COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Un día después que el presidente Álvaro Uribe Vélez anunciara la necesidad de promover una legislación que blinde a los miembros de las fuerzas militares, la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Popayán, María del Rosario Penagos Paz, decidió condenar a seis de los siete militares implicados en el asesinato de nuestro comunero Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcue.
Es necesario precisar, que en últimas los soldados hijos de los más humildes del país son quienes se exponen obedeciendo las ordenes de sus superiores, igualmente invitarlos a reflexionar sobre la responsabilidad que están asumiendo pues quienes los obligan a atacar la población civil y cometer este tipo de crímenes siempre se ocultan o se protegen en el manto del poder.
Así mismo agradecemos la actuación oportuna del las autoridades y la guardia indígenas del cauca, quienes identificaron los responsables del crimen y contribuyeron a las pruebas contundentes en el proceso de investigación de la fiscalía y a todos aquellos que acompañaron de manera permanente e incondicional el desarrollo de esta audiencia, en particular a la guardia indígena, autoridades indígenas, las organizaciones sociales, las mujeres, jóvenes y mayores, a los organismos de DDHH, ONGS, medios de comunicación comunitaria entre otros, a la comunidad internacional y demás organizaciones que contribuyeron en la exigencia de la justicia y respeto a la vida digna el cual a la fecha abre el camino para que crímenes de este tipo cometidos por el Estado colombiano, a través del Ejército, no queden en la impunidad.
Es hora entonces de seguir unidos a pesar de las diferentes estrategias que ha utilizado el gobierno colombiano para desestabilizarnos. Por ello el cabildo Pickwe Tha Fxiw invita a la unidad para continuar perviviendo como pueblos para que conjuntamente rechacemos las políticas que violan los Derechos Humanos y los derechos fundamentales que ponen en riesgo nuestra existencia.
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