Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El presidente Juan Manuel Santos, enfáticamente, ha anunciado cambios en el actual sistema de salud y de paso sentenció que: “La salud es un derecho, la salud no es un negocio”. Sin embargo, de sus palabras a los hechos hay una gran distancia y lo mismo no parece estar pensando y haciendo el ministro Santamaría, quien lejos de planear acabar con el negocio (que se montó con la ley 100 de 1993), pretende es concentrarlo en unas pocas EPS.
La reforma a la salud que se anuncia, por medio de la reglamentación de la ley 1438 de 2011 y de las facultades extraordinarias que tiene el Presidente para reformar el Estado, está relacionada por otras reformas normativas que, puestas en conjunto, nos dan idea clara de lo que se puede esperar en este campo.

Por ejemplo, la enmienda constitucional que declaró criterio fundamental el equilibrio fiscal y la propuesta de reforma a la justicia, son iniciativas que persiguen claramente menoscabar el instrumento que con mayor eficacia ha garantizado la salud a millones de colombianos: la acción de tutela, y debilitar a la única Institución que ha velado por el derecho de los usuarios, a través de su garantista jurisprudencia: la Corte Constitucional.

Esto, dado el vacío institucional que en materia de salud vive el país, donde es a la Justicia, especialmente por la vía de la Tutela, a donde acuden las personas a quienes se les vulneran sus derechos de forma criminal por las EPS. Ya que, para nadie es un secreto, que el Ministerio de la Protección Social (cuyo nombre da risa), se dedicó a beneficiar a los grandes empresarios, muchas veces de forma corrupta y en desmedro de los derechos de los usuarios de la salud y los trabajadores;  la Superintendencia de Salud, más allá de haberse involucrado en escandalosos episodios durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasó de agache para frenar la escalada de violaciones que perpetraron las EPS a los colombianos y sancionar el aprovechamiento mafioso que, de los recursos de la salud, hizo esa clase empresarial corrompida en el marco de la ley 100.

Lo anterior hace que el panorama de reforma a la salud no sea nada alentador, más, cuando el ministro Santamaría ha sido señalado de propiciar que algunos de los empresarios, que desfalcaron billonariamente el sistema de salud, hayan influido en la redacción de la reforma; mientras que la misma se redactó y se reglamenta de espaldas a los usuarios, la comunidad médica y científica, las universidades y el país; que aún ni siquiera, conocen la propuesta del nuevo Ministerio de Salud, entidad que será definitiva para el futuro del nuevo modelo.

Por esto, el rechazo generalizado a la ley 100, el repudio nacional a las mafias que se enriquecieron durante todos estos años con el montaje de EPS e IPS destinadas a robarse los recursos públicos de la salud y la ingrata experiencia que nos deja la entrega de un derecho humano fundamental a manos del mercado, son motivos más que suficientes para replantear verdaderamente el rumbo del modelo de salud en Colombia, acabando con la corrupta intermediación y los beneficios de intereses particulares y generando un modelo de salud pública e integral, que anteponga sobre todo la dignidad de las personas en un país donde la salud agoniza, no por falta de recursos, sino por la ausencia de honestidad y la falta de humanidad de quienes los han manejado en beneficio propio.

Edición N° 00270 – Semana del 2 al 8 de Septiembre de 2011

GABRIEL BISTAMANTE PEÑA

Asesor Jurídico – Político Corporación Viva la Ciudadanía

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