La Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Maria Stella Jara, ha dictado sentencia en el proceso por que se adelanta por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortes, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo De Arias, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola De Lanao, durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 d enoviembre de 1985, disponiendo condenarlo a la pena de 30 años de prisión.
Con esta decisión la Justicia de Colombia ha enviado un mensaje inequívoco, señalaron los abogados Jorge Molano y Germán Romero: “La administración de justicia ha sentenciado que así no se defiende la democracia, maestro. La democracia no se defiende torturando, desapareciendo, ni asesinando”.
Han indicado a su vez los apoderados de la parte civil Germán Romero y Jorge Molano que “las persecuciones, hostigamientos, amenazas y procesamientos injustificados de que han sido objeto la Juez María Stella Jara y la Fiscal Ángela María Buitrago, así como las persecuciones a los familiares de las víctimas y sus representantes, entre ellos el abogado José Eduardo Umaña Mendoza, quien durante 13 años represento a las víctimas y fue asesinado el 18 de abril de 1998, señalan un resquebrajamiento del Estado de Derecho y la ausencia de garantías para el funcionamiento independiente e imparcial de la administración de justicia en Colombia”.
Teniendo de presente esta decisión, así como los recientes dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, han anunciado que “solicitaran y darán inicio a las acciones legales, tendientes a verificar el traslado a la Penitenciaria Nacional La Picota de Luís Alfonso Plazas Vega, pues es claro conforme a la Convención Interamericana, que los responsables de este crimen de lesa humanidad, no pueden recibir ningún tipo de beneficio”.
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