Ya son 10.084 los muertos sin identificar, de los que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha obtenido registros que fueron enviados desde alcaldías del país. Y la cifra es considerable en atención a que aún más de la mitad de los 1.103 municipios que tiene Colombia, no han enviado sus reportes sobre los N.N. enterrados en sus cementerios privados y públicos. Aunque el proyecto se ha desarrollado de manera relativamente exitosa y sin traumatismos, el mismo ente acusador ya comenzó a hacer reparos a iniciativas que se están adelantando de manera paralela, al parecer sin cumplir los parámetros técnicos y protocolos exigidos para este tipo de proyectos tanto en Colombia como en el exterior.
Hasta el momento el departamento que ha reportado el mayor número de estos casos es Antioquia, con 3.573, seguido de Meta, con 1.363; Santander, con 776, y Caldas, con 723. Para las autoridades esas cifras corresponden a una realidad histórica de presencia en esas regiones de grupos armados al margen de la ley como guerrilla, paramilitares o narcotraficantes. Sobre todo en las últimas dos décadas, cuando se escaló el conflicto por cuenta de los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales y los agentes del Estado; por la disputa de regiones por parte de los mismos ilegales; de atentados en contra de la población civil, o por la ejecución de asesinatos electivos.
Por municipios continúa encabezando la lista Mutatá (Antioquia), con 1.500, pero ahora el segundo lugar lo tiene El Carmen de Chucurí (Santander) con 515, desplazando a Granada (Meta), que reportó 510. A continuación se encuentra el municipio de La Macarena, Meta (objeto de una polémica por cuenta de la existencia de una supuesta fosa común con más de 2.000 cuerpos), con 464. San José del Guaviare reportó 389, Marsella (Risaralda) 383 y La Dorada (Caldas) 378. La primera de las grandes capitales que aparece en el censo es Barranquilla con 412 cuerpos sin identificar, Cali con 348 y luego está Medellín con 312. Curiosamente localidades que tuvieron significativas estadísticas de violencia en las últimas dos décadas, como Barrancabermeja (Santander), sólo reportaron 108 casos de N.N. Ver Censo Nacional de N.N. adelantado por la Fiscalía.
También ha sido evidente la falta de celeridad de algunos departamentos para enviar sus reportes. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con Córdoba, que luego de haber tenido presencia subversiva, sufrió una fuerte arremetida paramilitar cuyos ecos aún se sienten en esa región. Hasta ahora sólo se han recibido reportes de cinco municipios, cuyos registros suman 66 muertos sin identificación. Algo similar sucede con Sucre, donde la Fiscalía únicamente tiene información de siete municipios que suman 98 N.N.; Arauca, con dos localidades que reportan 37 cadáveres no identificados; Caquetá, con 6 municipios y 184 muertos; Casanare, de donde se ha recibido información de un solo municipio con 30 casos, o Magdalena, con dos poblaciones y tan sólo siete víctimas.
Pero más allá de las cifras para la Fiscalía existe una preocupación mayor. “Se han comenzado a efectuar iniciativas similares en el ámbito departamental que podrían no estar cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos”, señalaron fuentes del ente acusador. “Muchas veces el número de la bóveda no corresponde con el número de la necropsia, y eso trae como consecuencia que cuando vamos a verificar en vez de un hombre, que era lo que aparecía en el registro, nos encontremos con una mujer o que la persona que debía estar enterrada medía en vida 1,80 m y los restos que hallamos corresponden a fallecidos que no suman más de 1,60 m”, agregó. Como si fuera poco, las consecuencias de entregar cadáveres a familias que después resultan no ser los de sus seres queridos, son traumáticas.
Por eso recalcó el portavoz que este esfuerzo no se puede hacer de manera individual, sino que tiene que efectuarse de forma articulada entre las agencias del Estado con una coordinación centralizada, como hasta el momento lo ha venido haciendo la Fiscalía. Es el caso de Antioquia, que encabeza la lista de cadáveres sin identificar (ver recuadro abajo). A cuatro meses de haber comenzado a recibir las cifras de todo el país, para la Unidad de Justicia y Paz el balance es satisfactorio, al punto de que en las próximas semanas se tendrán las primeras cifras consolidadas de posibles casos con identidad probable. Pero el objetivo final es darles respuesta a las familias de los más de 32 mil desaparecidos que tiene el país.
El caso de Antioquia
En octubre pasado El Espectador publicó un informe titulado “Muertos que buscan su hogar”. Según el reporte, en Antioquia desde hace un año se adelanta un programa para identificar N.N. que hasta el momento ha permitido recuperar el nombre de cerca de 22 personas que fueron enterradas como cadáveres sin identificar. Asimismo, otros ocho cuerpos tienen orden de exhumación. En ese departamento se tomó como municipio piloto la localidad de Rionegro y la iniciativa es liderada por la Gobernación con el apoyo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Medicina Legal, el Pnud y la MAPP/OEA. Frente a los errores al momento de sepultar a los fallecidos, el asesor de Paz de Antioquia, Jorge Castaño, sostuvo: “Técnicamente un N.N. es un desaparecido y le estamos dando esa connotación para identificarlo más fácil. Con la capacitación a los personeros, sepultureros, inspectores de Policía, médicos y en general a todos los que tengan que ver con los N.N. les enseñamos cómo hacer la carpeta con los protocolos de necropsia, donde quede consignada la mayor información posible que después facilite su posible identificación”.
http://elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso-233695-fiscalia-llego-los-10-mil-nn
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