Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Entre el 2010 y el 2014 Colombia exportó 310 toneladas de oro. OjoPúblico determinó que más del 70% de este volumen tuvo como destino compañías de EE.UU., principalmente Republic Metals Corporation y el grupo Metalor. El gobierno reconoce que solo el 17% de toda la producción proviene de zonas autorizadas, el resto es informal, y en varios casos su explotación está asociada a áreas controladas por las FARC o bandas criminales. Medellín concentra el 93% de los despachos del oro al extranjero.

Un día, de tanto bucear en las profundidades del río Caquetá para extraer oro, W casi pierde la vida. Llevaba unos meses trabajando en una balsa minera, sumergiéndose hasta el fondo para instalar una potente manguera que succiona y remueve la arena del río, cuando el tanque de oxígeno se dañó: “Creí que iba morir”. W tiene 17 años, es de la etnia yucuna y su padre lo prepara para ser un maestro Chamán. “Esto no es de oro, es solo bañada, de aquí el oro se lo llevan todo”, dice sobre la cadena dorada que lleva en el cuello y que le recuerda el día que el miedo lo sacó de la minería. W no sabe a dónde va el oro que alguna vez ayudó a extraer del río, pero como otros indígenas de la comunidad de Villa Azul que trabajan en las balsas, asegura que este acaba en Medellín y Bogotá.

Villa Azul forma parte de la reserva indígena Nonuya  ubicada en el departamento de Amazonas, a orillas del río Caquetá. Todo el oro extraído en esta zona es ilegal. No hay concesiones ni áreas con títulos mineros. Es una región de difícil acceso y controlada por uno de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una de las primeras cosas que le advierten a uno al llegar aquí, luego de navegar tres horas desde el aeropuerto de Araracuara, es qué sí y qué no se puede hacer y filmar. La inseguridad y la incertidumbre definen el plan de de viaje hacia los alrededores del Caquetá: los vuelos están en manos del clima y de una única empresa aérea de carga que parte desde Bogotá o de la ciudad de Villavicencio, a tres horas de la capital colombiana.

Orillas del Caquetá. En la reserva Nonuya habitan indígenas muinane, matapi, nonuyas y yucunas. Crédito: Audrey Córdova / SPDA

Las FARC y las organizaciones paramilitares que ahora son denominadas Bacrim (bandas criminales) pasaron de cobrar cupos o ‘vacunas’ a ser comercializadores de oro. La policía reconoce que el mineral es uno de los temas centrales en la logística del grupo armado, principalmente en zonas como Amazonas, el Cauca, Chocó o Antioquía. Hace más de 10 años que los reportes oficiales reconocen que la extracción de oro es el negocio más importante de los grupos alzados en armas, después del narcotráfico; sin embargo, el oro ilegal continúa ingresando al mercado local para su comercialización y exportación. Las cifras oficiales de la Dirección de aduanas de Colombia (DIAN) y la Agencia Nacional de Minería no dejan espacio a la duda: el 82% del total de unidades productoras de oro en Colombia no tienen título minero y la producción de zonas autorizadas representa apenas al 17% del total.

En Villa Azul, a los extraños no se les habla de ‘la guerrilla’, pero todos notan su presencia. Surcan el río, participan en reuniones, intervienen a desconocidos, cobran ‘vacunas’ a las balsas y ellos mismos han comenzado a extraer el metal. Nada se hace en esta frontera de la Amazonía colombiana sin que ellos no lo sepan.

LAS ENORMES CIFRAS DE LA MINERÍA INFORMAL

El gobierno de Colombia reconoce que gran parte del oro que se produce en el país procede de zonas no autorizadas. Durante los últimos 5 años, este país exportó 310,3 toneladas del mineral y el 72% tuvo como destino compañías de EE.UU., principalmente la norteamericana Republic Metals Corporation (40%) y el grupo Metalor (23%), la compañía suiza con 17 filiales en el mundo, entre ellas EE.UU, ambas integrantes de la prestigiosa London Bullion Market Association (LBMA), organización que fija el precio referencial del oro. Ambas empresas compraron en este tiempo 196,5 toneladas de oro.
 

El aumento del valor del mineral en la última década incrementó la producción del oro, pero no su legalidad. El 83% del metal proviene de zonas no autorizadas, sobre todo de Antioquia, Chocó, Nariño, Bolivar, el Cauca y en menor medida de Amazonas y Caquetá. Cada año Colombia produciría alrededor de 50 toneladas de oro informal. El metal extraído coincide en un espacio común: Medellín, capital de Antioquía y ciudad convulsionada por el narcotráfico en los 90, desde donde sale vía aérea el 93% del cargamento del oro de todo Colombia.

OjoPúblico identificó que entre el 2010 y el 2014, las principales exportadoras de oro en Colombia fueron las compañías: Comercializadora Internacional J. Gutiérrez, CI Metales Hermanos, Goldex S.A., Mineros S.A., CI de Metales Preciosos de Colombia, Sociedad Comercializadora Internacional S & JIL, SCI Antioqueña de Exportación, CIIGSA, CI Fundición Escobar, SCI del Nordeste Anti y CI Giraldo & Duque. Estas empresas de capitales colombianos concentraron el 92% de los envíos de oro al extranjero en los últimos cinco años. Todas -a excepción de Giraldo & Duque, que exporta desde Cali (en el Valle del Cauca) y exclusivamente a Republic Metals- se encuentran en la ciudad de Medellín.

Uno de los casos que resume la penetración de la ilegalidad en el comercio de oro en Colombia, es el de Goldex S.A, acusada por las autoridades colombianas de lavar alrededor de un millón de dólares de actividades ilegales. La compañía fue una las tres mayores exportadores de oro del país y su propietario, Jhon Hernández Santa, actualmente está preso y enfrenta cargos por blanqueo de activos y financiamiento del terrorismo. La compañía, entre otros mecanismos ilícitos, justificaba la compra de oro con documentos de proveedores que en la práctica no existían. Entre el 2010 y el 2014 Goldex exportó más de 30 toneladas de oro; de estas, 29,8 fueron enviados a los EE.UU., principalmente a las empresas Republic Metals Corporation y el grupo Metalor.

 Goldex continuó enviando despachos durante el 2014 a India y Turquía

En un comunicado Metalor sostuvo que “decidió detener sus negocios [con Goldex] tan pronto como la primera información negativa sobre esta compañía apareció en los medios de comunicación”. La noticia inicial de la investigación fiscal contra la empresa ubicada en Medellín apareció en setiembre del 2013, pero Goldex continuó enviando despachos a la empresa de origen suizo hasta el 13 de junio del 2014. Solo ese año, la empresa envió casi una tonelada de oro a Metalor. El último envío a Repúblic Metals Corporation fue en setiembre del 2013.

El avance de la investigación penal no detuvo las exportaciones de Goldex. Los meses siguientes los envíos continuaron hacia India y Turquía. Los datos de Aduanas revelan que envío 34 despachos a las empresas Shirpur Gold Refinery, Istanbul Altin Rafinerisi y Ons Kiymetli Madenler.

Las autoridades colombianas señalan que las investigaciones podrían alcanzar a otras empresas exportadoras, pero mientras, la destrucción ocasionada por la minería ilegal y la incorporación de este oro en la cadena de exportación continúa. El informe del PNUD sobre ambiente señala que solo el 11% de la producción de oro en Colombia tiene la trazabilidad completa.

Otro de los problemas que revela el cruce de la base de datos de Aduanas y las cifras del sistema de información minero de Colombia es la diferencia de cantidades entre la producción oficial de oro y lo exportado. En los últimos 5 años el gobierno registró una producción de 289 toneladas de mineral, pero se exportaron 310 toneladas. Entre el 2010 y el 2012 se registraron las mayores diferencias de volúmenes: casi 10 toneladas por año.

TERRITORIOS TOMADOS

La extracción ilegal de oro avanza en territorios dominados por las FARC e inaccesibles para el Estado. “La guerrilla anda por ahí, pero con nosotros no se mete”, dice Adriano Paqui, líder indígena de la comunidad Villa Azul, en la reserva Nonuya del río Caquetá, mientras envuelve y mete a su boca una bola de mambe, una mezcla de harina de hoja de coca y ceniza que los muinane usan tradicionalmente. Lo dice con la resignación que la convivencia con la violencia y el aislamiento geográfico le ha dado. La reserva indígena -habitada por indígenas muinane, matapi, nonuyas y yucunas- se encuentra entre los departamentos de Amazonas y Caquetá, cerca a la frontera con Ecuador y Perú.

Rio Caquetá. Sobre este río han llegado a colocarse alrededor de 70 dragas mineras. Crédito: Nelly Luna Amancio / Ojo-publico.com

Con la fiebre del oro la minería aurífera que se concentraba en Antioquia, se expandió a otros departamentos, como el Chocó, que incrementó su producción en los últimos años, generando la destrucción de ríos y bosques. El oro, sin embargo, como sucede con todas las demás zonas de producción minera en Sudamérica, no mejoró la calidad de vida de las regiones. Los indicadores de pobreza son más elevados en las regiones mineras que en otros municipios: la pobreza afecta al 74% de sus habitantes, concluye un informe de la Contraloría de Colombia. En Villa Azul, por ejemplo, cada vez es más difícil encontrar peces en los ríos y la dieta se basa en carbohidratos.

EL IMPACTO DE LA DEMANDA DEL ORO

Las distancias geográficas son también de oportunidades para la población indígena que habita en el río Caquetá. “[La minería ilegal] ha traído impactos. El dinero que la gente consigue lo está invirtiendo mal y pues hay mucho desbarate de hogares, robos y muchas otras cosas que están ocurriendo a causa de eso. Lo que antes no ocurría, ahorita pasa”, dice Adriano Paqui, quien no llega a entender los efectos en la salud del mercurio, uno de los insumos químicos más utilizados para la producción del oro.

– ¿No saben que el río está contaminado?

– … Pero qué podemos hacer cuando toca comer el pescado así.

La Fiscalía de Colombia tiene más de mil investigaciones por minería ilegal. Se estima que esta actividad ha deforestado alrededor de 310 hectáreas de bosques por año entre 1990 y el 2010 y que anualmente se libera en el ambiente 130 toneladas de mercurio.

La historia de W no es un hecho aislado. El aislamiento geográfico y la necesidad hacen que muchos jóvenes se dediquen a la extracción de oro. El hermano de Adriano, Avelino reconoce que al inicio las comunidades “permitieron [el ingreso] de mineros, para conseguir dinero y comprar lo necesario, y para los estudios de nuestros hijos. Pero por el lado negativo, para nuestros hijos sí hubo un impacto muy grande. Apenas entraron a trabajar les entró la ambición y dejaron de interesarse en lo cultural… los jóvenes se metieron a los vicios del alcohol y a los robos… Eso para mí fue un impacto muy grande, particularmente por mis hijos”.

Las comunidades indígenas del Caquetá se organizan en clanes. Adriano Paqui pertenece al clan coco y es uno de los últimos de su estirpe. Su historia, como la de la mayoría de pueblos indígenas de la Amazonía, es una mezcla de violencia, persecución y pérdida de territorios. El 70% de la explotación del oro en Colombia se encuentra en tierras indígenas. “Somos los sobrantes del clan coco, por eso me daría mucha pena perder mis costumbres, pero a los más jóvenes les importa más el dinero ahora”, dice Adriano. El líder muinane ignora las crecientes cantidades de oro que su país exportó en los últimos 5 años. No sabe de cifras, pero reconoce la arena fina del río donde este se encuentra. “Mira, ve, aquí hay oro”, dice mostrando los restos de una de las dragas bombardeadas por los militares hace unos meses. El gobierno persigue la minería ilegal del Caquetá, pero el comercio y exportación de oro ilegal continúa desde otras regiones.

 
por Nelly Luna Amancio en Investigación ~ Lunes, 17 Ago 2015

FOTO DE PORTADA: Departamento del Chocó, área de explotación ilegal de oro: Créditos: MVAT / Gobierno de Colombia

fuente: http://www.ojo-publico.com/87/de-medellin-estados-unidos-la-ruta-del-oro-en-colombia