Pese al proceso para la desarticulación y desarme de estos grupos, que tuvo lugar entre 2003 y 2006, y que se vendió como un éxito de la segunda legislatura del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, estos grupos armados siguen actuando con diferentes máscaras por toda la geografía colombiana.

Colombia y los ‘nuevos paras’: La desmovilización fracasada

Pese al proceso para la desarticulación y desarme de estos grupos, que tuvo lugar entre 2003 y 2006, y que se vendió como un éxito de la segunda legislatura del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, estos grupos armados siguen actuando con diferentes máscaras por toda la geografía colombiana pero con el mismo objetivo, el control del narcotráfico, las tierras y el poder político. El sofisma, el ponerles un nombre diferente, contribuye a no evidenciar el fracaso y las mentiras.

El pasado mes de enero dos jóvenes estudiantes bogotanos de biología en la Universidad de Los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala, fueron asesinados en la localidad de San Bernardo del Viento, en el departamento colombiano de Córdoba, a manos del grupo armado de ‘Los Urabeños’, herederos del grupo paramilitar Casa Castaño, bloque que hasta 2004 encabezó Carlos Castaño, a su vez líder y fundador de las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC).

Fueron allí porque eran de los que creían que en Colombia el paramilitarismo ya era historia y que, como repetía y una y otra vez Uribe, el país se había pacificado definitivamente. Pero no es así y las malas coincidencias, como calificó un miembro de las fuerzas militares a este crimen (pues seguramente ‘Los Urabeños’ se equivocaron de objetivo), se siguen sucediendo.

La falsa idea de una Colombia pacifica (donde el único y último mal que queda por extirpar son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), ha sido reproducida por los medios de comunicación que sí conocen la verdad: los crímenes en sus múltiples modalidades por parte de los paramilitares, no sólo no se han cesado sino que se han multiplicado y se han extendido por la geografía colombiana.

De hecho, allá donde se han eliminado las guerrillas, se han establecido los paramilitares bajo el rostro que sea, ante la mirada y complacencia de autoridades gubernamentales y militares.

Lo cierto es que a muchos de esos medios que se erigieron como voceros oficiales para fortalecer la mentira, les cabe su cuota de responsabilidad moral por estos asesinatos.

Por eso, el caso de los dos estudiantes bogotanos no es aislado. Según las estadísticas del Observatorio del Crimen del Departamento de Córdoba, la región más afectada por la violencia heredada del paramilitarismo, sólo el año pasado se registraron 600 asesinatos a manos de estos grupos en esa zona y en 2009 se contabilizaron 532 casos.

A mediados del enero de este año la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señaló que hasta esa fecha se habían cometido 45 asesinatos sólo en Córdoba, mientras que la policía rebaja la cifra hasta los 28. Estos crímenes son para el Observatorio del Crimen del Departamento de Córdoba consecuencia de la disputa entre bandas criminales herederas de los paramilitares.

De esta forma, lo cierto es que ‘Los Urabeños’, así como ‘Los Paisas’, herederos del Bloque Cacique Nutibara de Medellín de las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC), las ‘Águilas Negras’, herederas tanto de la Casa Castaño como del Frente de Contrainsurgencia Wayúues, y ‘Los Rastrojos’, se han erigido como algunos de los grupos criminales más reconocibles y sanguinarios surgidos de la fallida desmovilización de los grupos paramilitares que finalizó hace cinco años, provocando una fatal nueva ola de paramilitarismo en Colombia.

Estos datos demuestran que, contrario a lo que intentó hacer creer el gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe con el proceso Justicia y Paz y la desmovilización, el paramilitarismo en Colombia no sólo continúa vigente, sino que además el país aún está lejos de llegar a pacificarse en un futuro cercano.

Más aún cuando se insiste en combatir únicamente a la guerrilla (cuyo presencia es minima respecto a la de los paramilitares), como si la mentira empezara a ser creída por sus propios artífices.

Neoparamilitarismo

Las cifras del gobierno colombiano finalizado el proceso de desmovilización concluyeron que desde el año 2003 fueron más de 30.000 los paramilitares desmovilizados y se entregaron unas 20.000 armas.

Estos datos no resultan muy fiables teniendo en cuenta que en los últimos años los crímenes por parte de los paramilitares no han cesado.

Además, en la gran mayoría de los casos la desmovilización no fue tal ya que de hecho únicamente fueron los líderes más visibles de los grupos paramilitares los que aceptaron las condiciones del proceso, muchos sólo en apariencia ya que al poco tiempo volvieron a las actividades paramilitares. Tanto los cabecillas que se rearmaron como los que realmente se desmovilizaron habían dejado tras de sí armas y mandos inferiores capaces de continuar con los crímenes.

En el año 2006, cuando desde el gobierno se proclamaba el éxito de la desmovilización, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la formación de nuevos grupos armados dedicados al narcotráfico y otro tipo de actividades delictivas que estaban reclutando desmovilizados en Sincelejo, el norte del Valle del Cauca, Tuluá y Pasto. Asimismo registró que 4.000 paramilitares desmovilizados se habían rearmado en el departamento de Córdoba y que un total de 22 estructuras criminales formadas por narcotraficantes, delincuentes comunes, paramilitares no desmovilizados y paramilitares desmovilizados se habían creado tras el rearme de los mandos medios y los miembros rasos.

Por entonces, grupos como las ‘Águilas Negras’ ya habían surgido en el Norte de Santander y Nariño. Estos nuevos grupos se han despojado de la máscara “antiguerrillera” que tradicionalmente les ha definido y valiéndose de viejas estructuras paramilitares sin desmovilizar han asumido los mismos objetivos a los de aquellos, el control del narcotráfico y sus rutas, la posesión de tierras, la minería y el contrabando.

Desde el fin de la desmovilización, estos nuevos grupos paramilitares (‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Nueva Generación’, Ejército Popular Anticomunista (Erpac) y ‘Los Rastrojos’) que algunos denominan como bandas emergentes o criminales, actúan según el director de la Policía Nacional de Colombia, el general Óscar Naranjo, en al menos nueve de los 32 departamentos del país y en un total de 293 municipios, continuando con la herencia de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sus inmediatos predecesores.

A estos nuevos grupos hay que sumar los bloques paramilitares que no llegaron a desmovilizarse, como son las Autodefensas Campesinas de Casanare, Frente Contrainsurgencia Wayúu (La Guajira), el Frente Sur del Putumayo, las Autodefensas del Meta y Vichada y reductos del Bloque Central Bolívar, del Bloque Libertadores del Sur (Nariño), Bloque Pacífico y Bloque Élmer Cárdenas (Urabá).

En cuanto a las cifras sobre el número de paramilitares de esta nueva generación los datos son todavía inciertos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estos grupos los conforman entre 7.400 y 12.000 personas y Human Rights Watch (HRW) suma más de 10.000. Por otro lado, tanto el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como la Policía Nacional, ambos organismos del Estado, rebajan drásticamente estas cifras y estiman tan sólo entre 2.200 y 3.800 miembros de bandas criminales en toda Colombia.

Además, algunas organizaciones dedicadas a la investigación de las actividades delictivas de estas nuevas bandas criminales, como por ejemplo la Corporación Arco Iris, distinguen entre tres tipos de organizaciones dentro de estos nuevos grupos paramilitares. Este organismo estima que alrededor de un 20 por ciento de estas bandas se dedican exclusivamente al narcotráfico ejerciendo el “sicariato” y el control territorial en grupos formados por entre 50 y 500 personas. No tienen jefes identificables y no se encuentran centralizadas. Actúan principalmente en el Eje Cafetero, Pasto y Bogotá.

Por otro lado, otro tipo de grupos, alrededor de un 40 por ciento, se dedican además de al narcotráfico, a la minería ilegal y a la apropiación de tierras. Tienen jefes visibles, como por ejemplo, Los Paisas, Los Rastrojos y la Erpac, grupo del cual era jefe Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, narcoparamilitar muerto a finales del pasado año mientras huía de la Policía Nacional de Colombia.

Por último, el tercer tipo, formado por grupos armados como las ‘Águilas Negras’ se encuentran más ideologizados que los anteriores, y es conocida su relación con militares, políticos y otros grupos de poder. Por ejemplo, las ‘Águilas Negras’ han asesinado en los últimos años a un gran número de líderes sociales y han desplazado a poblaciones en los departamentos del norte del país.

Pese a esta división, un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no distingue entre grupos y objetivos y señala que los ataques y las víctimas de estos neoparamilitares “no se limitan a los llamados ‘ajustes de cuentas’ ocasionados por sus propias confrontaciones, si no que la gran mayoría de las amenazas y muchos de los homicidios, desapariciones, atentados y desplazamientos forzados se han producido contra líderes comunitarios y sociales, campesinos, indígenas, sindicalistas y opositores políticos.

Los datos de la infamia

Las cifras sobre muertes, masacres y desaparecidos por parte de los paramilitares entre el final de la supuesta desmovilización y el año 2010 son controvertidas ya que los números oficiales no reparan en los crímenes que la población no denuncia por miedo, donde en la mayoría de los casos impera la ley del silencio y la denuncia hacia el paramilitarismo activo puede acarrear consecuencias fatales para el denunciante. Estos datos señalan que la supuesta desmovilización, ficticia por muchos motivos, consiguió rebajar en cierta medida los índices de criminalidad en Colombia en el periodo 2002-2009. Según el Estado colombiano la cifra de homicidios se redujo a la mitad (de 29.000 homicidios en el año 2002, la tasa más alta en el mundo, a 15.000 en 2008) y, además, de los 3.000 secuestros contabilizados también en 2002 se pasó a 300 secuestros en 2009.

Sin embargo el propio Estado colombiano reconoce que en los últimos dos años las cifras han empeorado de tal forma que en algunos casos incluso son similares a aquel año 2006 y departamentos como Córdoba y Nariño, al suroeste de Antioquia, se han registrado desplazamientos de miles de familias campesinas similares a los peores momentos del conflicto.

En los últimos dos años se ha visto un repunte en los cifras de homicidios y en 2009 estos volvieron a crecer de un año para otro, en buena medida por el fortalecimiento de los nuevos grupos paramilitares.

De hecho, los datos oficiales señalan que el pasado 2010 fue el más violento que se recuerda en Colombia desde el fin del proceso de la desmovilización en 2006. En este sentido, el número de masacres aumentó de 119 casos a 153 y 40 sindicalistas y líderes de poblaciones desplazadas fueron asesinados, así como 37 los sindicalistas por parte de los nuevos grupos paramilitares. Por otro lado, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz creada en 2005 como un organismo especial dentro de la Fiscalía General asegura que entre 2006  y 2010 se han producido más de 170.000 asesinatos, casi 35.000 desapariciones forzadas y más de 70.000 comunidades han sido desplazadas por parte de los grupos paramilitares.

Paramilitarismo: 30 años de tragedia

En los inicios de la década de 1980 se constituyó el primer grupo paramilitar denominado el MAS (Muerte a Secuestradores) y fundado, entre otros, por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y fortalecido por otros barones de la droga. Surge fundamentalmente para atacar bélicamente a las agrupaciones guerrilleras, y a partir de 1982 las cifras de sus masacres y asesinatos aumentaron drásticamente, ya que comenzó a entrenar a nuevos grupos en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región de Ariari en el Meta, que contaban con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional. Su radió de acción dejaron de ser sólo las guerrillas y se extendió a simpatizantes o ayudadores de las mismas. Además, desde el comienzo, fueron un hecho sus relaciones de apoyo (aunque soterrado y negado) por parte de las Fuerzas Militares. De allí a que con el tiempo se les empezara a denominar “Para-Militares”

A finales de esta década, el MAS continuó extendiéndose por zonas rurales y su poder financiero creció debido al negocio del narcotráfico. Masacres como las de Urabá y La Rochela, en el bajo Sinaloa – donde asesinaron a miembros de una comisión judicial que investigaba masacres y asesinatos en Magdalena Medio – dieron cuenta a las autoridades de la extrema violencia de estos grupos armados.

Sin embargo, sólo hasta 1989, bajo el mandato del presidente Virgilio Barco, los grupos de autodefensas o paramilitares fueron declarados ilegales.

Desde esta fecha los asesinatos de funcionarios del Estado, políticos, miembros de sindicatos y organizaciones sociales son moneda común, y continúan siéndolo, en Colombia. Después de la tregua fallida de las autodefensas a principios de la década de 1990 y la muerte de Pablo Escobar en 1993 el poder de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Carlos y Fidel Castaño sufrió un importante crecimiento que culminó en 1997 con la creación de las AUC por parte del clan Castaño, grupo paramilitar que aglutinó a las ACCU, así como a las autodefensas de Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales.

Estos grupos a su vez se dividieron en bloques, como por ejemplo el Bloque Centauros, el Bloque Calima, el Bloque Bananero o Bloque Héroes de Granada, entre otros.

Según las autoridades ,colombianas un total de 32 bloques fueron desarticulados durante el proceso de desmovilización. El auge de las AUC disparó la violencia en Colombia con cifras espeluznantes que suman masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones y desplazamiento de poblaciones.

Los crímenes que llevan a sus espaldas algunos de los cabecillas del paramilitarismo como los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo ‘Don Berna’o José Ever Veloza ‘H.H’, por mencionar sólo a algunos, ofrecen una pequeña muestra de los crímenes casi incontables que se han producido durante estos 30 años de paramilitarismo.

A Salvatore Mancuso se le atribuyen la masacre de Mapiripán en 1997, donde murieron campesinos; la de la Gabarra en la que fueron asesinadas 35 personas en 1999; la del Aro, en  Antioquia, en 1997 y la del Salado 2000 en la que 38 campesinos fueron asesinados bajo sus órdenes.

Por su parte, ‘Don Berna’, que militó en diferentes bloques, sumó durante su carrera paramilitar más de 11.000 víctimas según el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP). En 2008 fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en mayo de 2008 y en 2009 fue condenado a 31 años de prisión por un de Nueva York.

José Ever Veloza, ‘H.H’, jefe del Bloque Calima de las AUC desde 2000, la justicia colombiana cree que cometió 1.200 asesinatos en Urabá. Participó en la masacre del Naya, perpetrada durante dos días en la cuenca de este río en abril de 2001 en la que los paramilitares asesinaron y mutilaron y 27 campesinos indígenas, incluidos mujeres y niños, pero hay testimonios que aumentan esta cifra.

También se le atribuyen las masacres de Alaska con 21 víctimas, la del bar El Aracatazo en Chigorodó (Antioquia), en la que fueron asesinadas 18 personas, así como Sabaletas y Barragán con 9 muertos; el asesinato de 19 sindicalistas en Bugalagrande (de los cuales 8 de los cuales pertenecían al Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y uno a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). Asesinato de dos agentes del DAS que escoltaban a Teodoro Díaz Lobo, alcalde de Apartadó.

Parapolítica

El escándalo de la ‘parapolítica’ en Colombia surgió en 2006 tras el supuesto proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Este escándalo, aún abierto en Colombia, reveló vínculos entre políticos colombianos, tanto congresistas como senadores y miembros de partidos e incluso funcionarios del Estado y los paramilitares.

Las investigaciones han revelado que mientras muchos dirigentes políticos se han beneficiado de los crímenes y delitos de los paramilitares con el objetivo de alcanzar puestos de poder, las actividades paramilitares, a su vez, han recibido ayudad financiera por parte de los políticos a través del desvío de fondos.

Recientemente se han conocido las condenas de prisión por siete años y medio del ex gobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta y del ex presidente del Congreso de Colombia Mario Uribe primo del ex presidente Uribe Vélez por sus relaciones con jefes paramilitares.

Un total de 31 representantes elegidos para el periodo 2006-2010 han sido procesados por ‘parapolítica’, así como otros 49 senadores. Al menos 12 políticos entre congresistas y senadores han sido condenados a prisión por sus actividades ‘parapolíticas’.

http://www.theprisma.co.uk/es/2011/03/07/colombia-y-los-%E2%80%98nuevos-paras%E2%80%99-la-desmovilizacion-fracasada/