Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Mientras la comunidad internacional y los politólogos colombianos están encantadísimos con el “aire fresco” que supuestamente dizque se respira en la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos ha prometido que su gobierno respetará los derechos humanos, el Estado colombiano secuestra, tortura y abusa sexualmente a niños en Arauca.

El día 14 de octubre, en el Municipio del Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.

Hasta la fecha, se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación. O sea, estamos hablando de un crímen monstruoso, premeditado, organizado por estas bestias uniformadas que se creen omnipotentes gracias la política belicista del gobierno colombiano, alimentado generosamente por los dólares de Estados Unidos y con asistencia de Israel y de la Unión Europea entre otros. Bestias que arrebatan a un padre lo más precioso que tiene, sus hijos, para darse ellos unos cuantos minutos de sádico y enfermo placer. Hay que ser claros: estos crímenes ocurren en el contexto de una política de guerra sucia, en la cual el Estado colombiano ha dado rienda suelta a toda clase de atrocidades para lograr “éxitos militares” y ha naturalizado así toda clase de agresiones contra el pueblo.

Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Podrá decirse en este caso la menor no fue asesinada, pero con la violación siempre se mata una parte de la humanidad de un ser humano, esa niña puede decirse que también ha sido asesinada pues jamás volverá a ser la misma. Donde quiera que se asienten las tropas del Ejército en las comunidades, se han registrado casos de violencia sexual, muchas veces contra menores de edad, de manera sistemática y generalizada. Estos casos son invisibilizados, en parte por el temor a la represalia o a la estigmatización social en caso de denuncia, en parte por una estrategia deliberada de silenciar la realidad del conflicto. Pero ahí está la realidad del conflicto colombiano, donde el Estado, pese a intentar presentarse como un actor neutral, como una “democracia asediada” por “violentos”, juega un rol fundamental y es el actor principal de la guerra sucia, sea mediante sus agente directos (fuerza pública) o mediante sus agentes indirectos (paramilitares). Dentro de esa guerra sucia, la violación es un arma de guerra más. También lo es el asesinato de menores.

¿Cómo olvidar el horror de San José de Apartadó, cuando en febrero de 2005 los paramilitares, con plena complicidad del Ejército Nacional (Brigada XVII), esos “héroes” exaltados día y noche por los violentólogos en los estudios televisivos, asesinaron a sangre fría a tres niños de 21 meses, 5 y 11 años, respectivamente?

¿Cómo olvidar masacres como El Salado, Mapiripán, Trujillo, entre cientos de otras masacres, donde el Ejército y los paramilitares actuaron de la mano, y en las cuales cuales miles de personas fueron asesinadas y violadas, entre ellas varios menores de edad?

¿Cómo olvidar los cientos de fosas comunes que aparecen día a día con menos de edad e incluso bebés, mutilados por machetes?

¿Cómo olvidar a los cerca de 3.000 “falsos positivos”, jóvenes que han sido secuestrados y asesinados a sangre fría por el Ejército, para luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combate, y así recibir prebendas y promociones?



Como gran cosa, el gobierno dice, por boca del Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que este crímen de lesa humanidad no será juzgado en cortes marciales sino civiles, porque “estos hechos no se pueden considerar actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser adelantada por la justicia ordinaria”… ¡hombre, qué alivio! Entonces el caso queda, en última instancia, en manos del Fiscal General Guillermo Mendoza y del Procurador Ordoñez, jueces de bolsillo del régimen que no han hecho nada sustantivo por los casos de los falsos positivos y que han garantizado el continuismo de la impunidad que, tras décadas de terrorismo de Estado, recubre al 98% de los crímenes graves contra los derechos humanos. El Procurador Ordoñez, el mismo que, sin ninguna prueba, ha destituído e inhabilitado a Piedad Córdoba, una de las pocas parlamentarias que aún se atrevían a salirle al paso a la política guerrerista del gobierno, mientras que absuelve o pide absolución para reconocidos parapolíticos como Ciro Ramírez, Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento, o a connotados violadores de derechos humanos como el Coronel (R) Plazas Vega. 



Por su parte, en una declaración completamente orwelliana, el vice-presidente Angelino Garzón ha declarado que si “están involucrados militares (…) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano”. O sea, lo más grave no es el asesinato, la violación, el secuestro, la desaparición, sino que el daño a (lo poco que queda de) presitigio del Estado colombiano. Lo único que importa es el Estado, que suplanta al ser humano, que está por encima de todo, que absorve y sofoca toda la vida social, que es ante el único que, a fin de cuentas, deberán rendir cuenta los militares.



Saldrán los de siempre, los rapsodistas del Estado terrorista, los encubridores de los crímenes perpetrados por las obscuras fuerzas del control social mediante la “estrategia de noche y niebla”, a decir que estos soldados son “manzanas podridas”, que no “representan los valores del Estado colombiano”. ¡Curiosamente, esta misma gente, cada vez que la insurgencia asesina a un civil, no se cuestionan si ese acto se ajustó a los valores o principios del movimiento guerrillero o si a lo mejor no son tal vez manzanas podridas en las filas rebeldes! Claro que no. En esos casos no hay espacio para la duda y se condena, sin más a la insurgencia. Pero cuando los actos terroristas son cometidos por el Estado, entonces ahí si se puede hacer toda clase de contorsiones argumentativas para justificar al Estado como una entidad inmaculada, más allá del bien y el mal, como una entidad metafísica definida por ciertos “valores” inherentes y no por su propia práctica.

Al Estado colombiano, a ningún Estado, no lo definen sus supuestos “valores” sino sus actos. Y acá hay que ser claros: el Estado colombiano es un Estado terrorista, que secuestra, desaparece, asesina, forma escuadrones de la muerte, desplaza, fumiga (envenena), bombardea, amenaza, acosa, espía, organiza arrestos masivos (pescas milagrosas del Estado), tortura.

Los soldados de la Octava División en el Tame, actuaron como agentes del Estado, fueron representantes del Estado, al igual que miles de otros soldados que, representando al Estado, participan de la guerra sucia y de toda clase de abusos sistemáticos contra la población civil. Estos soldaditos no son casos excepcionales, sino que la materialización, en carne y hueso, de una política contrainsurgente que ha naturalizado toda clase de violencia contra las personas. Esa es la cara del Estado que en amplias regiones rurales de Colombia se enfrenta día a día. Los soldados de Tame son el Estado colombiano.

El monstruoso crímen de Tame nos horroriza, pero sabemos que del Estado colombiano se puede esperar de todo, aún lo inimaginablemente espantoso, como lo ha demostrado lo poco que se sabe gracias a las versiones libres de los jefes paramilitares. 



Que lo sepan muy bien todos aquellos que andan con los cuentos chinos del “aire fresquitico”, con eso de que este gobierno “respeta los derechos humanos”. Que lo sepan muy bien: el Estado colombiano secuestra, asesina y viola a niños. Mal rayo nos parta si algún día olvidamos este crímen.