–en eso quedan los estudiantes– y pueda otorgar títulos que certifiquen como buena hasta la educación más mediocre. Constituye una burla mencionar siquiera que habrá control del Estado.
La cúspide santo-uribista también busca abrirle las puertas de la universidad privada –y de la pública, se ufana la propuesta– al capital extranjero, tal y como lo señala el TLC con Estados Unidos por el que con tanta indignidad suplican. Atinan las universidades privadas colombianas –a las que hoy las normas les ordenan ser sin ánimo de lucro– cuando calculan que serán vencidas en la competencia por las foráneas, que a la postre se quedarán con el negocio de malformar a la juventud colombiana y con una parte sustancial de los recursos públicos que van al Icetex, porque la educación con ánimo de lucro también establece que el Estado la subsidiará con sus dineros.
Ofende la inteligencia que digan que la universidad como negocio mejorará la calidad de la educación, cuando se sabe que el capital puede conseguir altas ganancias con mercancías buenas, regulares o malas. Y se sabe, además, que las mercancías de alta calidad tienen altos costos, matrículas en este caso, que de ninguna manera podrá pagar la casi totalidad de los colombianos. Luego es al revés de como dice el gobierno: lo que se promoverá será la mala calidad de la educación.
La propuesta oficial contiene otro horror que se menciona poco y que lleva al desastre. El propio rector de la Universidad Nacional de Colombia ha dicho que la ley no enfrenta el déficit de las universidades públicas y que estas se hallan al borde del colapso. He aquí a Juan Manuel Santos de cuerpo entero: la educación de calidad y los grandes negocios para unos pocos y la crisis, la ignorancia y la pobreza para los demás, todo muy acorde con el país atrasado y pobre que se empeñan en montar. ¡Hasta cuándo abusarán de la paciencia de los colombianos!
Cometen un grave error las directivas de la Universidad de Caldas si insisten en imponer alzas en las matrículas hasta del 330 por ciento. Antes se destruye la universidad que salvarla a punta de matrículas caras. Lo sensato es promover la más amplia unidad en el reclamo al gobierno nacional para que financie adecuadamente la educación pública.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli, le acaba de enviar un control de advertencia al superintendente de Salud, Conrado Gómez, diciéndole que no puede conciliar con Saludcoop más de 600 mil millones de pesos de los recursos de la salud, porque dicha operación convertiría esa suma en patrimonio de la EPS. Si algo no puede permitirse más es que las EPS vuelvan propiedades suyas los recursos públicos de carácter parafiscal que deben gastarse de manera exclusiva en medicamentos, médicos y demás trabajadores de la salud, procedimientos y hospitalizaciones y hasta administración, todo para atender la salud de los colombianos. Que las EPS aumenten su riqueza con las ganancias que les permite hacer el sistema con el pretexto de administrarlo, vaya y venga, mientras exista la pésima ley que lo permite, pero no pueden echarse al bolsillo una plata que las normas les prohíben tomar.
De acuerdo con Barack Obama, Estados Unidos estimula la guerra y utiliza la CIA en Libia porque así se los dictan sus intereses. Si los gobiernos europeos que andan en las mismas fueran francos, reconocerían lo mismo. Se puede tener una posición crítica frente al gobierno libio, pero otra cosa bien distinta es respaldar que las potencias –con la vergonzosa aquiescencia del gobierno de Colombia en la ONU– se arroguen el derecho de imponer a bala sus puntos de vista. Porque la no injerencia de un país en los asuntos internos de otro debe ser sagrada y porque son la codicia de las trasnacionales petroleras y los intereses imperiales lo que en verdad mueve a los que atacan a países soberanos en nombre de falsos humanitarismos. Significa una gran irresponsabilidad de estadounidenses y europeos intentar tomarse las protestas ciudadanas en esa región del mundo mediante la agresión militar. Podrían provocar otros Irak y Afganistán.
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 1 de abril de 2011.
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