Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Gobierno quiere tomarse a las CAR para impedirles que interfieran en licencias ambientales a trasnacionales petroleras y mineras

La del invierno fue una tragedia anunciada, así el gobierno se empecine en negarlo. Desastres más sociales que naturales. El gobierno ve la reconstrucción como una oportunidad para hacer el negocio del siglo.Un banquero y los grandes gremios puestos al frente por Juan Manuel Santos. El gobierno convirtió a las CAR en el chivo expiatorio. El presupuesto de las CAR es insignificante y este solo hecho pone el problema en su sitio. El decreto concentra el poder en el presidente. Los directores de las CAR serán funcionarios de bolsillo del jefe del Estado. Masacre laboral. El decreto es inconstitucional. El objetivo real de la reforma. Los desastres siguen sin resolver.

En primer término, decir que me parece muy peregrina la disculpa de la señora ministra para no estar aquí. Puedo entender que inaugurar un acueducto tenga su importancia política, pero esta es una Comisión del Senado de la República y estamos mirando decretos de emergencia, luego no puedo compartir la actitud de la funcionaria. Señalar también que voy a hacer un esfuerzo muy grande por reducir mi intervención, lo que significa que se van a quedar sin mencionar una cantidad inmensa de aspectos interesantes relativos al desastre invernal y al sufrimiento de tantos compatriotas. Haré referencia a algunos asuntos para que se entienda en qué consiste la situación, pero seguramente van a quedar muchos temas sin mencionar.

Una tragedia anunciada

Aun cuando se arguya que fue un desastre imprevisible y que sorprendió al país, soy de los que creen que fue una tragedia anunciada. La catástrofe invernal no se puede explicar sin todo un fenómeno de deforestación del territorio nacional que lleva décadas, sin la tremenda sedimentación de los ríos estrechamente relacionada con la deforestación de nuestras cordilleras, sin la desecación de áreas inmensas de ciénaga que eran áreas de amortiguamiento de las inundaciones. Y no se puede explicar por sobre todo sin tener en cuenta que hay millones de colombianos en el lugar equivocado, para usar esa figura, viviendo en áreas de río, de ciénaga, de ladera, que no se caen de milagro. En primer término, entonces, quiero dejar en claro que aquí estamos ante una tragedia anunciada. Lo raro es que no se haya presentado antes en proporciones de este tamaño.

En lo inmediato también fue anunciada. El presidente Santos estuvo en La Mojana en agosto de 2010, recién posesionado, y ya estaba inundada la zona, cuando apenas el invierno empezaba. El Ideam advirtió desde junio de 2010, mes por mes, ahí están los documentos, que se venía La Niña con un invierno muy fuerte, y la situación se fue agravando, hasta que ocurrió lo peor. Max Henríquez contaba cómo aquí llevamos en los últimos 50 años cuatro millones de damnificados y 15 mil muertos por tragedias de este tipo. Y recordaba cómo el Canal del Dique, uno de los sitios más afectados, se había roto con daños gravísimos en 1983. Él habla de inundaciones “épicas”, es la palabra que utiliza, en los años 1988, 1995, 1999, 2005 y 2008. Insisto en que lo raro es que este desastre no se hubiera presentado antes.

Vale la pena mencionar más en detalle el caso del Canal del Dique, porque está muy documentado. Tengo aquí un acta firmada en mayo 20 de 2009 entre el Invías y los vecinos del Canal, en el Atlántico, las organizaciones de ganaderos, donde esos compatriotas advierten claramente que se va a romper el Dique y que va a haber un desastre parecido al de 27 años atrás. En mayo 24 de 2010, el periódico La Libertad, de Barranquilla, titula: “Temor y zozobra en el Atlántico: el sur a merced de las aguas del Canal del Dique”. En agosto 30, el mismo periódico titula: “Amenaza el Dique: si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías: habitantes del Cono Sur del Atlántico”. Diciembre 15, La Libertad, después del rompimiento del Dique: “Tragedia del Sur ya estaba anunciada desde el año 2009”. Y ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Vías hicieron absolutamente nada, nada, entre junio, cuando el Ideam alertó que se avecinaba un invierno gravísimo, y el 30 de noviembre, cuando el Dique se rompe causando los daños que todos conocemos.

El caso del RUT es parecido. El RUT es el distrito de riego de Roldanillo, La Unión y Toro, en el norte del Valle del Cauca. En la página web del municipio de Roldanillo se lee en diciembre 9 de 2009 que allí el dique también iba a fallar. Dice textualmente la información, suscrita por los alcaldes: “No queremos que esto sea la crónica de una tragedia anunciada”. Y fue la crónica de una tragedia anunciada, porque no se hizo lo que se debía hacer.

Desastres más sociales que naturales

Estos desastres, más que naturales, son sociales. Cuando digo sociales digo económicos, políticos. Es un milagro encontrar la casa de un magnate inundada, eso no les pasa sino a los pobres. Es un milagro que una buena casa de alguien adinerado de verdad se deslice en un derrumbe. La naturaleza social de estos fenómenos hay que resaltarla entonces con toda claridad. Y no es solo un problema del medio ambiente, sino también de los Ministerios de Hacienda, Desarrollo y Agricultura y del conjunto de la vida económica y social del país. La responsabilidad allí cabría adjudicársela, para utilizar una frase de Álvaro Gómez, al establecimiento, o sea, a los mismos que han gobernado el país desde hace mucho tiempo, y cuando digo los mismos, me refiero a los que están arriba en la punta de la cúpula. Pocos senadores hay a la hora de la verdad entre ellos, con franqueza les digo, colegas, de modo que no hay que hacerse ilusiones. Estoy aludiendo a los que mandan de verdad, y es a ellos a quienes finalmente les cabe una responsabilidad. Es un problema de la estructura económica y social del país, del sistema o como se lo quiera llamar, agravado por el modelo económico neoliberal que ahonda todos los problemas sociales.

Hay de por medio otro asunto que sería imperdonable no mencionar, el sufrimiento de los damnificados. Tenemos más de dos millones de damnificados, y es uno de los hechos más dolorosos. Les insisto a los representantes del gobierno aquí presentes: cada desastre de Colombia, de cualquier tipo, es como si estuviéramos en el primer día de la creación. Nadie guarda una carpa ni una estufa a la mano y siempre se improvisa quién va a atender el asunto. En esta ocasión se inventaron algo completamente nuevo. Hoy vi que hay un departamento de la Costa Atlántica al que apenas le van a escoger el proveedor de los alimentos con destino a los damnificados. Si están vivos es un milagro, porque de algún otro lado tuvieron que haber conseguido la comida estos cuatro meses, porque el proveedor apenas hoy se va a escoger. Es una de las partes más lamentables, la negligencia con la que se maneja la situación, de modo que cada desastre es como si fuera el primero en la historia de Colombia. Lo de los cambuches con plásticos negros es impresentable. He estado varias veces en la zona y he navegado por el Canal del Dique junto con el senador García y todo allí es lamentable. Otra vez están ocupadas las escuelas porque no hay donde más poner a los damnificados, y habrá que esperar a ver quién de pronto presta un lote para ver si se hace un albergue. Las condiciones de desempleo, de pobreza, de frustración de esos compatriotas damnificados no tiene nombre. Hay que señalarlo con toda claridad. Ya empezaron además las denuncias sobre corrupción, de esas mentes horribles que se aprovechan del desastre a ver cuánto se roban.

Y hay que señalar el discurso del propio presidente con respecto a que este desastre es una oportunidad. La misma cantaleta. Pero ya le entendí cuál es la oportunidad. Es poner a un banquero cachaco de jefe de la reconstrucción y establecer además que la reconstrucción va a ser un inmenso negocio, como está dicho en los decretos. Y le entregan a la cúpula de los grandes gremios de la economía un poder inmenso en la reconstrucción. Esto tampoco lo puedo aceptar. Que mientras para unos colombianos, casi todos, la tragedia invernal sea un desastre físico, para otros sea el negocio del siglo por cuenta de las necesidades de los damnificados.

Santos convierte a las CAR en chivo expiatorio

Entro con este panorama a tocar el tema de las CAR. Quiero mencionar en primer término que no creo que haya un solo director de CAR que sea del Polo Democrático Alternativo. Y probablemente no haya tampoco un solo miembro de la parte directiva que lo sea. Lo aclaro para dejar sentado que no estoy defendiendo a nadie en particular ni mucho menos. Me parece también que a las CAR les cabe una cuota de responsabilidad en este fenómeno. Pero lo que no puedo aceptar es que se convierta a las CAR en el chivo expiatorio. Como a alguien hay que echarle la culpa y la culpa no la pueden asumir ni el Presidente, ni los ministros, ni el presidente anterior ni los gobiernos anteriores, porque es el establecimiento mismo el que se pasa el balón cada cuatro años de unas manos a otras entre los mismos compadres, entonces ellos mismos cogen a las CAR y las fusilan, empezando por sus directores, unos funcionarios de nivel medio, porque no hay quien los defienda y hable en su nombre. Ese criterio no lo puedo aceptar. La idea del chivo expiatorio me parece absolutamente nefasta por otra razón. Es que si el diagnóstico es equivocado, lo serán también las soluciones. ¿El problema se va a arreglar con el Decreto 141? Ni de lejos, porque el diagnostico es absolutamente equivocado.

Las CAR, entre el 2007 y el 2008, manejan un promedio de 682 mil millones de pesos, en pesos reales del año 2000, suma que, dividida entre varias decenas de corporaciones que atienden todo el territorio nacional, es insignificante para las muchísimas responsabilidades. Ese solo hecho pone en su sitio el problema y prueba que echarles toda la culpa a las CAR es una lógica de chivo expiatorio, porque con esa plata no se puede resolver de ninguna manera el problema ambiental del país, no hay ninguna posibilidad de que se pueda hacer. Miremos además otro aspecto, cuántos son los recursos del Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuántas las transferencias del presupuesto nacional al SINA, o sea, el poder del gobierno central en los asuntos ambientales. En 1998, estoy hablando en pesos reales, eran 306 mil millones y en el 2010 fueron 168 mil millones, cerca de la mitad. Lo que estamos diciendo es que el gobierno nacional ni siquiera está cumpliendo con los criterios mínimos de dotar al SINA de recursos económicos suficientes para la responsabilidad que ha de asumir.

Con esta advertencia, y es bueno que tomen nota las gentes de los municipios y los departamentos: lo que sucede con la reforma es que el presidente de la República se tomó las CAR. Y ojo, el 25% de los recursos de las CAR son dineros de predial, lo que significa que, como va a suceder con las regalías, el gobierno nacional les quita a los municipios y a los departamentos los recursos del esfuerzo local. Es un debate que está en mora de hacerse. ¿Aquí no va a haber sino gobierno nacional? Esa puede ser una teoría, pero que se plantee con toda franqueza. Pero entonces que no sigan hablando de derechos locales, cuando el alcalde y el gobernador son poco menos que súbditos del presidente de la República y de los ministros. Con este decreto, en resumen, el gobierno nacional se embolsilló, digámoslo así, en el sentido de que adquiere el poder para gastárselos, otros recursos bastante importantes.

¿Previsible o imprevisible?

¿La tragedia era previsible o imprevisible? En el decreto de emergencia habla el gobierno de “un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles”. Ya expresé mis dudas al respecto, pero digamos que es la posición del gobierno nacional y de la Corte Constitucional. Y en el decreto con el que interviene a las CAR, el gobierno dice ahora que “dentro de los efectos ocasionados por el fenómeno de La Niña, se identifican algunos que pudieron ser prevenidos o evitados” por las CAR. ¿Al fin qué? ¿Eran o no imprevisibles? O eran imprevisibles solo los que tenían que ver con el gobierno del doctor Santos, pero los que tenían que ver con las CAR esos sí eran previsibles. Lo mínimo es que hubiera coherencia en la posición oficial. Si en Colombia hubiera verdadero debate en los medios de comunicación, una contradicción tan manifiesta habría sido objeto de chistes y caricaturas, porque lo que es evidente es que hay una teoría por completo inconsistente. Y los ejemplos que, según el gobierno nacional, prueban la negligencia de las CAR son: “Deslizamientos, crecientes rápidas de cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente, inundaciones, derrumbes, daño de diques”. Espero que los propios representantes del gobierno me reconozcan aquí que no es posible adjudicarles a las CAR la responsabilidad completa en estas situaciones. Tomo un solo caso, “crecientes rápidas de cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente”, y pregunto: pueden resolverlas las CAR ¿ellas solas? ¿No incide en nada la deforestación, para poner un solo caso? ¿No es bien sabido que uno de los líos con los inviernos en países deforestados es que llueve y de una vez el agua sale disparada cuenca abajo? ¿Y eso lo pueden resolver las CAR? ¿Tienen las CAR los mecanismos para hacerlo? Voy a hacer otra pregunta simple: ¿hay algún tipo de norma que le impida a un propietario destruir su finca como a él le parezca, así por el lado de ella pase una carretera, incluso de importancia nacional? ¿Hay algún diente para impedirlo o puede maltratarla y siempre es al Estado al que le toca arreglarla? Son temas si se quiere menores, pero que no se atienden. Y el decreto y las normas tomadas mediante la emergencia social no le ponen dientes a nada. Y si sigue la deforestación, y si todo el mundo puede hacer lo que quiera en Colombia, los ríos se seguirán sedimentando y los inviernos seguirán produciendo catástrofes sin cuento.

¿Qué es lo que hace el decreto 141? Primero, digamos, no les aumenta los recursos a las CAR en proporciones sustanciales, que valgan la pena. No les da nuevos poderes para atender este tipo de problemas. Dice que hay que promover la coordinación entre ellas, pero cuando uno mira el texto del decreto, advierte que el gobierno se va a limitar a juntar unas CAR con otras para que allí donde había cinco, queden dos, pero eso nada tiene que ver con coordinar manejos de un territorio tan inmenso como el de Colombia y de ríos que nos cruzan de un extremo a otro.

Concentrar el poder en el presidente

¿Qué es lo que hace entonces el proyecto? Lo señaló la senadora Maritza Martínez. Lo que hace es darles más poder sobre las CAR al presidente de la República y a los ministros. Primero en los consejos directivos, que son los que quedan definiendo, como ya se mencionó aquí. El poder decisorio queda en manos del presidente de la República, así sea a través de ministros y otros funcionarios. Y los directores, la pieza clave de este rompecabezas, que hoy hacen parte de la autonomía de las CAR, consagrada en la Constitución, son nombrados por el consejo directivo, pero propuestos por el presidente de la República. Y hay un mecanismo que garantiza que serán funcionarios de bolsillo del jefe del Estado. En eso consiste la reforma. Ese es el verdadero almendrón de la reforma.

Ahora, cuál es el otro problema. Mencionémoslo brevemente. La reforma apunta a generar una masacre laboral, particularmente de las CAR que fusionaron. Ustedes se acuerdan cómo es el asunto. Cogen a Cardique y a la del Atlántico y la convierten en una y cogen otras tres de la zona del sur de la Costa y la convierten en otra. Desaparecen cinco y se crean dos, Bolívar queda por fuera. Esto tiene mil detalles bien discutibles en los que no me voy a detener, pero es una buena discusión por qué quedó Atlántico y no Bolívar. A lo que me quiero referir es que quedó bailando toda la estabilidad laboral de los trabajadores, porque aquí no hay reforma del Estado que no incluya una masacre laboral. Siempre acaban pagando los que trabajan, los que hacen los esfuerzos, los que recorren el Canal del Dique, los que sudan la gota. Terminan un buen día con su puesto embolatado o con su contrato embolatado por obra de estas reformas. La decisión viola además el Artículo 215 de la Constitución Política, que establece: “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores”. Y es obvio que no hay mayor desmejora de los derechos que a un trabajador le quiten su estabilidad y quede sujeto a que lo mantengan o no en su trabajo. Allí ya hay una primera inconstitucionalidad de la norma.

El decreto es inconstitucional

El decreto es inconstitucional por otras dos razones, también mencionadas por la senadora Maritza Martínez y por el informe de las comisiones que se nombraron. Primero, porque viola la autonomía de las CAR, consagrada por la Constitución. La autonomía, y no voy a leer la cita de la Corte Constitucional al respecto, tiene que ver primero que todo con quién manda y quién toma las principales determinaciones en la entidad, porque decirle a alguien que es autónomo, pero eso sí, yo le digo a usted lo que tiene que hacer, es una burla. Usted es autónomo frente al gobierno nacional, pero el director lo pone el presidente y la junta directiva la controla el presidente, y si no me funciona, yo lo destituyo o lo sanciono. ¿Qué autonomía es esa? Sobre el punto, repito, hay fallos suficientes de la Corte Constitucional.

El decreto es ilegal por otra razón tan importante como la anterior. Permítame, señora presidenta, ampliar un poco el punto. Uno de los líos en este campo es la eterna contradicción entre el negocio y el medio ambiente, una tensión inexorable. En buena medida, cuando se dota a las CAR de autonomía es bregando a darles un poco más de dientes en esa contradicción entre el negociante, que quiere olvidarse del medio ambiente, y la sociedad, que quisiera que se protegiera. Y es difícil. Una de los errores graves del gobierno anterior al juntar los ministerios fue ese, centralizar, y me temo que la reforma no va a resolver el problema. Pero es harina de otro costal.

El segundo aspecto de la inconstitucionalidad, y el artículo de la Constitución es muy claro en señalarlo, radica en que los decretos de emergencia solo pueden utilizarse para “conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de los efectos”. Aquí hay una discusión de fondo, relacionada nada menos que con la separación de los poderes. El tipo de democracia que se practica en Colombia, muy poco democrática, digámoslo con claridad, establece supuestamente que el Poder Ejecutivo es uno y el Legislativo otro y es el que hace las leyes. La emergencia social le da al presidente la potestad de aprobar leyes por encima del Legislativo, palabras mayores en el ordenamiento jurídico de un país.

Entonces qué es lo que dicen la Carta y los fallos de la Corte. Que esa situación excepcional se le da al presidente, pero dentro de muy precisas limitaciones, para que el mandatario no se aproveche de la emergencia para ir más allá suplantando al Congreso. Voy a leer un aparte de la Sentencia C-136 de 1999, un poco largo pero que explica muy bien la contradicción de la que estoy hablando. Dice: “Debe concluirse, entonces, que el Presidente de la República, quien no tiene ordinariamente a su cargo el ejercicio de la tarea legislativa, toma prestadas del Congreso las atribuciones inherentes a la misma pero sólo con la justificación de la crisis existente, por causa y con ocasión de ella, y con el exclusivo propósito de atender con la prontitud y eficiencia requeridas el imperativo urgente e ineludible dentro de su quehacer constitucional, de ofrecer solución inmediata y real a la circunstancia específica objeto de alarma, por lo cual apenas puede asumir facultades restringidas, circunscritas a ese definido y delimitado propósito, preservándose en lo demás el principio constitucional que confiere al Congreso la potestad de expedir las leyes. En todo aquello que exceda los linderos que el propio Gobierno se traza en el decreto declaratorio del Estado de Emergencia, si ejerce de hecho la función legislativa, desplazando ilegítimamente al Congreso Nacional, invade la órbita propia de éste y vulnera la Constitución”. Es clarísima la sentencia. A mi juicio el gobierno utiliza la emergencia como un pretexto para despojar al Legislativo del poder que tiene de legislar sobre las CAR de acuerdo con la Constitución Política.

El objetivo real de la reforma

Detrás de qué va el gobierno. Es un asunto que puede ser debatible, pero lo quiero plantear. Qué es lo que se mueve, cuál es el pleito entre el gobierno nacional y las CAR, por qué hay que despojar a las CAR de su autonomía. Desde luego, está de por medio el derecho a firmar los cheques y los contratos y el aparato burocrático, un aspecto que siempre será parte de estas discusiones. Pero esto va más allá. En Colombia hay una estrategia económica muy enfatizada, que es la de decir que los hidrocarburos y la minería van a salvar a este país del desastre, una tesis en la que yo no creo y que conduce a agravar las contradicciones entre los negociantes y el medio ambiente, los primeros, petroleras y mineras muy poderosas y con capacidad de afectar el medio ambiente en proporciones gravísimas. El conflicto se ha presentado en varias ocasiones. En el caso del Tolima y Bucaramanga es clarísimo. Han aparecido contradicciones entre las CAR, con su autonomía, y los deseos del gobierno nacional de darles carta blanca a las trasnacionales, como sucedió con la AngloGold Ashanti en Cajamarca y con la Greystar en el Páramo de Santurbán. Es evidente entonces que el gobierno nacional se mueve en la dirección de asegurarse de que en las CAR no se pongan trabas a estos proyectos ni que se haga nada que no quiera el presidente de la República. Se trata de despojar a las CAR de un poder que se volvió estorboso y que molesta, en esta concepción de darle a la minería el papel principal en detrimento del medio ambiente.

Les doy tres detalles: el primero, el Decreto 2820 del 5 de agosto del año pasado, un decreto del Ministerio de Ambiente, al alimón entre los dos gobiernos, que les quita a las CAR el poder que tenían sobre el manejo del agua en los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos. En el caso del Tolima es típico. Parte del pleito, y aquí hicimos un debate, es que el proyecto de La Colosa se monta en una especie de nudo de aguas que hay el departamento del Tolima entre Cajamarca y Anaime y que amenaza una porción muy grande de las aguas del departamento. Y por supuesto, la CAR del Tolima ha estado atenta y ha venido opinando, en buena parte defendiendo las aguas, y el gobierno nacional se molestó muchísimo y ha estado presionado de una manera horrible. Pues bueno, el Decreto 2820 ya les resolvió el problema a las petroleras y a las mineras.

Segundo, hay varios artículos en el Plan de Desarrollo que facilitan, a mi juicio de una manera perfectamente indeseable, el trámite de las licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente, introduciendo figuras que guardan semejanza con eso de los silencios positivos, absolutamente inadecuados en asuntos como este. Cuando son las mineras o las petroleras las que hacen los proyectos de impacto ambiental y de trámite de las licencias ambientales, andar a las volandas, que es finalmente lo que hace la reforma, resolver los problemas a la carrera y con los elementos que haya, y hacerlo por parte de los ministros del gobierno nacional, me parece un manejo absolutamente equivocado, porque estamos hablando de problemas ambientales de extrema gravedad.

Y tercero, por último, el decreto que hoy estamos analizando. Es evidente que si uno junta todo, le queda claro para dónde va el gobierno nacional.

Los desastres siguen sin resolver

Lo peor de esta historia, los desastres ambientales del invierno siguen ahí. Estuve tres días este fin de semana en Bolívar y es lamentable lo que está pasando. Cuando estuve en febrero 12, me tocó ver ahí, porque navegué por el Canal del Dique, que al Chorro de las Mestizas, entre Soplaviento y San Cristóbal, reventado en diciembre, no le habían puesto ni un saquito de arena, no le habían ni siquiera echado una palada de tierra. Y ese problema sigue ahí irresoluto. Acaba de publicar El Universal, de Barranquilla, un informe muy completo, titulado “La Depresión Momposina, inundada y abandonada”. Esta es un área muy importante del sur de Bolívar. Y dice el periódico que hay tres viejos boquetes de 400 metros cada uno por donde sigue entrando el agua del río Magdalena. ¿Qué fue lo que nos favoreció en estas semanas anteriores? Que como llegó el verano, el nivel del Magdalena bajó y los boquetes por donde el río inundaba no lo estaban haciendo. Bueno, el río ya empezó a subir otra vez. No ha comenzado en serio todavía el invierno y ya empezó a inundar. En esa zona de la Depresión Momposina están inundadas áreas inmensas de los municipios de Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, Mompox y Talaigua Nuevo. No se hizo nada en el verano para resolver el problema. Sigue ahí el reclamo de la gente que está inundada todavía por el rompimiento del Canal del Dique en Santa Lucía, Atlántico, suplicando que por favor consigan unas motobombas porque no va a salir toda el agua por gravedad, porque el río empezó subir otra vez y si no cierran los boquetes, el agua vuelve e inunda.

Y el colmo es que apenas están en los trámites. Quiero hacerles un llamado al gobierno nacional y a los ministros. No se puede manejar con tanta parsimonia y con tanta lentitud una catástrofe de semejantes proporciones. Vamos para otra tragedia anunciada. No nos sorprendamos si en abril y en mayo estamos otra vez en un lío mayúsculo. No quiero hacer aquí de profeta de desastres, pero si el problema no se atiende bien, fácilmente empata con el invierno del segundo semestre. Es así de grave como está el asunto.

Concluyo diciendo que los decretos que intervienen a las CAR no solo son inconvenientes, porque su propósito no es positivo, sino que además son por completo ilegales.

Réplica a la intervención del viceministro

Me sostengo en mi posición, porque creo que los razonamientos que hice siguen siendo válidos. En segundo término, voy a referirme, doctora Sandra Bessudo, a la preocupación que tiene la senadora Maritza Martínez con respecto a lo que va a pasar en la Orinoquia. Me parece un absurdo lo que quieren hacer allí, eso de entregarles a los monopolios y trasnacionales cualquier cantidad de tierra, disponer de los escasos recursos para hacer unas obras cuya capacidad nadie ha podido demostrar. Y también grave que un tema como este se meta como un mico en el Plan de Desarrollo. Pero como en Colombia estamos, es probable que eso lo terminen aprobando así. Llamo nuevamente al gobierno nacional a que no proceda en ese sentido, más cuando le sumamos toda la discusión sobre medio ambiente que puede hacerse en torno a ese tema.

En mi intervención principal dije que no me iba a centrar sino en lo mínimo que fuera necesario para plantear el tema de las CAR y no mencioné el tema del cambio climático. En parte lo menciono porque me autorrestringí, pero además porque pienso que estos desastres que padece el país se estarían produciendo aun cuando no hubiera cambio climático, porque el grado de destrucción medioambiental es realmente descomunal.

El otro aspecto es que cuando me referí a que no se podía convertir a las CAR en chivos expiatorios, no quise decir que no hubiera en las CAR aspectos que arreglar y situaciones y actos que uno no puede compartir, y equivocaciones. Pero el punto es que eso se utilizó de una manera indebida, que no se corresponde con la realidad, y para justificar un proyecto al que ya le hice bastantes anotaciones.

Se me olvidó mencionar la importancia que tiene haber derrotado el proyecto de minería a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, un tema en el cual, como bien lo dijo la presidenta Daira Galvis, esta Comisión estuvo bien de cerca. Nosotros estuvimos allí y es algo que debe resaltarse. Y destacar sobre todo que este fue un triunfo de la movilización y de la lucha civil de los santandereanos. Realmente es difícil encontrar un caso en el cual un pueblo con todos los sectores sociales, con toda su diversidad, se haya movilizado con un talante democrático en contra de un proyecto que el gobierno habría terminado aprobando de no haberse presentado esa movilización.

Por último, una preocupación que tengo, doctora Bessudo y viceministro. Lo que van a hacer ustedes hacia adelante en lo que podemos llamar la reconstrucción de las zonas inundadas. Estuve el domingo muy temprano en Gambote, ese corregimiento que queda debajo de un puente muy grande ya casi llegando a Cartagena, en el municipio de Arjona, sobre el Canal del Dique. Hay una especie de pánico entre la población, porque a ellos lo que les han dicho de manera medio informal es que los van a sacar de ahí hacia un lugar situado no sé cuántos kilómetros más allá. Pero resulta que ellos son pescadores. Entonces sacar a un pescador del lado del río no deja de ser una solución bastante sospechosa. No conozco los argumentos, pero llamo la atención en el sentido de que no se vayan a aplicar en la reconstrucción criterios de buldózer, como los llamamos los arquitectos, que consisten en hacer caso omiso de todo y llegar a imponerles a las gentes una solución que no corresponde. Aquí se trata de comunidades cuya vida es el río. Lo que hay que ver es cómo somos capaces de resolverlo para que puedan seguir al lado del agua, pero que no se inunden en los inviernos y que tengan unas condiciones satisfactorias.

Moir