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La Suprema Corte de Justicia de Colombia decidió ayer (18) invalidar los procesos que se basaban en documentos extraídos de las computadoras de Raúl Reyes, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), muerto en marzo de 2008 durante un bombardeo en Ecuador.

Después de su muerte, correos electrónicos y archivos de Word fueron usados ampliamente como base de datos para realizar denuncias. Según la Corte, el material extraído de las computadoras fue obtenido de manera ilícita por militares, ya que deberían haber sido aprehendidas por la policía judicial, y por eso, no se puede usar como prueba legal.

Otro argumento utilizado por la Corte fue el hecho de que el bombardeo en territorio ecuatoriano violó un acuerdo entre los dos países. Según el Tribunal, para la incursión de las tropas colombianas, el gobierno de este país debería tener una autorización del gobierno ecuatoriano.

Además, ninguna autoridad colombiana “sostuvo, respaldó o corroboró el contenido de los correos en el curso del proceso”, resalta la decisión del Tribunal de Justicia. Entre los funcionarios entrevistados por los magistrados y que no dieron elementos para dar validez a estas pruebas se encuentran el ex-presidente colombiano Álvaro Uribe y el director de la Policía, general Óscar Naranjo.

Basado en estas consideraciones los magistrados decidieron rechazar las actuaciones legales que estaban en curso contra el ex-representante de la Cámara del Congreso por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja, denunciado de tener vinculaciones con el grupo guerrillero. El nombre de Borja habría sido mencionado en 45 mensajes encontrados en los archivos de las computadoras de Reyes. Al saber de la decisión de la Corte, Borja anunció que reclamará ante el Estado y el ex-presidente Álvaro Uribe por los perjuicios y daños que sufrió a causa de la investigación.

Ésta y otras denuncias contra funcionarios públicos y líderes regionales comenzaron a surgir después del secuestro de las computadoras. Además de Wilson Borja, se destacan también los casos que involucran a las ex-senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, acusado de financiar a las FARC, y también al presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusado de haber recibido financiamiento y apoyo político de la guerrilla en su campaña presidencial de 2006. Estas acusaciones fueron llamadas operación ‘Farcpolítica’.

El pronunciamiento de la Corte de Justicia se produjo una semana después que el Centro Británico de Estudios Estratégicos publicó la totalidad del contenido de las computadoras, lo que reencendió la polémica sobre las supuestas relaciones de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa con las Farc.

Para los magistrados, los documentos usados hasta entonces como pruebas para estas denuncias no deben más ser considerados como legales por las instancias de justicia, ya que existen indicios de copias, alteraciones y manipulación de las informaciones, en documentos de Word. En algunos casos, las fechas de los documentos están desordenadas y algunas veces hasta colocadas en un futuro.

Después de saber de esta decisión, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció en Managua, Nicaragua, donde está participando del Forum de San Pablo, diciendo que ‘la fábula envenenada que trataron de crear (…) está llegando al final de su historia”. Maduro aprovechó la ocasión para afirmar también que su país no está construyendo ninguna base de misiles. “Es una mentira extravagante, que nosotros rechazamos”, declaró, diciendo que eso debe tratarse de una campaña de desprestigio contra el gobierno.

Con informaciones de agencias.

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=56660