunidad y los organismos de seguridad del Estado les pidieron ayuda para librar la zona de la guerrilla”.
 
Es importante la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación, de manera conjunta con la Alcaldía de Medellín, de hurgar en las entrañas de La Escombrera para buscar los restos de todos aquellos ciudadanos que fueron asesinados por las AUC y fueron enterrados allí, pero también es necesario que se encuentren las sendas de la verdad y se establezcan las responsabilidades de quienes estuvieron detrás de esa estrategia de terror. Encontrar los restos óseos es un paso, el otro es juzgar a aquellos que permitieron tanta impunidad.
 
Juan Diego Restrepo
(*) Periodista y docente universitario
En Twitter: jdrestrepoe
Opinión
Semana
29 de julio de 2015