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Hace más de tres años, campesinos y campesinas del Norte de Perú, luchan para que sus tierras sean consideradas ‘zonas libres de minería’. El principal blanco de combate es el proyecto minero Rio Branco, que probadamente podrá generar impactos ecológicos, culturales y socioeconómicos negativos para las provincias de Ayabaca y Huancabamba, localizadas en la región de Piura, y San Ignacio y Jaén, en la región de Cajamarca.

Para impulsar esta lucha y conseguir la atención del poder público provincial, regional y nacional, además del apoyo de la comunidad internacional, organizaciones sociales peruanas y las comunidades de las cuatro provincias están divulgando una campaña a favor de la creación de zonas libres de actividad minera. La petición de la campaña puede ser firmada en el link http://mininginparadise.org/es

Actualmente, según la declaración del Frente por Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP), cerca del 25% del total de los territorios de Jaén, San Ignacio, Ayabaca y Huancabamba, ya fueron concesionados para actividades mineras. Gran parte de esta área es destinada al proyecto Río Branco.

El área tiene una riqueza natural constituida por ecosistemas únicos, como bosques, que son esenciales para la provisión de agua para el consumo humano y el desarrollo de actividades productivas generadoras de renta. Por este motivo, la dedicación de esta gran área a una actividad que genera tantos impactos negativos viene afligiendo cada vez más a las comunidades que residen en las provincias.

“De realizarse la actividad minera en estos ecosistemas y con ella excavaciones, explosiones y la destrucción de la cubierta vegetal, el ciclo hidrológico sería afectado. Asimismo, aumentaría la probabilidad de desastres aguas abajo, lo que podría agudizarse si consideramos los fenómenos naturales a los que suelen estar expuestas estas zonas, como sismos y el fenómeno de ‘El Niño'”, aclara la  declaración.

La minería, caracterizada como actividad extractiva de alta intensidad, puede vulnerar directamente las actividades de dan sustento a las comunidades, entre ellas la agricultura orgánica y las iniciativas de biocomercio. Así, además de desequilibrar el medio ambiente, la actividad minera generada por el proyecto Rio Branco provocará prejuicios a las actividades de subsistencia. Por este motivo, el FDSFNP declara que “no es posible una convivencia sostenible entre agricultura, minería y medio ambiente”.

No es de ahora que las comunidades piensan de así. Esta posición de rechazo fue ratificada por los moradores de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera en 2007. A partir de una consulta comunitaria, 97% de la población de estas regiones dijo !no! a la realización de actividades mineras en su región.

Por la falta de una posición concreta de las autoridades, organizaciones y comunidades una vez más se están manifestando pacíficamente y pidiendo que sean tomadas las debidas providencias, a nivel provincial y regional, para  crear las zonas de libres de minería formal e informal, en las provincias de Jaén, San Ignacio, Ayabaca y Huacabamba. A las instancias del poder público se piden esfuerzos para priorizar el desarrollo de actividades agropecuarias orgánicas y el ecoturismo.

En el ámbito nacional es pedida la realización de estudios que prueben la inviabilidad de la actividad minera en diversos territorios peruanos, así como la ampliación del Catastro de Áreas Restrictas a la Actividad Minera, que guardan territorios que deben ser protegidos de actividades extractivitas para evitar un intenso impacto ambiental.

A la comunidad internacional el llamado es para que apoye y se solidarice con  declaraciones expresando que movimientos y comunidades de todo el mundo, se alíen con los campesinos y campesinas, velando por sus derechos humanos.

Traducción: Ricardo Zúniga

* Periodista de Adital

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=52718