Kinross domiciliada en Canadá, tiene interés en un gigante proyecto de oro de Ecuador, Fruta del Norte, mientras que Ecuacorriente, filial de Corriente Resources, también domiciliada en Canadá, explotará la mina de cobre Mirador.
De esta forma el funcionario gubernamental ratificó la orientación del gobierno del presidente Correa a avanzar en el extractivismo minero a pesar de la creciente resistencia social, los cuestionamientos a la falta de rigor científico en los Estudios de Impacto Ambiental y a la demanda de los pueblos y nacionalidades por una consulta previa, instituida en la constitución vigente.
El I Foro Social minero realizado hace pocos días en Cuenca con 800 delegados de todo el país, reveló los graves riesgos que trae la minería y denunció que económicamente los ingresos que generará serán sensiblemente inferiores a los costos de la reparación ambiental, a los daños de las fu entes de agua, por lo cual consideró que no es un buen negocio para el Estado.
Auquilla afirmó que los contratos están prácticamente terminados y que están definiendo los últimos detalles para el documento definitivo. Calificó las negociaciones como difíciles pero necesarias para aumentar los ingresos del Estado.
En sus estimaciones las compañías construirán las minas en dos años y medio.
¿Cuánto pagarán de regalías?
Los acuerdos incluirían al pago adelantado de regalías. Auquilla dijo que el Gobierno no revelaría cuánto deberán pagar las compañías bajo los contratos que firmen, sin embargo afirmó que los proyectos mineros contribuirán con un 5% del PIB.
El pago adelantado de regalías, se estima que será destinado para proyectos sociales como nuevos hospitales en las áreas donde operarán las minas, precisamente donde crece la mayor oposición, de forma que su uso estará asociado a la estrate gia de fraccionar y debilitar la resistencia social a la minería.
La alineación de Correa por la minería, marca su abandono político de las posiciones nacionalistas y de izquierda y su viraje a favor de las empresas transnacionales que buscan oro en el contexto de la crisis monetaria mundial, donde la onza se ha disparado hacia los 2.000 dólares y se estima que su valor real se sitúa en los 15.000 dólares. El paso tiene un alto costo político para Correa a nivel interno y externo.
El gobierno por su lado considera que esta es una forma de diversificar la economía ecuatoriana de su dependencia de las exportaciones petroleras. Sin embargo es cuestionado por mantener el modelo de explotación y exportación primaria que ha caracterizado las relaciones económicas del país desde los años del colonialismo español.
En tanto en otros temas, Correa fustiga a la vicepresidenta del Banco Mundial y trata de aparecer como un duro contradictor, su posi ción por la minería es evaluada por Reuter como la de un acercamiento más blando con las transnacionales. .
La difusión internacional de las exitosas negociaciones de Kinross en Ecuador han favorecido la evolución del valor de sus acciones en la bolsa de valores -que han estado bajo presión últimamente-, subieron un 2,8 por ciento a 13,23 centavos de dólar en las operaciones del mediodía en la Bolsa de Valores de Toronto.
“Hemos hecho buenos progresos en las negociaciones con el Gobierno de Ecuador. Esas negociaciones son confidenciales por lo que no puedo comentar detalles”, dijo un vocero de Kinross, al afirmar que la compañía está en camino de completar el estudio de viabilidad de Fruta del Norte a fin de año.
¿Hacia un Ecuador minero?
La minería existe en el país desde hace siglos, sin embargo es considerada incipiente en relación a las técnicas de producción actuales. El objetivo del gobierno del presidente Correa, calificado por los líderes de la cámara de minería como el mejor defensor de la minería, es desarrollar la actividad a gran escala, abriendo la explotación de las importantes reservas que tiene a favor de las transnacionales.
Auquilla entusiasmado informó a Reuter que el Gobierno pondría a subasta concesiones mineras para proyectos de exploración antes de fin de año. “Hay muchas empresas canadienses, australianas, sudafricanas, chilenas, que están interesadas en este proceso”. Actualmente reveló que se negocia un contrato con la International Minerals, también domiciliada en Canadá para el proyecto de oro y plata Río Blanco.
Dijo que el gobierno firmará un segundo contrato de operación con Ecuacorriente para el proyecto de cobre Panantza-San Carlos y otro con Iamgold que tiene previsto desarrollar la mina de oro y cobre en Kimsacocha.
Auquilla indicó que la minera estatal ecuatoriana Enami firmaría pronto un contrato con la chilena Co delco para formar un emprendimiento conjunto para explorar oro y cobre, y que las negociaciones sobre los otros tres contratos mineros deberían concluir el próximo año.
Prefectos amazónicos de Ecuador, contrarios a planes mineros y petroleros
Los prefectos de las provincias amazónicas de Ecuador, que son sus máximas autoridades electas, rechazaron hoy los planes de Gobierno de implantar la minería a gran escala y ampliar la exploración petrolera en la región, y pidieron más control sobre los recursos que estas actividades generan.
En el marco de la III Cumbre Amazónica, que reunió a cinco de los seis prefectos de la zona, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, aseveró que “no existe una planificación del proyecto minero”, el cual, a su juicio, beneficiará a multinacionales y tendrá un alto impacto ambiental.
“Acaso nos estamos encaminando para que esta minería sirva para el bien de los ecuatorianos o acaso hemos caído en la agenda de las empresas mineras extranjeras y ellas nos están llevando a su vaivén y para sus intereses”, subrayó Quishpe a la prensa.
En cambio, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha enfatizado que el desarrollo de la minería a gran escala es primordial para el desarrollo del país y ha dicho esta semana que espera que se cierren los nuevos contratos en los próximos días. “Como debe de ser, en forma responsable, ambiental y socialmente vamos a desarrollar nuestro potencial minero”, destacó el mandatario.
En julio, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, dijo que Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras concesiones mineras que implicarían una inversión de 4.020 millones de dólares, mientras que Correa manifestó que el 53 % de las rentas mineras quedarán en manos del Estado. Al igual que el resto de la Amazonía ecuatoriana, Zamora Chinchipe, donde se realizó la cumbre, es una joya verde de gran biodiversidad, que cuenta con papagayos de infinitos colores, boas constrictor de hasta ocho metros que se aposentan majestuosas en los árboles y tortugas milenarias que transitan pacientemente por el suelo.
Para el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Pepe Acacho, Correa quiere “destruir y acabar con los seres vivos, hombres, mujeres, plantas y una rica biodiversidad que hay en la Amazonía”, por lo que el pueblo de esta región “está en lucha y en resistencia”. “No dejaremos de hacer o declinar, somos hombres de lucha, somos guerreros, sabemos ganar y sabemos vencer, y mucho más con un pueblo unido”, afirmó Acacho, quien se opuso a cualquier tipo de actividad que produzca daño medioambiental en la Amazonía.
Correa señaló este martes que la mayor amenaza para la biodiversidad de la región no es la explotación minera o petrolera, sino la agricultura. “Con una explotación adecuada del petróleo y la minería, que tiene impacto ambiental, pero muy concentrado y que puede ser remediado, podemos evitar la expansión de la frontera agrícola”, opinó el mandatario. Por su parte, Quishpe resaltó que en Zamora Chinchipe están realizando “un programa de producción limpia” como alternativa a la minería, que consiste en el cultivo de café y cacao para exportación. La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, destacó que la explotación petrolera en esa provincia sólo ha conllevado “contaminación y muerte”.
En este sentido, dijo que espera que esa experiencia sirva de ejemplo para los demás territorios para que desde un inicio “se exija” una planificación a las personas que entran a explotar la Amazonía, “para luego no sufrir impactos medioambientales, ecológicos, sociales o culturales”.
En un acto al que asistieron unas 2.000 personas, según los organizadores, los prefectos pidieron al Gobierno que cambie la ley de explotación de minas y de petróleo para que los pueblos en cuyo territorio están los recursos puedan decidir si éstos se extraen o no, y beneficiarse más en el caso de que se aprovechen.
“Estamos contentos de compartir nuestro petróleo con el resto de los ecuatorianos, pero no es justo que nos dejen a nosotros la contaminación y el olvido”, destacó Llori, quien recordó que pese a que la mayoría del petróleo sale de las provincias de Sucumbíos y Orellana éstas son de las regiones más pobres del país. La exportación de crudo financia el 25 % del presupuesto estatal y ahora el Ejecutivo pretende abrir a licitación 21 nuevos bloques petroleros de 200.000 hectáreas cada uno en la Amazonía.
Ernesto Pino
Kaosenlared
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