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Según lo dispuso un juez de Santiago del Estero, y lo ratificó la Cámara, el próximo viernes 14 de octubre se procedería al desalojo de una familia indígena del territorio que ancestralmente habita junto a su comunidad, en manifiesto incumplimiento de la ley 26.160 que lo prohibe.

La orden de desalojo de la familia Orellana del territorio que posee la comunidad indígena “Ayllu Tulún Tulún” (departamento Atamisqui) se enmarca en la lucha por la defensa de El Alto, bosque nativo hábitat del pueblo Diaguita Cacano y familias campesinas y, por la expansión de la frontera agropecuaria motivada por el modelo de sojización vigente. Curiosamente este desalojo ordenado por la justicia se daría a poco más de tres meses de la firma del Convenio entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Santiago del Estero y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -en cumplimiento de la misma ley que los jueces no respetan- y a pocos días de su inicio efectivo.

El Alto es la vida misma para estas comunidades. La destrucción de este bosque implica la muerte del pueblo diaguita cacano como tal, ya que él garantiza no sólo la subsistencia de estas familias sino que es, además, base y columna de su identidad como pueblo, por lo que es considerado territorio sagrado. Pero también implica la profundización de un proceso de desertización y salinización ya iniciado y, el consecuente empobrecimiento de una región que ya es una de las más pobres del país. Como consecuencia de esta lucha los diaguitas cacanos lograron que la provincia incluya, parcialmente (una irrisoria franja de 4 km de ancho), al Alto como bosque nativo protegido (Categoría I, Rojo, según la Ley de Bosques); a pesar de que la intención del ejecutivo provincial era categorizarlo como “amarillo” a fin de poder ser explotado, es decir permitir que se instalen empresas ganaderas, con el consejo “técnico”, entre otros, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a quien le correspondió también un triste lugar en la historia del Relevamiento de comunidades indígenas de Santiago del Estero. Sin embargo, la Dirección Provincial de Bosques y Fauna, órgano provincial de aplicación de la ley, no ha impedido el avance de la deforestación del Alto; razón por la cual el Pueblo Diaguita Cacano a presentado dos acciones de amparo, una de protección ambiental y otra contra esta Dirección.

El desalojo de los Orellana pasaría a engrosar una serie ininterrumpida de atropellos mediante privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones, agresiones físicas, torturas, secuestro de animales de las comunidades por orden judicial, privación de agua para consumo humano y animal, ancianos, mujeres y niños golpeados y torturados por el GETOAR (grupo “especial” de la policía provincial”), persecución a niños y niñas, etc.; contra los diaguitas cacanos de parte de empresarios, jueces, políticos locales, funcionarios provinciales, orientados sistemáticamente a quebrar a este pueblo que lucha con su vida por la defensa de un bosque. La familia Orellana son parte, también, de ese bolsón de esclavos que las empresas de la patria agroexportadora explota para garantizar su rentabilidad, mientras se expanden desalojando indígenas y campesinos de sus territorios, con la seguridad jurídica que los jueces le garantizan a sus inversiones.

Lic. Reinaldo Ledesma
DNI 16.017.382
Puridor Diaguita Cacano