Los usuarios del acueducto de la vereda Las Colinas, así como la totalidad de los acueductos veredales en el Huila, incluyen en su recibo mensual el pago de la llamada tasa retributiva que cobra la Corporación del Alto Magdalena, no porque dicha institución haya contribuido con la construcción del acueducto o porque este invirtiendo en la conservación de la cuenca o ejerza una protección efectiva sobre la misma, es uno de esos privilegios que la potestad del estado ofrece a un organismo para percibir ingresos sobre el supuesto, pocas veces asumido, de atender una responsabilidad inherente a él.
En estos días que se aproximan las fiestas de San Juan es inevitable pensar en el agua pues el Bautista nos recordará siempre el poder purificador del preciado líquido y su valor de uso en la sociedad, más ahora que prima su valor de cambio y se convirtió en un elemento apetecido por los inversionistas especialmente extranjeros. Ya han venido entregándose en concesión algunos acueductos de pobladas ciudades del país y se ha diseñado una hábil estrategia que apunta a la progresiva privatización de todos los acueductos urbanos a través de los denominados Planes Departamentales de Agua.
Mientras en Paris, en enero del presente año, se volvió a tomar el acueducto de la ciudad como un bien público y liquidó 25 años de manejo de tres operadores privados porque la experiencia vivida les probó que en un área tan sensible para la humanidad, el ánimo de lucro es incompatible con la equidad, la eficiencia y la eficacia, aquí la política gira alrededor de los PDA como mencionamos arriba, que concentra todos los recursos de transferencias y del presupuesto de los Departamentos y Municipios en un ente que tiene el privilegio de contratar por fuera de las normas de contratación pública, somete a los territorios a un tortuoso proceso de trámite de sus proyectos a través de lo que ya se han dado en llamar la ventanilla siniestra porque nunca se sabe que final tienen los proyectos, pero sirve de excusa “técnica” para aplazar indefinidamente la solución a las necesidades de agua potable y saneamiento básico de los municipios y centros poblados.
Al contrario de las continuas alzas de tarifas en las ciudades colombianas, en la ciudad luz la decisión vino acompañada del anuncio del congelamiento de las tarifas por cinco años, pues los aumentos que los operadores privados hicieron en los años de concesión desbordaron con creces el valor real del servicio y las inversiones realizadas no justificaron las mismas. Al final se comprende que el propósito de la operación centralizada de los acueductos municipales a través del PDA, además de entregar gigantescos recursos en manos de la politiquería regional, persigue ofrecer condiciones atractivas para los inversionistas privados quienes mediante el manejo monopólico de una infraestructura construida con el sudor de los usuarios y el erario público durante muchos años, podrán lucrarse de la necesidad de este líquido vital. En el caso del Huila la Contraloría Departamental ya ha alertado sobre el despilfarro de estos sagrados dineros, el contrato para adelantar los estudios y diseños que provean los proyectos que se deben presentar para hacer cola por recursos aún no culmina a pesar del tiempo transcurrido y que los mandatarios locales comprometieron vigencias futuras sin disponer de diseños. Marlo Mora y sus vecinos en Las Colinas aún no se percatan de los costos que tendrá la prestación del servicio en el futuro cuando les pasen la cuenta de cobro de las facturas que cancela el PDA a los consultores, los cuales tienen dentro de su misión colaborar en el afinamiento de las condiciones para convertirlos en una inversión atractiva.
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