El corregimiento La Toma ubicado a escasos kilómetros del municipio de Suárez, Cauca, es una población que vive de la explotación artesanal de la minería. Allí trabajan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que día tras día trituran rocas para encontrar el poco oro que les sirva para su sustento. Hay quienes pasan más de 10 horas haciendo estas actividades en la humedad de los socavones, mientras otros bajo el sol lavan el oro con sus bateas de madera.

 

Los trabajadores mineros de La Toma, al igual que millones de colombianos, buscan su sustento en el trabajo informal, con mínimas condiciones laborales y sin opciones de seguridad social. Esto se debe a que el gobierno no está generando trabajo para los sectores desprotegidos y menos para las personas del campo. Al contrario, lo que está haciendo es acabar con las oportunidades laborales de los trabajadores para darle relevancia al capital transnacional.

Pero La Toma es un lugar que ha cobrado una relevancia particular en los medios masivos gracias a la presencia de empresas mineras que quieren explotar las riquezas naturales existentes en su territorio y despojar a las familias que allí habitan. Esta comunidad, en donde viven cerca de ocho mil afrodescendientes, está siendo victima de amenazas, asesinatos, masacres y desplazamiento forzado por parte de actores armados que le están abriendo camino a la instalación de megaproyectos que buscan la extracción de recursos.

Sin duda alguna el gobierno es cómplice de la barbarie cometida contra esta comunidad porque descaradamente promueve la llamada confianza inversionista, que no es más que la entrega de la soberanía nacional a través de tierras, recursos y mano de obra barata. También por implementar leyes que van en contra de los pueblos, las cuales facilitan el despojo de sus territorios ancestrales.

Todo indica que los años venideros continuarán con estas mismas políticas. Con el robo descarado de los territorios para que un puñado de codiciosos implemente sus proyectos. Con el sometimiento ideológico y físico de la gente para que embrutecida mate y se deje matar en nombre de una falsa democracia. Con el exterminio de los derechos fundamentales como salud y educación para convertirlos aún más en negocios rentables a costa de la vida de la gente. Con el copamiento militar que justifica la pérdida de la libertad de los pueblos y de la soberanía de la nación.

Por eso, debemos ser concientes de esta realidad. El robo de nuestra soberanía sólo continuará hasta que la conciencia suficiente nos permita detenerla. Si la codicia está organizada y trabajando unida con un propósito común, es deber de la conciencia hacer lo mismo. Todos juntos de acuerdo a cada realidad particular a proponer estrategias para defender la vida.

Es nuestro deber no dejar solos a los habitantes de La Toma. Tampoco a los de San José de Apartadó ni a los de Zaragoza. Todos nos necesitamos, indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, afrodescendientes. Debemos unirnos de una vez por todas para que seamos nosotros quienes construyamos nuestro propio camino. Que el terror que nos agrede y el que está por venir sea enfrentado y derrotado por la conciencia organizada de los pueblos que creemos que es posible vivir con dignidad.