La Conclusión fue que los Movimientos sociales dejaron de serlo para dar vida a la organización social; en el caso del Norte del Cauca a un proceso de resistencia, el cual tiene hoy incidencia nacional y a nivel internacional. No obstante el camino de la organización social hoy es complejo y relativamente lleno de retos y en algunos casos oportunidades.
Las Políticas sociales un escenario complejo para sus actores
¿Qué pasó con los movimientos sociales?, fue la pregunta que se planteó para el Taller América Latina: contrainsurgencia y pobreza, realizado por Ediciones Desde Abajo, y que fue escenario de discusión a partir del Libro (del mismo nombre) del autor uruguayo Raúl Zibechi. El Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida ACIN fue invitado al Taller realizado del 30 de junio al primero de este mes.
La Conclusión fue que los Movimientos sociales dejaron de serlo para dar vida a la organización social; en el caso del Norte del Cauca a un proceso de resistencia, el cual tiene hoy incidencia nacional y a nivel internacional. No obstante el camino de la organización social hoy es complejo y relativamente lleno de retos y en algunos casos oportunidades.
También se analizó cómo las Políticas Sociales (diseñadas por la Banca Mundial) que implementan los Estados hacia sectores sociales, valga la redundancia, y poblaciones vulnerables no están pensadas para resolver problemas estructurales; son asistencialistas y pretenden cooptar y acallar cualquier proceso reivindicativo y/o de oposición a dichas políticas y a los Estados impulsores de ellas. La pregunta inicial invita a reflexionar a partir de la experiencia de los procesos de organización obrera, particularmente en países del Cono Sur, y poner sobre la mesa lecciones que aporten al presente; “un debate necesario y vital para cualquier experiencia organizativa y su fortalecimiento”, según Desde Abajo.
Raúl Zibechi es editor internacional de Brecha, en Uruguay, colaborador de La Jornada de México y los periódicos Le Monde Diplomatique en Colombia y Desde Abajo. Ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 2003. Acompañante y colaborador de movimientos sociales, barriales y medios de comunicación alternativos del continente, entre ellos nuestro proceso como Tejido de Comunicación. Entre sus obras se encuentran: Genealogía de una revuelta, 2003, Dispersar el poder, 2006, América Latina: periferias urbanas, territorios en resistencia, 2008, y su última publicación ya mencionada.
Políticas Sociales Asistencialistas
En menos de un cuarto de siglo dio un vuelco total -en teoría, por supuesto no en la práctica- la forma en que los Estados miran los procesos de organización social, oposición y sus procesos de reivindicación y movilización; antes renuentes y dictatoriales, hoy la consideran beneficiosa y hasta la promueven. Así lo indicó el escritor Zibechi, pero advirtió que esto tiene muchas aristas, no podría considerare de ninguna manera la luna de miel entre Estado gobernante y los sectores sociales, al contrario, la brecha ahonda y distancia más la posibilidad de igualdad y justicia para la población mayoritaria. Para tratar de entender lo anterior, el Tejido de Comunicación ofrece una breve síntesis de la magistral conferencia, dictada por Zibechi y contextualizada por experiencias de activistas sociales e intelectuales de Bolivia y México.
Antes de concluir el siglo pasado (luego de la derrota de Estados Unidos en Vietnam) distintos sectores sociales, humanistas y algunas academias viraron sus estudios y análisis: ya no fue el fenómeno de la pobreza el objeto de análisis, sería en adelante los ricos y si a mucho se mencionaba como los procesos de resistencia en que los pobres los enfrentaban.
Una vez el rico -en muchos casos archimillonarios terrateniente, hacendado o gran empresario- ocupó el centro de la esfera, la Banca Mundial que les representa no podía ser distante de ello. Sus publicaciones en fenómenos de pobreza versus riqueza son las más consultadas, esto convirtió al pobre y la pobreza en un hito que dio lugar a que los Estados se comprometieran a erradicarla. En esta medida se crean los Objetivos del Milenio y se estandarizan las políticas sociales. Lo que sucedió fue la erradicación de la posibilidad de que el pobre dejara de serlo y se convirtiera en objeto de dichas políticas asistencialistas. “Fue una jugada maestra”, por supuesto, para beneficio de los más ricos y en detrimento de los derechos de los más pobres. Estas políticas como ya dijimos constan de dos fases a saber:
Políticas de Primera Generación. Están dirigidas a una población (10 o 20%) focalizada: la familia, otras características es que son compensatorias: compensar la pobreza, son centralizadas las ejecutan los municipios, y la principal son asistencialistas: entrega de alimentos, transferencia de ingresos, subsidios. Si bien algunas de estas políticas estaban orientadas a la capacitación, sus carencias o problemas fueron más visibles: consistieron en separar lo económico de lo social, no tenían un enfoque integral, ni diferencial, no estaban orientadas a resolver problemas estructurales, ni a mejorar los ingresos de las poblaciones vulnerables y profundizaron la visión individualista neoliberal. Durante el periodo de aplicación de esta política no hubo espacio para disentir; las movilizaciones y reclamos eran reprimidas y judicializadas. Cabe destacar que para diseñar estas políticas (que abarcaron años 70 y 80 del siglo pasado) participaron algunos dirigentes de movimientos sociales; algunos cooptados, otros por distintas circunstancias, incluso por afinidad.
Políticas de Segunda Generación. Las principales características de la segunda fase fueron: promover no la pasividad sino la actividad de la gente; mejorar los niveles de ingresos; su énfasis fue el análisis de los vínculos, conflictivos y cooperativos que se establecieron en la crisis entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales -especialmente aquellas surgidas en la protesta social de los 90- y; la principal, ya el énfasis no está puesto en la familia sino en el territorio. No obstante no dejó de ser asistencialista y provocó una ruptura entre movimiento social para convertirlo ahora en organización que tendría que pensar en proyectos como base para subsistir; los pobres podrían generar con apoyo estatal (subsidios, créditos “blandos”, capacitación y asesoría técnica) iniciativas productivas que les brinden ingresos que se complementan con amplias redes de contención.
Esta políticas buscaban construir entre sociedad y Estado, un subsistema crecientemente orgánico de economía social y solidaria, interrelacionado pero con autonomía relativa respecto a la economía de las empresas de capital y a la economía pública. Zibechi explicó que las nuevas políticas sociales ya no son intervenciones verticales dirigidas a sujetos pasivos, “son democráticamente consensuadas en espacios institucionalizados, donde técnicos del Estado y representantes de las organizaciones sociales dialoguen, ‘acuerden’ y ‘hagan’ juntos”. Estas Políticas de segunda generación son las que rigen y se aplican hoy.
A modo de conclusiones, caso Colombia
Para hacer efectiva la estrategia de control territorial (por ello está puesto el énfasis en el territorio), el Gobierno colombiano pretende -el caso de Colombia específicamente-, y ¡de que manera!, consolidar la Política de Seguridad Democrática, primero con la aplicación de la Doctrina de Atención Integral , DAI. Nace en el actual gobierno a través del Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI, del Ministerio de Defensa; se trata de hacer efectiva la premisa de enfoque interagencial planteado por y desde el Comando Sur estadounidense. La DAI está contenida básicamente en nueve premisas, una de ellas señala que la “Unidad de esfuerzo y la coordinación interagencial, particularmente entre unidades militares y agencias civiles, es la clave de la consolidación del control territorial”. Otra habla que “La acción social (política social) es la que en definitiva creará las condiciones de estabilidad para la consolidación del control territorial”. Zibechi explicó que ésta es la zona más “dura” y es la represión militar (recuérdese el discurso Uribe: “no hay territorio vedado para la Fuerza Pública”). Por años y en muchas regiones del país la única presencia institucional fue militar, lo cual responde al objetivo central del Gobierno Uribe: la “seguridad”. (Ver Premisas DAI)
La otra estrategia es el “Salto Estratégico”, contenido en la Directiva Presidencial 01 de marzo de 2009, con vigencia hasta el próximo 7 de agosto, que busca controlar aquellas zonas aun carentes de presencia militar y dar el “Salto definitivo” para consolidar el control territorial en “todo el territorio nacional”. Lo cual, visto a la luz del contexto colombiano, es la involucración de la sociedad civil en el conflicto y el desmesurado afán uribista de “afianzar” su “gallinita y sus tres huevos de oro”: seguridad, inversión extranjera y política de cohesión social. Claro está que para ello se enrostra la Constitución, el Estado Social de Derecho y las normas del Derecho Internacional; el fin justifica los medios.
El otro aspecto es la aprobación y reprobación, al mismo tiempo de la organización social, por un lado se genera “consenso” en el diseño de las políticas o programas y se vinculan destacados dirigentes sociales a la administración del Estado, cooptándolos o alienándolos, y de otra parte se genera divisiones en las mismas organizaciones y comunidades mediante el llamado “banquete” de proyectos en los cuales o se participa de ellos o se queda fuera de toda posibilidad de subsistir. En Colombia abundan ejemplos de ello, siendo el más sonado y de moda hoy los “Angelinos”. El peligro consiste, explica Raúl, en que una vez se dispone del dirigente social para generar políticas sociales, éste transfiere el amplio conocimiento, adquirido durante años, de sus comunidades y de su organización al Estado, que codifica estos saberes expropiados a las comunidades; luego se limitan las posibilidades de resistencia y exigencia.
La pregunta es ¿vale la pena sacrificar los saberes de las bases por un mendrugo de la administración? No se trata obviamente de satanizar la participación, vinculación o diálogo con el Estado, es más, es una buena oportunidad para propiciar mejores condiciones de vida. Se trata, pues de conocer los mecanismos o el modelo a hacer frente o a trabajar con él. Las organizaciones sociales que hoy quieren fortalecer sus procesos tienen el contexto que les brinda la posibilidad de diferir, pero afrontan el reto y el dilema de decidir: ¿participar, hacer oposición o conciliar entre estas dos posibilidades?
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