Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Actualmente, miles de ciudadanos y ciudadanas de Medellín, viven bajo el miedo y la zozobra y son conminados a desarrollar su vida, bajo las condiciones del poder autoritario que les imparten organizaciones paramilitares e ilegales.

Las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y universitarias abajo firmantes, manifestamos:

Actualmente, miles de ciudadanos y ciudadanas de Medellín, viven bajo el miedo y la zozobra y son conminados a desarrollar su vida, bajo las condiciones del poder autoritario que les imparten organizaciones paramilitares e ilegales.

Este contexto de agresión en contra de la población civil se caracteriza por la sistemática ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal, la violencia contra las niñas y las mujeres, las violaciones sexuales, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes al conflicto, la obligada deserción escolar, el confinamiento, las amenazas a la integridad personal, las restricciones a la libertad de circulación, la imposibilidad de vivir dignamente y en paz, entre otras.

Los grupos criminales han incrementado el copamiento del ámbito escolar, circunstancia, que ha victimizado de múltiples formas a niños, niñas y adolescentes. Una práctica similar se ha ejercido sobre las mujeres y hombres que lideran procesos organizativos y comunitarios, quienes constantemente son intimidados y hostigados, por evitar la instrumentalización de estos espacios. De la misma manera se ha incrementado el control de las actividades económicas afectando el sector de los transportadores y el comercio local.

Históricamente, un significativo número de Comunas ubicadas en la periferia de la ciudad, se han caracterizado por tener altos niveles de exclusión y marginalidad, situación que no ha sido superada por la ausencia de una intervención estatal oportuna y eficaz que se exprese en la protección de los derechos de sus habitantes. Este contexto estructural de carencias históricas se ve agravado por el cruce de múltiples dinámicas de violencia, en las que participan fuerzas estatales y paraestatales, grupos armados vinculados al conflicto político armado nacional, junto a organizaciones criminales que están dedicadas a diversas actividades delictivas.

Como consecuencia de lo anterior, los y las habitantes de estas comunidades han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente sobre los pobladores de las comunas 1, 2, 3, 6  8, y 13. Esta situación se ha agudizado en los últimos dos años debido al fracaso del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en la ciudad y la pugna por el control social y territorial que desarrollan estos grupos armados paraestatales, desmovilizados y narcotraficantes por la obtención del poder hegemónico de estas zonas.

Ante los factores estructurales de los múltiples conflictos que alimentan la violencia en la ciudad, ante las acciones de ostentación de fuerza desarrolladas en las dos últimas semanas por los actores armados ilegales en la Comuna 13 y en las demás comunas de la ciudad que han causado el desplazamiento masivo de los habitantes de estas comunidades y la vulneración de sus derechos  y ante la intervención errada por la exclusiva vía de la militarización implementada en Medellín,

Exigimos:

1. Que el gobierno Nacional y Local reconozcan la existencia y agudización del conflicto armado en la ciudad de Medellín y el fracaso de las operaciones militares Mariscal y Orión por sus nocivos efectos en la situación de los derechos humanos de la ciudad, que permitieron la consolidación y expansión  del proyecto mafioso, paramilitar y criminal en la ciudad.

2. Que se implementen estrategias de intervención, programas y acciones institucionales con un enfoque no militarista que ataquen los factores de tipo estructural y coyuntural del conflicto.

3. Que se develen y judicialicen a los verdaderos poderes de las estructuras armadas ilegales que financian y promueven el conflicto del país a la vez que se combate el fenómeno de las bandas y se depura la Fuerza Pública que tenga relación con éstos.

4. Que las instituciones educativas de la ciudad de Medellín reciban un tratamiento especial por parte del gobierno local y un reconocimiento público como Territorios de Paz. Así mismo, que las medidas de prevención y protección para los niños, niñas y jóvenes sean eficaces y se definan rutas claras de atención que no se circunscriban exclusivamente al tratamiento penal.

5. Que se reconozca a los liderazgos sociales y comunitarios el destacado papel que desarrollan en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en la ciudad, se respalde y garantice la realización de sus actividades de acuerdo a la Directiva Nº.012 del 15 de julio de 2010 de la Procuraduría General de Nación.

Medellín, 3 de septiembre de 2010

Firman,

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA –ADIDA-

COMITÉ UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS GUSTAVO MARULANDA

CORPORACIÓN EN DERECHOS HUMANOS CONTRACORRIENTE

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

CORPORACIÓN MUJERES QUE CREAN

CORPORACIÓN NUEVA GENTE

CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS

CORPORACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOCIAL -CORPADES-

FUNDACIÓN SUMAPAZ

GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES

[ Autor: Red Juvenil]