Decreto Ley para la atención de las víctimas pertenecientes a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Estos comunicados concluyeron que éste no fue un proceso real y legitimo de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, ni respetó los principios rectores de protección de los derechos humanos de las víctimas, en particular su derecho a la justicia, la reparación integral y la restitución, tampoco respetó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.