Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Comunidades y Organizaciones colombianas solicitan intervención de Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kin Moon, para proteger derechos de las víctimas y el derecho a la Paz

Bogotá, D.C. junio 9 de 2011

Señor

BAN KI-MOON

Secretario General de las Naciones Unidas

Ciudad

Ref: Solicitud de intervención sobre la ley de víctimas y el derecho a la paz

Reciba nuestro respetuoso saludo por su visita a Colombia.

Nuestro mensaje es en memoria de nuestros ejecutados extrajudicialmente, torturados y desaparecidos forzados, de nosotras y nosotros que hemos vivido o estamos en condición de desplazamiento forzado, del despojo violento y de la persecución judicial, crímenes que reflejan un modo de persecución y de exterminio en el que está comprometidos estructuras estatales desde la década de los 70.

Somos parte de la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado, de Colombianas y Colombianos por la Paz y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, familiares, comunidades y organizaciones que suscribimos esta comunicación con la esperanza que nuestras valoraciones sean tenidas en cuenta en ese mundo de decisiones en que no somos escuchados pero que nos afectan sustancialmente. Pues como ha ocurrido en la ley de víctimas, nuestras propuestas, nuestras inquietudes no fueron sustancialmente consideradas ni debatidas ni pudimos participar.

Hemos manifestado públicamente que la Ley de víctimas y de restitución de tierras ha sido un avance que nace de la presión de las víctimas, de nuestra visibilización, de nuestras diversas formas organizativas y expresiones, entre ellas este grupo, sin las cuales el gobierno no nos tendría en su agenda.

Hoy somos reconocidos como sujetos históricos, hemos logrado romper el desconocimiento y la exclusión que se ha generado con la impunidad política y la impunidad social con que hemos sido gobernados en los últimos 60 años y como culturalmente se nos quiere definir en el presente y el futuro desde el olvido y la marginalidad.

La Ley de víctimas, a pesar de sus avances, no reconoce explícitamente que hay responsabilidad estatal en la comisión de crímenes, muchos de ellos de Lesa Humanidad. Nuestras comunidades han sido blanco de operaciones estatales cubiertas y encubiertas a través del paramilitarismo, sin ser parte de los grupos armados disidentes de las FARC o del ELN. Nuestras comunidades habitan o han sido desplazadas en donde se ha desarrollado el conflicto armado interno entre las fuerzas regulares y las guerrillas. Nuestras comunidades son parte de los sectores de marginalidad y de exclusión nacional, recordando que nuestro país ocupa el deshonroso 4to lugar en el mundo en desigualdad.

El paramilitarismo continúa existiendo, sus operaciones pretenden ejercer no solo represión contra nuestros líderes o con quienes de las comunidades nos les enfrentamos para defender los territorios, nuestras apuestas sociales, políticas, ambientales y económicas. Los paramilitares pretenden imponer el control social territorial sosteniendo que debemos sembrar palma, banano, coca y debemos aceptar operaciones mineras y petroleras nacionales o multinacionales. Por eso, se nos continúa amenazando, se nos persigue y a muchos se nos quiere enviar a las cárceles injustamente.

Curiosamente donde los paramilitares realizan esta función hay una fuerte militarización de nuestros territorios con presencia de batallones Especiales Energéticos y Viales, de Alta Montaña y de Selva, brigadas militares como la 2,7, 17, 27, 29, brigada Móvil 13, Fuerza Naval del Sur.

La Ley no resuelve los problemas de fondo que continuamos viviendo las víctimas que estamos siendo re victimizadas. Una y otra vez en los territorios que habitamos o en los que nos encontramos desplazados, observamos y experimentamos la existencia del conflicto armado, ninguna de las partes ha sido derrotada. Los enfrentamientos entre la fuerza pública que propicia y opera al lado, tolera las operaciones de los paramilitares que se hacen llamar “Rastrojos”, “Águilas Negras” y las guerrillas se han incrementado. Estas nos han afectado.

Se avanza en que reconoce explícitamente que existe un conflicto armado pero el mismo continúa viéndose como una lucha institucional contra el terrorismo, desconociendo con este argumento que esta guerra interna no nace de una irracionalidad y que tenemos derecho a la paz. Lo grave además, es seguir pensando la Ley de víctimas con esa mentalidad de la lucha contra el terrorismo como lo gestó Álvaro Uribe Vélez, Así se ha desconocido nuestro carácter de población civil, que nosotros somos civiles, y que no somos terroristas.

Así con esa mirada, se nos ha judicializado en montajes a las y los habitantes afrodescendientes de Consejos Comunitarios Menores de Curbaradó y de Jiguamiandó, de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica – CAVIDA en el departamento del Chocó, al Pueblo Indígena Nasa de Putumayo, a la Comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ en el departamento del Meta, se nos ha detenido injustamente, se nos trata en cárceles de máxima seguridad, negando nuestros derechos. Pero también con esa marca de terroristas, hemos sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Putumayo, en Nariño, en Inzá Cauca, en Tolú Viejo Sucre, Meta.

No se resuelve el problema del despojo violento de la tierra por operaciones paramilitares, pues la Ley de víctimas en su acápite de restitución no distingue entre restitución y compensación. Con un agravante mayor, los Planes Nacionales de Desarrollo definen en muchos casos nuestros territorios como parte estratégica de agronegocios o de operaciones extractivas, que eran o son las mismas que los victimarios y sus beneficiarios empresariales proyectaron o iniciaron en nuestros territorios o que se concesionaron con corrupción y desconociendo nuestros derechos. Estos planes en lo concreto desestimulan la habitación rural de nosotros mestizos, afros e indígenas pues se privilegian la iniciativas empresariales sobre las de cultivos tradicionales, excedente para mercados locales y nacionales y las operaciones extractivas sobre la protección y conservación comunitaria y pública del agua, de los diversos ecosistemas.

Prueba de ello, es la pretensión de excluir parte de los departamentos de Putumayo y Cauca de la región del Amazonas colombiano como lo proyecta el Plan de Desarrollo Nacional que está impulsando el actual gobierno, en la “perspectiva del desarrollo regional a partir de definir zonas homogéneas en sus condiciones de desarrollo endógeno” (DNP, 2010), o el impulso al IIRSA, que pasan por alto a los pueblos indígenas y afrodescendientes de esta región quienes acorde al Convenio 169 de la OIT que tenemos que ser consultados.

En nuestros territorios donde se encuentra hoy la violencia socio política las comunidades enfrentamos graves problemas territoriales producto de la incursión de empresas nacionales y multinacionales, algunas de ellas, beneficiarias del paramilitarismos, para la extracción minería, el petróleo, el agua y la biodiversidad, desconociendo los principios que las Naciones Unidas han ido formulando sobre su intervención en países y naciones.

Parte de estos recursos estratégicos son parte de las políticas del nuevo gobierno conocidas como “las locomotoras del desarrollo”, que insistimos desconocen nuestros derechos, que nos hacen víctimas de un modelo de desarrollo que destruye las fuentes de vida humana y de la naturaleza. La lamentable coincidencia que en mucha de estas regiones se ha desatado la violencia estatal con el desconocimiento de tratados y convenios internacionales, de la Constitución de 1991 para propiciar el “desarrollo”. Estos crímenes se encuentran en la impunidad y están lejos de ser sancionados, justo cuando algo de justicia se ve, el propio presidente cuestiona los fallos judiciales o los organismos de seguridad y de la fuerza pública los desconocen sosteniendo montajes judiciales, los que benefician a empresarios que obran de mala fe.

Igualmente, el congreso de la República tramita el proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal que hace inviable las garantías plenas para la restitución con apoyo financiero para el arraigo territorial y el estímulo al retorno a más de 4 millones de desplazados internos. Durante este gobierno la situación de desplazamiento forzado se ha mantenido sin respuesta integral como el caso de la comunidad Nonam y de la comunidad de Argelia, bebés indígenas desplazados han muerto por la ausencia de respuesta gubernamental. Mientras tanto la ley de víctimas va en retroceso de decisiones constitucionales y de la propia Ley 387 de atención a desplazados.

El trasfondo economicista de la ley pretende asumir como parte del proceso de indemnización la asistencia humanitaria y desconoce los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional. Esta mirada niega las posibilidades ciertas de democratización de los medios de información para la memoria colectiva derechos fundamental. La ley contempla la Constitución de un Centro de Memoria sin las víctimas, sin nuestra participación, deliberación y consentimiento. Hoy se convierte en derecho la estabilidad financiera y económica, la protección empresarial de unos pocos, en detrimento de los derechos a la salud, a la educación, a la economía campesina.

La deuda histórica y moral, como lo ha expresado el presidente Juan Manuel Santos, con la verdad, con la justicia y la reparación a las víctimas de la guerra del Estado no es reconocida y no se resolverá con la Ley. Se requiere una voluntad política para el diálogo político con las guerrillas, pero también con las diversas comunidades, organizaciones de base, que venimos de tiempo atrás construyendo apuestas democráticas de decisión, de protección territorial, de producción agroecológica y de memoria histórica y dignificación. Se requiere un cambio de fondo de la mentalidad que permea un amplio sector de las fuerzas militares, policiales y de agencias de seguridad.

La deuda histórica y moral debe llevarse a cabo con la implementación integral y no parcial de los predios usurpados, que no son 2 millones de hectáreas, sino cerca de 7 millones. La situación de Curbaradó y Jiguamiandó con operaciones paramilitares conocidas por la brigada 17 y los intereses empresariales que se apoyan en el crimen, gremios como Banacol y sectores sindicales de la CGT que desconocen la realidad están llevando a hacer inviable la restitución, que es más que un problema legal. Pero la situación del 10 en RíoSucio, de Blanquicet en Turbo, de La Alemania en Sucre, Santa Rosa de El Limón en Vigía de Curbaradó, reflejan que la restitución es una quimera pues se está protegiendo a los victimarios o no hay voluntad o capacidad suficiente de enfrentar a los beneficiarios de la violencia paramilitar que se tomaron las tierras

Además, la respuesta del gobierno debe contemplar la titulación de predios no reconocida a las comunidades afrodescendientes del bajo Naya en el departamento del Valle; el reconocimiento jurídico del territorio a 22 cabildos del Pueblo Nasa del Putumayo quienes vienen solicitándolo insistentemente desde el año 2007; el saneamiento de la propiedad en el Ariari donde se pretende una privatización de las fuentes de agua y operaciones extractivas

La Ley no va a resolver el problema histórico de la tierra, porque otras disposiciones legales van a profundizar la exclusión. Somos el 4to país en desigualdad, la destrucción ambiental y la negación de los derechos democráticos por la ausencia de consultas previas, en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 o proyectos inconsultos contra derecho y con graves afecciones sociales, ambientales y mundiales. La operación extractiva por la Muriel Mining, ahora, la Río Tinto y la canadiense Sundward en el Cerro Sagrado del Pueblo Emberá Katío de Alto Guayabal; la Transversal de las Américas en Cacarica; en el Norte del Chocó afectando a la comunidad Embera de Chidima y Pescadito, por el IIRSA en el norte del Chocó; la entrega explotación petrolera de 22 mil hectáreas en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica en Puerto Asís, Putumayo por las empresas Vetra Colombia S.A. y Amerisur,; los pueblos del Alto Putumayo con la construcción de la variante Mocoa – San Francisco que hace parte del corredor multimodal Tumaco – Belem do Pará que fue entregada en concesión al Consorcio Vial del Sur integrada por las empresas Sonacol S.A., Cass Constructores & CIA, CSS Constructores, Construcciones el Cóndor S.A y Puentes y Torones S.A., desconociendo la presencia de los pueblos indígenas Inga y Kamentsá; proyecto de infraestructura vial de la cuarta salida al mar pacifico, construcción de hidroeléctrica en Argelia, en Inza y Sucre, Ullucos, intereses de la Anglogold Ashanti explotación de recursos mineros,

La aprobación de la ley en diversos artículos contraría el derecho internacional de los derechos humanos, los principios internacionales sobre la memoria y el derecho a la verdad, los principios sobre restitución y de lucha a la impunidad. La negación histórica de la violencia estatal, de las víctimas del despojo antes de 1991 y de víctimas antes de 1985, el desconocimiento de derechos de los desplazados consagrados en la ley 387, así como, la implementación de proyectos de ley como de seguridad ciudadana, ajuste fiscal, regalías, o leyes de transición es un retroceso en materia de los derechos de las víctimas sin exclusiones, la continuidad de la guerra interna, de las operaciones paramilitares y de protección empresarial indebida y de mala fe, son factores estructurales que harán que este momento histórico ahonde las posibilidades de una democracia social, una democracia ambiental, una democracia donde todas y todos seamos reconocidos en nuestra dignidad.

En tal sentido, señor Banki Mon, le llamamos a asumir un rol activo frente a la necesidad de una transformación de aspectos sustanciales de la ley de víctimas en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz que usted puede salvaguardar.

De toda consideración,

Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó

Juntas de Acción Comunal del Picudo-Putumayo