Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Miembros de la Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN por sus siglas en Ingles) verificó ayer la presencia de tres de las ocho retroexcavadoras presentes en la zona, que la Red denunció en su comunicado del 20 de Julio. Como parte de una delegación internacional para verificar la actividad ilegal, ACSN presenció una de las retroexcavadoras trabajando ilegalmente, (ver la foto abajo), en la localidad de San Juan, municipio de Suarez, área de La Toma.

Reporte de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)*

ACSN Respalda los Resultados de La Misión de Verificación en La Toma

Miembros de la Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN por sus siglas en Ingles) verificó ayer la presencia de tres de las ocho retroexcavadoras presentes en la zona, que la Red denunció en su comunicado del 20 de Julio. Como parte de una delegación internacional para verificar la actividad ilegal, ACSN presenció una de las retroexcavadoras trabajando ilegalmente, (ver la foto abajo), en la localidad de San Juan, municipio de Suarez, área de La Toma. El grupo de verificación observo tambien la presencia de dos retroexcavadoras más en las proximidades al área que no parecen estar en operación.

La misión de verificación estuvo conformada por representantes nacionales e internacionales y fue organizada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), Grupo de Protección (GTP), la Corporación Sembrar, NOMADESC, PCS y la Corporación Norte Sur. ACSN verificó no solo la presencia ilegal de esta  Maquinaria sino también la presencia de trabajadores e intensa actividad de excavación a algunos metros del Río Ovejas en San Juan. Esta maquinaria y minería ilegal viola la Sentencia de la Corte Constitucional 1045A, por la cual la Corte declara ilegal toda actividad minera por fuera de las prácticas ancestrales tradicionales de las comunidades y demanda que el Consejo Comunitario sea consultado y se obtenga su previo consentimiento antes de cualquier actividad minera foránea. Es también una violación a la Ley 685, Código minero colombiano, que establece que no debe haber actividad minera a menos de 600 metros de una fuente de agua. ACSN pudo confirmar intensa actividad de excavación, como lo muestra la foto abajo en la propia margen del Rio Ovejas, única fuente de agua para las comunidades del área. La falta de una acción ejecutiva y seguimiento inmediato por parte de las autoridades es una violación de la ley y de la Sentencia 1405-A, que ha permitido no solo que los mineros permanezcan en el área sino también en actividades mineras ilegales.

La misión fue informada por uno de los trabajadores encontrados en el área de minería ilegal en San Juan, que los mineros han estado esperando por la orden del Alcalde para evacuar la maquinaria. De acuerdo con esta persona, el alcalde ha estado muy ocupado para sacar la orden. El Consejo Comunitario y autoridades indígenas también están esperando por la orden que el Alcalde de Suárez prometió en Junio 15, durante una Mesa Minera (reunión con la comunidad para discutir la problemática minera), para desalojar de las comunidades mineros ilegales y sus maquinarias, cuya presencia ilegal se había reportado en mayo.

La falta de una orden ejecutiva y la acción inmediata de las autoridades para hacerla efectiva, es una violación de la ley y de la Sentencia 1405-A, que ha permitido no solo que los mineros permanezcan en el área sino también en actividad minera ilegalmente. Después de inspeccionar el área donde se esta dando la minería ilegal, la misión se reunió con el Personero Municipal de Suárez quien expreso que las autoridades locales no tienen la capacidad ni los recursos para atender la situación. Irónicamente, el año pasado las autoridades municipales fueron muy diligentes en movilizar fuerzas de policía para desalojar a los mineros tradicionales de sus tierras, protegiendo los intereses de un minero foráneo que clamaba derecho sobre las tierras de las comunidades, sobre los derechos de estas comunidades Afrodescendientes asentadas desde1636.

ACSN y otras organizaciones de derechos humanos y ambientales como Censat Agua Viva de Colombia, han hecho seguimiento a la continua presencia ilegal de las retroexcavadoras en el área de La Toma. En Mayo, otra misión verifico la presencia de cuatro retroexcavadoras que entraron ilegalmente, sin ninguna respuesta de las autoridades para prevenirlo.

La Red de Solidaridad Afrocolombiana deplora la falta de acción por parte de las autoridades locales y nacionales para atender esta crítica situación que no solo esta causando severo daño ambiental sino también problemas de seguridad y estigmatización para los miembros del Consejo Comunitario y sus líderes.

Más aun, ACSN esta profundamente preocupada por la seguridad de los líderes y miembros del Consejo Comunitario que continúan recibiendo amenazas de muerte por defender los derechos de las comunidades y el cumplimiento de la ley.

Hasta el momento, no hemos conocido de ninguna investigación seria sobre estas amenazas y, como se confirmo durante la misión de verificación, no hay una respuesta efectiva de ninguna de las autoridades responsables remediar esta terrible situación.

Como Red que ha venido monitoreando la violación de los derechos en La Toma y ha reportando constantemente esos abusos, urgimos a las autoridades competentes nacionales por lo siguiente:

-Asegurar que las autoridades del municipio de Suárez cumplan de manera inmediata y efectiva con la Sentencia de la Corte Constitucional 1045-A y el Auto 005 del 2009, con el fin de detener la actividad minera ilegal y proteger la integridad de los lideres, de la población y los derechos de las comunidades.

-Que el Ministerio del Interior y la Oficina de Asuntos para Comunidades Afrodescendientes deben actuar de manera diligente para garantizar la protección de las Comunidades y personas amenazadas y a las autoridades competentes adelantar la investigación de estos hechos y llevar a los responsables frente a la justicia.

-Que la Fiscalía General de la Nación investigue y penalice a todas las personas implicadas en la minería ilegal en el área de Consejo Comunitario de La Toma.

-Conducir una investigación disciplinaria exhaustiva de las autoridades municipales y nacionales que han fallado en su obligación hacer cumplir la ley y de proteger los derechos de las comunidades Afrodescendientes de La Toma, en la municipalidad de Suárez.

-Finalmente ACSN aspira a que el Gobierno Colombiano tome seriamente el problema de la minería ilegal no solo en La Toma sino también en todos los territorios Afrodescendientes donde se presenta este problema. Las autoridades locales y nacionales deben cumplir con la Orden 005 del 2009 y la Sentencia 1405-A de la Corte Constitucional, las cuales definen claramente las vías y mecanismos para asegurar resolver el problema de la minería ilegal, proteger a la vida y derechos de las comunidades y sus lideres y proteger la integridad física y cultural de las comunidades Afrodescendientes.

CONTACTO:

Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603;

charominarojas@gmail.com

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org

_______________

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos

Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago

(CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo

Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo

Escobar.

English:

Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)* Report

July 28, 2011

ACSN Supports Findings of Verification Mission to La Toma

On July 25, 2011, members of the Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) participated in an

international mission that confirmed the presence of three of the eight excavators in the area of la

Toma. ACSN denounced their presence in a July 20 statement. The international delegation

witnessed one of the excavators in operation (see picture below) in San Juan, in the municipality of

Suarez, area of La Toma. The verification team also observed two other excavators in the immediate

area that seemed not being operated at the time.

The verification mission consisted of Colombian and international representatives and was organized by the

Black Communities’ Process (Proceso de Comunidades Negras, PCN), Protection Group (Grupo de Proteccion GTP),

Corporación Sembrar, NOMADESC, PCS and the North South Institute. The delegation not only verified the presence of

this machinery, but a group of workers and intensive digging activity by meters from the Ovejas River in San Juan.This

machinery and illegal mining violates Constitutional Court Sentence 1045-A which declares as illegal any mining activity

aside from the traditional ancestral mining practice of the communities, and demands that the Community Council of La

Toma must be consulted and provide consent prior to any foreign mining activity. It is also a violation of Law 685,

Colombia’s mining code, which declares that mining activity is illegal within 600 meters of a source of water. The delegation

confirmed the existence of illegal mining, as the picture shows, on the margin of the Ovejas River, the only source of water for

communities in the area. The mission was informed by one of the workers in the illegal mining area of San Juan that the

miners have been waiting for the order from the Mayor of Suarez to remove the machinery from the area. However, according

to the worker, the Mayor has been too busy to issue the order. The Community Council and Indigenous authorities are also

waiting for an order that the Mayor of Suarez promised to issue on June 15th during a Mesa Minera (meeting to discuss the

mining issues in the municipality), to evict the illegal miners and their machinery that were reported illegally present

in La Toma in May.

The lack of executive actions and immediate actions and follow up by the authorities is a violation of the law and the Sentence

1405A that has allowed the miners to not only remain in the area but also to be actively engaged in illegal mining. After inspecting

the site of the illegal mining, the mission met with the spokesman of Suarez (Personero Municipal) of the municipality of Suarez,

who expressed that the local administration does not have the capacity and resources to halt the situation. Ironically, last year, the

municipal authorities were very diligent to mobilize police forces to evict traditional miners from their lands to protect the interest of

a foreigner, who claimed rights to the communities’ lands, over the rights of those Afro-descendant communities settled since 1636.

ACSN and other human rights and environmental organizations such as Censat Agua Viva of Colombia, have been following up on

the illegal presence of excavators in the area of La Toma. In May, another mission verified the illegal presence of four excavators that

were brought to the area without any response from the local authorities to prevent it.The Afro-Colombian Solidarity Network deplores the lack of action on behalf of the authorities at the local and national levels, to address these critical issues that are causing severe environmental damage, security problems and stigmatization to the Community Council members and leaders. Furthermore, ACSN is deeply concerned for

the security of the Community Council members and leaders who continue receiving death threats because of their advocacy for the rights

of the communities and the adherence to the rule of law. So far, we don’t know of any serious investigation of these threats and as it was confirmed during the verification mission, there has not been an effective response from any the authorities responsible to remedy this outrageous situation.

As a network that has been monitoring the violation of rights in La Toma and constantly reporting on such abuses, we strongly urge the Colombian national authorities to do the following:

– Ensure that the authorities in the municipality of Suarez comply immediately and effectively

with the Constitutional Court Sentence 1045-A and Order 005/2009, to stop the illegal mining

activity and protect the integrity and rights of leaders and community.

– The Minister of Interior and the Office of Afro-descendant Affairs, to act diligently to ensure

the protection of the communities and the persons threaten. The proper authorities must

investigate this situation and bring to justice those responsible.

– The Attorney General Office to investigate and penalize all the persons implicated in the

illegal mining in the area of the Community Council of La Toma.

– Conduct a thorough investigation of the municipality and national authorities that have fail

their obligations to reinforce the law and protect the rights of the Afro-descendant

communities of La Toma in the municipality of Suarez.

Finally, ACSN expects that the Colombian government take seriously the issue of illegal mining

affecting not just La Toma but all Afro-descendant territories where mining is an issue. The local and

national authorities must comply with the Constitutional Court Order 005 of 2009 and the Sentence

1405-A that clearly define the ways and mechanisms to ensure remedies to the illegal mining, protect

the communities and leaders lives and rights, and the physical and cultural integrity of the Afrodescendant

communities.

CONTACT:

Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603;

charominarojas@gmail.com or Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org

*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA),

TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on

Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland

Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international

observer