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Un indio de “izquierda” y un patrón de “ultraderecha” con el mismo plan: El pueblo paga tarifazo para que las transnacionales ganen más.

Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera mantienen posturas ideológicas antagónicas e irreconciliables, aunque en la vida real piensan y actúan igual. Ambos decretaron sendos aumentos de precios de carburantes con enorme costo social y político; usaron los mismos argumentos para justificar sus impopulares pero “necesarias e inevitables” medidas, y ahora los dos confiesan que los tarifazos en Bolivia y Chile tienen un mismo objetivo: “incentivar” la explotación de yacimientos hidrocarburíferos.

Las marchas, concentraciones, cacerolazos, barricadas y bloqueos de carreteras destacaron el 12 de enero, primera jornada del paro indefinido declarado en la región chilena de Magallanes y Antártica contra la subida del precio del gas doméstico en casi 20 por ciento. Las protestas tienen como epicentro a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Parlamentarios, alcaldes, empresarios, autoridades religiosas, estudiantes, trabajadores de todos los gremios y ciudadanía de la región apoyan la medida de fuerza contra el tarifazo de Piñera, que según algunos expertos sería el primer paso hacia la privatización del petróleo chileno.

La verdadera intención es asegurar un buen negocio para el sector privado, comenta la diputada demócrata cristiana de la Patagonia Carolina Goic, mientras que el académico de la Universidad de Santiago Bernardo Navarrete sospecha que la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco planean la privatización del sector.

El gas y el petróleo en Magallanes son cada día más escasos y, si no los cuidamos se van a extinguir, afirmó Piñera, e insistió en la necesidad de elevar el precio del gas domiciliario para “fomentar un uso más racional y una mayor exploración y búsqueda de nuevas fuentes de gas y petróleo en la región”. El Presidente Evo Morales dijo exactamente lo mismo para justificar el frustrado gasolinazo en Bolivia.

El Presidente “izquierdista” decretó el 26 de diciembre un gasolinazo que aumentaba los precios de la gasolina y del diesel de hasta en 80%, supuestamente para frenar el contrabando e “incentivar” la explotación” de yacimientos petroleros, pero una semana después una violenta movilización popular de un pueblo cada vez más furioso le obligó a anular el decreto.

Doy un paso atrás porque prometí gobernar obedeciendo al pueblo, explicó Morales, pero advirtió que “tarde o temprano” tendrá que “nivelar” los precios de los carburantes; desde entonces “consensua” un “tarifazo en cuotas” con las organizaciones sociales afines a su gobierno.

El miércoles de esta semana el Presidente reveló que ya en 2007 y 2008 se dio cuenta de que “era grave no acabar con la subvención (de los carburantes)”, y reiteró que “nivelar el precio de los combustibles no es solamente para acabar con la corrupción y el contrabando, sino para garantizar la inversión”.

“Combustibles como el gas nos da plata; la gasolina y el diesel podrían (también) dar plata al Estado para seguir mejorando la economía… hay proyectos de exploración y explotación petrolera (en el país), pero ninguna empresa, y peor los socios, quieren invertir a pérdida”, argumentó el Presidente.

Este jueves, Morales confesó que se arrepiente de no haber defendido su gasolinazo, elogió nuevamente a los “patriotas” que apoyaron la medida y conminó a los “traidores” que se opusieron a presentar propuestas alternativas. En cuestión de horas, organizaciones sociales, expertos y hasta ex autoridades del propio gobierno del MAS le demostraron que si existen medidas alternativas a la neoliberal y pro petrolera “nivelación” de precios.

En vez de meter mano al bolsillo de la gente, que el gobierno deje de regalar dinero a las transnacionales, recomendó el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. Las empresas reciben mucho dinero por concepto de “devolución” del IVA, del Impuesto a las Transacciones y hasta de “inversiones”, pese a que la “migración” de sus contratos no les ha privado de la posesión y disfrute de esas inversiones, pues continúan siendo los socios operadores de la explotación en sus respectivas áreas. El Estado pagó a las capitalizadoras de Transredes 250 millones de dólares por sus acciones, criticó Almaraz.

El gobierno quiere invertir en carreteras y obras sociales los 380 millones de dólares que gasta en la subvención de carburantes. “¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados al gas que le vendemos, a falta de la tan famosa y largamente anunciada planta separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares?”, preguntó Almaraz.

La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA) planteó eliminar la subvención de GLP y gasolina a Petrobras, con lo cual Bolivia percibiría alrededor de 700 millones de dólares anuales hasta 2019, suficiente dinero para detener el gasolinazo e implementar programas de desarrollo.

En vez de fungir como abogado de las transnacionales, el gobierno de Morales debería evaluar de manera profunda los costos de producción de las empresas que operan en Bolivia, los más bajos del mundo, precisaron Almaraz, UNARADENA y el economista Hugo Vaca de la Torre.

Antes de la nacionalización Repsol declaró que producir un barril de petróleo en Bolivia le costaba 10 dólares. El ex delegado gubernamental para la Revisión del proceso de Capitalización Juan Carlos Virreira, fallecido en un accidente aéreo, demostró que producir un barril de petróleo en Bolivia cuesta menos de cinco dólares. Entonces, ¿no será mucho pagarles ahora 60 dólares por barril?, cuestionó Almaraz.

“Es importante remarcar que toda la producción de hidrocarburos, de acuerdo a la Ley 3058 y el Decreto de Nacionalización 28701, descontado el consumo propio para la extracción de hidrocarburos, es entregada a YPFB, recibiendo las petroleras una rentabilidad mayor al 30%, además de recuperar todos sus costos de producción, en una especie de doble beneficio”, observó Vaca de la Torre.

La conclusión de todo esto es que el país continúa subordinado a las transnacionales porque el gobierno nacionalista del MAS nunca ejecutó una verdadera nacionalización ni mucho menos consolidó a YPFB como operadora directa en la producción de hidrocarburos, coinciden analistas, expertos y activistas sociales. Pero para el Presidente Morales, el meollo del problema es la “subvención que desangra la economía nacional”.

“Nos hemos equivocado (al mantener) la subvención que es un cáncer para la economía nacional”, comentó el Presidente este jueves, y dijo que se arrepiente de no haber defendido el gasolinazo, que tenía como fin último aumentar el precio de compra del barril de petróleo de 27 a 59 dólares para “incentivar” las inversiones petroleras.

El presidente indígena de “izquierda” fue tan claro y contundente como su colega chileno de “ultraderecha”: Lo importante ahora es que las transnacionales ganen más dinero e inviertan más y que el pueblo se resigne a pagar la factura.

http://www.argenpress.info/2011/01/evo-y-pinera-hermanados-por-las.html