A principios de 2011 comenzará el trabajo de preparación de la primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, que se realizará en 2014, de acuerdo con la resolución adoptada por unanimidad la semana pasada en la Asamblea General de la ONU, de 192 miembros.
Las tareas previas al encuentro, que durarán tres años, incluyen la redacción de una elaborada propuesta de Plan de Acción.
El principal objetivo es proteger los postergados derechos de las comunidades aborígenes y preservar sus culturas que desaparecen rápidamente. Hay más de 370 millones de indígenas, que representan más del cinco por ciento de la población mundial y alrededor de 15 por ciento de los pobres, según datos de la ONU.
A mediados de este mes, Estados Unidos avanzó en la materia cuando el presidente, Barack Obama, anunció en la Conferencia de Naciones Tribales, realizada en la Casa Blanca, que reconocía la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007.
El anuncio fue hecho durante una reunión de Obama con líderes de las 565 tribus reconocidas en este país.
Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, son los únicos que votaron en contra de la Declaración.
El documento establece derechos colectivos e individuales sobre los pueblos indígenas, así como sobre su derecho a la cultura, la identidad, la lengua, el empleo, la salud y la educación.
“Los indígenas deben participar en los procesos internacionales que puedan afectarlos, pero sus problemas no se solucionarán en conferencias”, dijo Christina Chauvenet, de Survival International USA (Siusa), al ser consultada por IPS sobre el papel que las comunidades aborígenes desempeñarán en el encuentro de 2014.
El futuro de los pueblos indígenas estará seguro cuando los gobiernos reconozcan su derecho a la tierra y que éste debe ser protegido, indicó Chauvenet.
“El problema es que acaten sus compromisos”, añadió, refiriéndose al apoyo universal a la Declaración de la ONU.
“Sólo se podrá cumplir si mucha gente apoya su lucha y hacen que los gobiernos comprendan que se necesitan acciones reales, no palabras ni resoluciones de conferencias”, añadió Chauvenet.
El encuentro previsto para 2014 es significativo porque reconoce la necesidad de atender los derechos de los indígenas en términos de estándares internacionales, dijo a IPS la abogada y profesora de derecho Sarah H. Paoletti.
“Su verdadero significado se medirá en el resultado y en las medidas concretas que se tomen para garantizar que los derechos de los indígenas son atendidos de forma inclusiva y valiosa”, señaló Paoletti, también directora de la Clínica Legal Trasnacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania.
Las comunidades aborígenes deben desempeñar un papel clave en la preparación de la conferencia para que su opinión esté incluida en la planificación y en los resultados buscados por la conferencia, indicó.
Paoletti remarcó que es importante reconocer que los indígenas no son una unidad. “No es una población monolítica y no puede ser tratada como tal”, añadió la abogada, quien también es coordinadora del Proyecto Universal de Revisión Periódica, de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos.
Es necesario generar los espacios para promover una participación transparente e inclusiva de las comunidades indígenas en la etapa preparatoria, añadió Paoletti.
En Estados Unidos, un indígena tiene 62 por ciento más de posibilidades de suicidarse que cualquier otra persona y 600 veces más de contraer tuberculosis, según cifras de la ONU.
La decisión de Obama de aprobar la Declaración de la ONU marca un cambio importante respecto de anteriores posiciones de Washington y de su voluntad de colaborar con la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos, indicó Paoletti.
“Lo que importa son las acciones que toma el gobierno para mejorar la situación de los derechos contenidos en la Declaración para los indígenas de este país y del mundo”, señaló el propio presidente de Estados Unidos.
Washington sólo podrá reclamar autoridad moral en materia de derechos humanos si, primero, toma medidas concretas y afirmativas para mejorar la situación interna, añadió Paoletti.
La Declaración de la ONU es un patrón de referencia para evaluar el trato dispensado a las comunidades indígenas y un instrumento importante para erradicar el abuso, indicó Tess Thackara, coordinadora de Siusa.
Es un documento muy valioso, pero no es un tratado vinculante, recordó.
Siusa, además, lanzó una campaña para que todos los países ratifiquen el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, que sí es obligatorio.
Sólo 22 estados ratificaron el Convenio 169.
Por Thalif Deen
NUEVA YORK, 29 dic
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