De acuerdo con la información emitida este lunes por la página Publico.es, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, admitió una denuncia en contra del exmandatario Álvaro Uribe y los exfuncionarios del DAS Jorge Noguera, exdirector del DAS y Germán Villalba, quien supuestamente asumió las operaciones ilegales en Europa.
La investigación se desprende de presuntas interceptaciones ilegales y violación de comunicaciones a ONG españolas, que según el portal, eran consideradas oposición del gobierno anterior.
Los supuestos seguimientos ilegales y la captura de correos electrónicos se realizaron presuntamente dentro de la ‘Operación Europa’.
El Código Penal contempla penas de entre tres y cuatro años de cárcel por los delitos que la denuncia atribuye al expresidente y sus colaboradores, dice el periódico.
La denuncia presentada en octubre, fue redactada por los abogados Mauricio Valiente y Enrique de Santiago. En esos días el expresidente recibió un galardón del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que premió también a José María Aznar.
La jueza española admitió la denuncia debido a que “no existe un procedimiento judicial abierto en Colombia” sobre los hechos que involucran a las ONG de España.
“Pudiendo ser los hechos denunciados apoderamiento subrepticio de documentos o efectos personales, captación de correos electrónicos, números de teléfono y llamadas telefónicas, con intención de descubrir los secretos o vulnerar su intimidad constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L. E. Criminal, procede su admisión a trámite”, asegura la jueza en una nota judicial fechada el 13 de diciembre y notificada este lunes.
El portal asegura que según información de la Fiscalía colombiana, la ‘Operación Europa’ buscaba supuestamente desprestigiar el trabajo de las instituciones europeas como el Parlamento Europeo y ONG consideradas contrarias a las políticas de Uribe.
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