Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Cuando el doctor Juan Camilo Restrepo, frente a empresarios extranjeros, recuerda que de las 21,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura que tiene Colombia, sólo se utilizan 4,4 millones, está expresando ni más ni menos, el enorme bache que existe entre el diagnóstico objetivo de la situación del sector agropecuario nacional y las políticas y realidades anteriores y actuales que estancan su desarrollo.

Si en 2010, pleno ascenso de los precios de los alimentos, agrocombustibles y materias primas como el algodón, el capitalismo agropecuario no floreció en el campo colombiano no fue por falta de promociones para que más inversionistas extranjeros llegaran al país a aprovechar una coyuntura tan favorable para una avalancha de inversiones, con tanta tierra apta disponible.

La verdad, el sector agropecuario colombiano ha estado aprisionado entre la espada del crecimiento de las importaciones y la pared de los altos precios de la tierra provocados por el incremento de la concentración de la propiedad, en medio de la violencia y el ejercicio del poder local por grupos violentos. Desafortunadamente, durante el primer año de Gobierno del presidente Santos, los factores que atrapan al sector se mantuvieron e impidieron que aprovechara la situación del mercado para lograr un despegue real.

Solamente desde los trimestres primero de 2010 y el cuarto de 2011, la agricultura colombiana y en particular los cultivos transitorios, reaccionaron positivamente al alza de precios, comenzando a recuperarse. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, los cereales habían reducido su producción en 18% el tercer trimestre de 2010 y durante 2009 y 2010 el valor agregado en el sector se redujo 1,1 y 0,4% respectivamente. Durante el primer trimestre de 2011 el valor agregado aumentó, pero apenas 1% cuando para el conjunto de la economía se incrementó 4,3%.

Por otra parte, en los territorios rurales, la prioridad sigue siendo la minería. Si durante 2010, el sector agropecuario no creció, mientras la industria crecía 4,9% y la minería 11,1%, durante el primer trimestre de 2011 el producto agropecuario se incrementó 1,1% mientras el industrial aumentó 3,5% y el minero 6,3%.

Entre enero y mayo de 2011, mientras las exportaciones agropecuarias aumentaron 14,9% las importaciones de este sector se incrementaron en 44,2%. La coyuntura de altos precios internacionales resultó entonces afectando negativamente a Colombia. Esto se debió, también, a que continuó la revaluación del peso agravada por los decretos 4114 y 4115 de 2010 que rebajaron los aranceles de peces y algunas carnes, frutas y granos, como quitarse el saco y la camisa en pleno invierno.

Parece que el diagnóstico sobre la situación crítica del sector agropecuario colombiano, centrado en la baja competitividad, atiende más a los síntomas que a las causas del mal. Dos cuestiones centrales a atender como son la protección de la producción nacional y la muy alta renta de la tierra, han sido descuidadas.

Antes de ser presentado el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministro de Agricultura sorprendió gratamente al país con análisis diferentes, que destacaban por una parte, como un problema, la alta concentración de propiedad de la tierra y sus consecuencias para el mal uso del suelo rural y por otra, la necesidad de reconocer el aporte del campesinado a la economía nacional. Esto contrataba notoriamente con la visión de la administración anterior, que negaba explícitamente el papel del campesinado en el proceso de desarrollo y afirmaba a la gran propiedad y a la gran empresa como las únicas salidas.

La caída por inconstitucional del Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, precedió al actual Gobierno y ayudó a rehacer al Incoder, por el Estatuto al desmembramiento e impotencia. Además la nueva administración del Incoder ha contrastado con las anteriores. El Incoder salió de las tinieblas y recuperó un funcionamiento sano, constituyó 22 resguardos indígenas y 3 territorios colectivos, después de dos años que los supuestos sustitutos del instituto no constituyeron ni uno. Un “plan de choque” permitió titular tierras a colonos, principalmente en Vichada y también en Arauca, Putumayo y Santander. Comenzaron los estudios para constituir 5 reservas campesinas. Si a esto se le suma la reorientación del tristemente célebre Agro Ingreso Seguro, para tratar de llegar a un amplio número de beneficiarios y distribuir más los recursos, la situación prometía alguna mejoría.

Pero, ¿qué ha pasado? El Plan Nacional de Desarrollo en su conjunto significó un continuar modelo hostil a la recuperación del sector agropecuario. Al insistir en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, despreciar la soberanía alimentaria, negarse a proteger la producción nacional y mantener la prioridad para la minería, mantuvo el marco que ha permitido que las importaciones arruinen a los productores y el territorio rural se destine a fines mineros, petroleros y energéticos.

El Plan Nacional de Desarrollo aprobó la llamada “flexibilización” de la Unidad Agrícola Familiar. Esto significó renunciar a corregir el flagelo de la alta renta de la tierra y buscar saltar por sobre los precios de la tierra, trasladando a grandes inversionistas, tierras tituladas o subsidiadas por el Incoder. Por ejemplo, los colonos del Vichada han recibido sus escrituras, pero con la norma del Plan, los inversionistas tienen un camino para comprarlas. Colonos de décadas serán suavemente desplazados, los inversionistas comprarán relativamente barato y al otro día tendrán tierras mucho más caras. Además en el caso del Vichada las UAF aprobadas son de 1.200 hectáreas cada una. El interés prioritario del inversionista pasará a ser la especulación con la tierra, mal de la economía y la sociedad que se acrecentará y será sostenido por intereses ahora más poderosos. Es una pena.

Una diferencia entre el actual y el anterior Gobierno fue abrir paso a la ley de víctimas y al reconocimiento al derecho al reintegro de las tierras de los deslazados-despojados. En algunos casos, ese reintegro comienza a concretarse, pero en gran parte del país los grupos violentos y el asesinato de los líderes campesinos lo impide. Unas normas legales que afiancen el derecho al reintegro son indispensables. Pero todo regreso a normas y políticas basadas en los prejuicios sobre la necesidad de entregar tierras a los grandes inversionistas o legalizar el despojo, atentan contra el reintegro y generan más desplazamiento de campesinos, indígenas y afros.

Sigue el episodio de la ley general de tierras y desarrollo rural. Nuevamente los redactores del Estatuto Rural parecen tener la batuta. Insisten y profundizan en normas que sutil y certeramente legalizan el despojo, como validar escrituras no originarias en el Estado, fabricadas hasta 2001; legalizar la falsa tradición; desconocer la diversidad cultural para dificultar la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos y territorios colectivos e impedir constituir reservas campesinas en zonas de propiedad privada  dentro de la frontera agrícola…

Otro signo negativo ha sido la resolución 970 de 2010, que pretende impedir y criminalizar la reproducción de semillas propias por los agricultores. Normas como esta vienen siendo aprobadas desde el Gobierno pasado, contra las gallinas campesinas, la panela artesanal, la leche de cantina… pero golpear las semillas propias es un extremo intento de dejar solamente en pie a las grandes empresas transnacionales.

Queda la esperanza que el Gobierno y el Congreso tomen otro rumbo, si así lo consiguen la movilización civil de las comunidades rurales y el apoyo de los sectores urbanos, que saben que del bienestar de los campesinos, indígenas y afros dependen el pan de cada día, la soberanía alimentaria, el empleo y la armonía de las ciudades. Hay que recordar como los campesinos e indígenas lecheros han conseguido detener las medidas que impedían la comercialización de su producto y cómo se pronunciaron contra el TLC con la Unión Europea. La movilización civil puede conquistar cambios.

La situación internacional es crítica, por la crisis económica de los países desarrollados. No se puede perder más el tiempo. Es el momento  de un cambio real y de fondo en la política rural y la economía agropecuaria en Colombia.

Héctor Mondragón

Grupo de Agricultura y Comercio de la Alianza Social Continental

Edición N° 00266 – Semana del 5 al 11 de Agosto de 2011

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0266/articulo10.html