Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La opción de nuestra Comunidad de Paz se ha centrado desde su inicio en la defensa de la vida frente a cualquier estructura armada, por eso dejamos constancia ante los humanos que no comparten las estrategias de muerte, de todos los hechos que destruyen la vida. Nuestra opción por la vida ha sido la ruta central que nos permite avanzar hacia un mundo que algún día respete la vida y donde no reine la impunidad de los asesinos.
A pesar de todas nuestras constancias, el paramilitarismo continúa actuando criminalmente desde todas las bases que hemos denunciado. Diariamente continúan sus controles, retenes y acciones criminales. La Presidencia de la República sólo responde con un discurso ajeno a la realidad, volviendo la mirada hacia otro lado para permitir que la muerte y la estigmatización se sigan imponiendo contra la Comunidad de Paz.

Dejamos constancia de las últimas acciones criminales:

El domingo 30 de octubre de 2011, hacia las 16:00 horas, se presentaron combates entre los paramilitares y la guerrilla en las veredas La Esperanza y El Porvenir, poniendo a la población civil en medio del fuego. Tres familias lograron huir de en medio del combate y salvar sus vidas. Es evidente que los paramilitares, quienes continúan actuando en estrecha unidad de acción con el Ejército, buscan siempre poner como ESCUDO a la población civil, lo que constituye un CRIMEN DE GUERRA.

El jueves 3 de noviembre de 2011, hacia las 14:00 horas, un avión del Ejército bombardeó el lugar donde la Comunidad se encontraba en trabajo comunitario en la vereda La Resbalosa. Los integrantes de la Comunidad se vieron obligados a abandonar el trabajo y a huir para protegerse de las bombas. Esto constituye, con toda evidencia, un bombardeo indiscriminado contra la población civil, tipificado en el Derecho Internacional Humanitario como CRIMEN DE GUERRA.

El domingo 6 de noviembre de 2011, hacia las 10:00 horas, fue ejecutado por hombres armados, al parecer pertenecientes a las FARC, en la vereda El Guineo, el poblador FRANCISCO RESTREPO, persona cercana a nuestra Comunidad de Paz, quien le vendía el cacao a la Comunidad. Nuestra solidaridad con su familia.

El martes 8 de Noviembre de 2011, hacia las 19:00 horas, 200 paramilitares llegaron a la vereda Playa Larga, ubicada entre Nuevo Antioquia y la Esperanza, esta ultima perteneciente a nuestra Comunidad y a 40 minutos de la vereda Playa Larga, allí, amenazaron a los pobladores y anunciaron que van a subir a las veredas de la Comunidad de Paz, que ya tienen preparada una masacre contra la comunidad.

Actualmente el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó prepara el texto final de una sentencia condenatoria contra 4 jóvenes campesinos de San José de Apartadó, que si bien no han pertenecido a nuestra Comunidad de Paz, pertenecen a nuestro entorno geográfico y social. La primera vez que los citaron a la Fiscalía, el 22 de septiembre de 2010, varios de ellos estaban amenazados de muerte y le pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, la cual les negó toda protección y al regresar de la audiencia los atacaron a bala en el camino y uno de ellos, ALONSO VALLE GUERRA, quedó herido. Las amenazas se multiplicaron contra ellos y el 11 de mayo de 2011 fue asesinado otro de los acusados, JHON KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ. Un poco antes, el 22 de marzo, había sido asesinado BERNARDO RÍOS LONDOÑO y ahora se ha descubierto que estaba vinculado al mismo proceso, el cual  había sido objeto de una ruptura de unidad procesal. Otro de los imputados, JORGE LUIS HIGUITA TUBERQUIA, había recibido amenazas de muerte por vía telefónica, de personas que están albergadas en la Brigada XVII. El otro imputado, JOSÉ ALBEIRO DAVID GRACIANO, había escapado con vida el 22 de septiembre de 2010 al lograr esconderse en el bosque sin ser alcanzado por los disparos. Se descubre, pues, una articulación entre fusil y toga, que deja nuevamente al descubierto la fusión entre los aparatos judicial y militar/paramilitar del Estado en estrategias criminales. Pero el proceso mismo, desarrollado dentro del modelo acusatorio de justicia oral, conducido por la FISCAL 117 Delegada Seccional de Apartadó, MELBA JUDITH ARIZA BARÓN y el Juez 2° Penal de Apartadó, ANTONIO MARÍA MARTÍNEZ MONTERO, reveló nuevamente todas las irregularidades judiciales que hemos venido denunciando desde hace muchos años. No hubo ni separación ni independencia de poderes ni imparcialidad alguna. La Fiscal y el Juez se sometieron absolutamente a los dictados y aportes espurios de la Brigada XVII, la cual confeccionó todas las falsas pruebas. Los acusados no fueron escuchados ni los pobladores de sus veredas que testimoniaron su condición de agricultores dedicados al jornaleo diario, fueron tenidos en cuenta para nada. Al contrario, la Fiscal ARIZA BARÓN defendió la tesis según la cual, el hecho de dedicarse a trabajos legales y normales es lo que más los identifica como milicianos y por eso las actividades normales y legales de los imputados eran una confirmación de su culpabilidad en el delito de “rebelión”. Los testigos de cargo todos fueron conseguidos en la Brigada XVII: cuatro desmovilizados; el jefe de inteligencia del Batallón Voltígeros, SARGENTO MANUEL VICENTE SEVERICHE, y un detective del CTI –HENRY MAURICIO VÁSQUEZ, quien buscó todas las pruebas en la misma Brigada XVII mediante “entrevistas” a los mismos desmovilizados. De éstos, el único que hizo acusaciones contra los sindicados fue alias “SAMIR”, pero no tuvo cómo sustentarlas ante el sentido común, pues dejó en claro que ellos no habían pertenecido a su estructura (Frente 5° de las FARC); que los había conocido hacía muchos años sólo en un curso de preparación; que se había enterado de la deserción de todos ellos hacía mucho tiempo, pero que había oído decir que el actual comandante guerrillero de la zona, alias “Darlinson”, había recogido a los antiguos milicianos para volverlos a vincular. Dos de los imputados habían sido encarcelados hace varios años por la misma acusación y cuando salieron en libertad, alias “SAMIR” ya había desertado y estaba recluido en la Brigada, lo que no le permitía conocer la situación de la guerrilla en la zona en los últimos años, a no ser por comentarios interesados de los militares, acostumbrados por décadas al “falso positivo judicial”. Sin embargo, el Juez MARTÍNEZ MONTERO acogió como totalmente creíble e incuestionable el chisme que supuestamente le habían llevado a “Samir” en la Brigada, y apoyado en ese chisme,  y en la “Orden de Batalla” contra las FARC, elaborada por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, cuyos chantajes contra campesinos de la zona han sido conocidos y denunciados ampliamente, sustentó el fallo condenatorio. Salta a la vista que todo lo que la Constitución contempla como debido proceso (Art. 29), así como los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, fueron desconocidos y pisoteados por la Fiscal ARIZA BARÓN y por el Juez MARTINEZ MONTERO: desconocieron la independencia de poderes, los principios de legalidad y tipicidad, las normas para acusar y condenar, los criterios de idoneidad de los testimonios, la imparcialidad y el respeto a los argumentos de descargo. Todo fue desconocido, pero este proceso revela, una vez más, que los funcionarios judiciales en Urabá son sólo acólitos de la estructura militar; que ésta sigue empecinada en construir falsos positivos judiciales, manipulando a los desmovilizados y construyendo falsos testimonios, y que la fusión de “toga y fusil” sigue totalmente vigente.

En las últimas semanas está circulando por redes de Internet un video que lleva por título “los hijos de la comunidad de paz”, cuyo propósito de difamar y estigmatizar a nuestra Comunidad de Paz es evidente. Para ello se sirve de multitud de falsedades y montajes. Para lograr sus objetivos, coloca como miembros de nuestra Comunidad de Paz a numerosas personas que no pertenecen ni han pertenecido a la Comunidad. La información biográfica de numerosas personas es totalmente falsa. Está lleno de montajes fotográficos que se sabe han sido confeccionados en la Brigada XVII y presentados sin los más mínimos requisitos legales en varios procesos judiciales, negándose la Brigada y los jueces a cualquier inspección técnica, pues han afirmado que los han extraído de computadores incautados a líderes guerrilleros asesinados, pero sin someterlos a los controles que exige la ley, lo que deja totalmente abierta la posibilidad del montaje fotográfico. Su contenido, sus propósitos, su lenguaje, sus insumos y sus técnicas no dejan duda alguna de que su autor es la Brigada XVII del Ejército, entidad que ha conducido durante más de 15 años una ensañada persecución contra nuestra Comunidad de Paz y contra la población campesina de nuestro entorno, valiéndose de los procedimientos más sucios y criminales. Este es un crimen más que pretende justificar otra multitud de crímenes.

Los hechos siguen evidenciando la continuidad de la PERSECUCIÓN, crimen sistemático contemplado en el Estatuto de Roma como Crimen de Lesa Humanidad. Desde hace varias décadas la población campesina de San José de Apartadó ha sido el blanco de este crimen continuado e imprescriptible, donde se cuentan centenares de modalidades de persecución, las que abarcan casi toda la gama de crímenes contemplados en el Derecho Internacional Humanitario y en el Estatuto de Roma.

Frente a toda esa estrategia de destrucción del Estado, nuestra Comunidad se reafirma en sus esfuerzos por construir un mundo alternativo digno, fundado en los valores de la paz, la solidaridad y la justicia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Noviembre 9 de 2011

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Colombia