El pasado lunes, en el marco de la conmemoración del día de la Pachamama, diversas organizaciones nucleadas en la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas” se congregaron en las puertas del Ministerio de Agroindustria de la Nación para denunciar el trato silencioso de la inminente reforma de la “Ley de semillas y creaciones fitogenéticas” (Ley Nacional Nº 20.247).
Desde la Multisectorial convocaron a esta actividad “convencidos de que un proyecto de ley que se discute a puertas cerradas con los representantes de las grandes corporaciones y los ganadores del agronegocio, dejando a las mayorías por fuera, es un proyecto de ley que busca perpetuar la ganancia de unos pocos y las penurias de muchos”.
Entre las múltiples organizaciones que vienen participando de la Multisectorial, se encuentra el Movimiento Nacional Campesino e Indígena -MNCI-. Marisol Aguirre, referente de esa organización sostuvo que “esta modificación de la ley es otra forma de avanzar contra los territorios campesinos e indígenas. Lo que está pasando nuevamente es que estamos viviendo una etapa de nuevo de resistencia y de lucha, y que es como un desalojo silencioso”. “Así como nos desalojan con las fumigaciones y con los agrotóxicos, empezar a tocarnos nuestras semillas es empezar a desalojar silenciosamente a nuestras comunidades”, agregó. También afirmaron desde el MNCI que “es una ley que atenta contra la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y por lo tanto afecta a las ciudades”.
Por otro lado Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad-GRAIN, celebró el hecho de poder confluir todas las iniciativas que hace más de cinco años vienen oponiéndose a la modificación de dicha ley. “Los argumentos para oponernos nos los dio el mismo ministro Buryaile cuando anunció el proyecto de ley junto al vicepresidente de Monsanto en América Latina y para complacencia de la Asociación de Semilleros de la Argentina y de la Sociedad Rural. Es un proyecto para el agronegocio, para continuar con la privatización de la semilla”, afirmó. Además, Vicente sostuvo que tanto el proyecto presentado por el massismo (diputado Alegre), como el que pueda presentar el macrismo, va a penalizar el uso propio de la semilla, “pudiendo ocurrir como ya ha sucedido en diferentes lugares del mundo, que algún campesino termine preso por guardar semillas”.
Desde Patria Grande, Tamara Perelmuter sostuvo que “de acá en adelante, seguiremos realizando acciones para visibilizar y denunciar el ocultamiento de esta iniciativa y estaremos atentos a la entrada del proyecto en el Congreso Nacional con el objetivo de bloquear la sanción de la ley”.
En este marco, se conoció también la noticia del posible desmantelamiento de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Según informó el portal cordobés La Tinta, “empleados de la firma Astori Estructuras se presentaron en el predio para retirar los perfiles que aún quedan en el terreno para trasladarlos a la localidad de Rojas (Buenos Aires), donde la multinacional tiene instalada otra planta”. Esto podría significar un triunfo para el pueblo de Malvinas Argentinas que lucha contra la instalación de esa fábrica, pero también podría ser parte de la estrategia de la multinacional para presionar por la modificación de la ley, amenazando al gobierno (que solo ve posible el desarrollo con inversiones extranjeras) con su retirada.
En 1996, según expertos de manera solapada y antidemocrática, se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en los campos argentinos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin discusión parlamentaria ni legislación que la avalara más que una disposición de la Secretaría de Agricultura se creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria -Conabia- que a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a la secretaría sobre la aprobación del ingreso de semillas modificadas genéticamente.
Por: Notas Periodismo Popular*.
Fuente: Colombia Informa
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