El homicidio fue cometido el pasado 14 de octubre en el departamento del Cauca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del líder indígena y comunicador colombiano Rodolfo Maya Aricape, de 34 años, y pidió al Gobierno colombiano que investigue el caso y sancione a los responsables.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió al Gobierno que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada“.
La Relatoría Especial para la Libertad de la CIDH condenó en un comunicado el asesinato perpetrado el pasado 14 de octubre en la zona de López Adentro, en el departamento del Cauca, en Colombia.
Maya Aricape, que era secretario del Cabildo Indígena de López Adentro, se encontraba en su casa junto a su esposa y sus dos hijas cuando dos hombres armados le dispararon.
El joven era corresponsal de la radio comunitaria Pa?yumat, del proyecto Tejido de Comunicación y era conocido por manifestarse de manera firme en contra de todos los grupos armados, que operan en los territorios indígenas.
Según fue informada la Relatoría Especial, Maya Aricape informaba diariamente por la radio Payumat sobre los acontecimientos de su comunidad y también grababa en vídeo las actividades de las organizaciones indígenas de la zona.
El trabajo del Tejido de Comunicación, al que Maya Aricape dedicó esfuerzo, ganó el Premio Bartolomé de las Casas, que fue entregado el pasado septiembre en la capital española.
La Relatoría Especial subraya que cualquier perjuicio a los comunicadores o a los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
“El crimen de un comunicador indígena tiene efectos especialmente graves sobre sus poblaciones, dada la situación de mayor vulnerabilidad en que suelen encontrarse los pueblos indígenas en contextos de conflicto armado”, advierte el organismo.
Por eso subraya que el Estado colombiano “debe adoptar políticas especiales de prevención y protección así como investigar el crimen cometido, sancionar a los responsables y reparar a la comunidad por el daño causado”.
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