Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Un efecto dramático de las intensas lluvias, actuando sobre un territorio que se ha tornado  vulnerable por el mal manejo que del mismo se ha hecho, es la destrucción de las plantas de potabilización o su inutilización como ha ocurrido en Manizales y Cúcuta, respectivamente.

En Manizales, ciudad que crece y se expande en una zona muy pendiente de la Cordillera Central, una avalancha averió la planta de Niza en octubre del año pasado dejándola fuera de servicio. Unos meses después otro deslizamiento de 300.000 metros cúbicos de tierra destruyó la planta Luis Prieto, que es la principal. Se vino abajo una ladera dedicada a la actividad ganadera y deforestada de tiempo atrás. El desabastecimiento de agua fue grave pues la planta Niza, no fue recuperada en espera de una financiación de Colombia Humanitaria que se demoró en llegar. Ahora otro deslizamiento dejó nuevamente fuera de servicio la planta Luis Prieto y solo cuentan con el suministro desde la planta Niza, ya en funcionamiento.

Lo paradójico en el caso de Manizales es que mientras todo lo anterior ocurría la empresa Aguas de Manizales, en un 99% pública, invertía seis millones de dólares para operar el acueducto de la ciudad peruana de Tumbes. Un caso patético de la “eficacia” de la Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos, que ordena a las empresas de acueducto, sean públicas, privadas o mixtas, ser rentables, pudiendo acumular capital y hacer inversiones aún en el extranjero. ¡No había dinero para reparar la Planta Niza, en la ciudad, pero si lo había para invertir en el exterior!

Más allá del escándalo mencionado, ilustrativo de las consecuencias de la mercantilización del suministro de agua, cabe preguntarse por las condiciones en las cuales una ciudad puede desarrollarse en las abruptas pendientes andinas. ¿No requiere tal desarrollo un plan de conservación de la vegetación originaria, en zonas estratégicas, que disminuya los riesgos de deslizamiento? ¿No es urgente un plan de reforestación en vez de las concebidas obras de contención que enriquecen a los contratistas y agravan el problema?

Preguntas similares a las anteriores pueden hacerse en Bogotá, donde los cerros orientales sometidos a intensos procesos de deforestación, urbanización y gran minería trasnacional (Holcim, Cemex y Fundación San Antonio de la curia Arquidiocesana) se están volcando literalmente sobre la ciudad. No es sino observar los derrumbes en la avenida circunvalar al norte de la ciudad, muy publicitados por los medios de comunicación y los que ocurren calladamente en el sur de la urbe afectando a miles de pobladores pobres.

El caso de Cúcuta es por lo menos tan grave como el de Manizales. Esta ciudad de más de medio millón de habitantes sufre por estos días el tercer período de corte y restricción del suministro de agua en los últimos cuatro años. El primero ocurrió en 2007 cuando una avería del oleoducto Caño Limón – Coveñas que atraviesa el río Pamplonita en las cercanías de la ciudad, lanzó a las aguas varios miles de metros cúbicos de petróleo, obligando al cierre de las compuertas de la Planta potabilizadora de El Pórtico. Hace un año los lodos que traía el Pamplonita, resultado de la deforestación de la cuenca, hicieron necesario un nuevo cierre de la mencionada planta y la complementaria, que bombea aguas del río Zulia a la ciudad, quedó inutilizada pues una tormenta dañó a Termotasajero que suministra la energía para el bombeo. Ahora una avalancha, nuevamente la deforestación, rompió el oleoducto y obligó al cierre de la planta del Pórtico.

El desabastecimiento de agua en Cúcuta es otra combinación de daño ambiental y riesgo por el paso de un oleoducto sin las suficientes previsiones, pues es la segunda vez que se rompe en cuatro años. Por cierto, el Acueducto de Cúcuta fue entregado en concesión hace algunos años a la empresa Aguas Kapital de la familia Nule, y son frecuentes las protestas por fallas en el servicio y cobro de tarifas excesivas.

Con el paso de los días aparecen nuevos hechos demostrativos que la emergencia nacional por inundaciones es resultado de la confluencia de muchos factores, ambientales desde luego, pero también de orden político y social. Así, por ejemplo, la inundación de los apartamentos de la urbanización “Alameda del Río”, en Bosa, ha desatado una polémica pues Metrovivienda culpabiliza al Curador Urbano que dio la licencia de construcción, este al ex – alcalde Peñalosa por haber incluido los terrenos como urbanizables en el POT, expedido en 2002 y Peñalosa a la CAR por no haber dragado el río.

La alternativa diseñada por el Gobierno a través de Colombia Humanitaria se ha revelado lenta, insuficiente y desenfocada. Sólo recientemente esta entidad, anunciada con bombos y platillos y confiada a un exbanquero como garantía de eficiencia, celebró contratos que, según ella, permitirán traducir en obras algo más de cinco billones de pesos de los siete con que dispone. Falta ver la pertinencia, de dichas obras y la transparencia en el manejo de los recursos, aspectos sobre los cuales las veedurías ciudadanas que se creen deberán estar muy atentas. Por ahora la lentitud de Colombia Humanitaria ha generado protestas de los alcaldes, como en el Meta, y movilizaciones sociales como en Sabana de Torres.

Entretanto, el 30 de noviembre, la Defensoría del Pueblo, daba a conocer el informe de calidad del agua correspondiente al 2011, según el cual de un total de 970 municipios monitoreados, en 570 el agua que se suministra es de mala calidad. En 446 municipios que toman agua de pozos, ríos y quebradas, los análisis realizados revelan que el líquido está contaminado con materia fecal. Según el informe sólo el 31% de la población colombiana toma agua limpia, realmente potable.

La cifra de nueve millones de colombianos que no accedían al agua potable según “Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, elaborado en 2009 por la Defensoría, se está ampliando, sin duda. Baste sumar el número de personas que se han visto afectadas por el desabastecimiento de agua en Manizales y Cúcuta, las dificultades que viene presentando el suministro de agua en Cali por los sedimentos que trae el río Cauca, la situación de Buenaventura donde sólo se dispone de agua nueve horas al día y la multitud de acueductos de las poblaciones a lo largo del río Magdalena que se han visto afectados por los lodos que este arrastra, para mencionar algunos casos.

Por otra parte los Planes Departamentales de Agua, publicitados en el Gobierno anterior como la solución y utilizados como argumento para desestimar el Referendo por el Derecho Humano al agua, fueron cancelados, sin rubor, por la ministra Beatriz Uribe que anunció mayor ingerencia del sector privado en el asunto. Como si dichos Planes no hubieran sido diseñados para entregar los acueductos de ciudades intermedias y pequeñas a operadores privados y no hubieran sido manejados, en los cuatro años de su corta y desafortunada vida, por gerencias privadas cuyo sostenimiento costó 89.000 millones de pesos para que invirtieran en obras sólo el 20% de 1,11 billones de pesos aportados por 600 municipios. El resto del dinero permaneció en el sistema financiero que percibió 6.000 millones de pesos en comisiones por administración fiduciaria. Todo lo anterior según el informe presentado por la contralora Delegada para Medio Ambiente, en Abril de 20111.

Lamentablemente un de los aspectos principales del binomio “inundación – no acceso al agua”, menos comprendido y ocultado es el profundo deterioro de los ecosistemas colombianos y la grave afectación que ello supone para el ciclo hidrológico. Uno de los aspectos de dicho deterioro es la deforestación que acelera la escorrentía y sedimenta los ríos, generando las inundaciones y provocando avalanchas que destruyen los acueductos.

En Colombia el territorio ha sido transformado en un 40% desde la época colonial y dicha alteración ha sido del 90% en la Costa Atlántica y del 75% en la zona andina, que son precisamente las áreas mas afectadas por las inundaciones2.

La alteración de las cuencas que vertebran nuestro territorio, según el informe del Programa de Monitoreo de Deforestación presentado por el Director del IDEAM, presentado el pasado 30 de noviembre, ostenta un promedio anual de pérdida de bosque nativo de 238.000 hectáreas, en el período 2005 – 2010. Esta pérdida representaría el 4,7% de la deforestación mundial que, según la FAO, asciende a 5 millones de hectáreas por año.

Las anteriores cifras podrían ser aun más preocupantes pues el profesor Jesús Orlando Rangel3, reconocida autoridad en la materia y docente de la Universidad Nacional, señala que los datos del IDEAM no corresponden con las mediciones hechas a partir de fotografías satelitales, que revelan 470.000 hectáreas taladas al año, lo que elevaría la contribución colombiana a la deforestación mundial al doble, es decir, al 9,4%.

En estas condiciones, la mezcla de lluvias y deforestación resulta explosiva como lo señalaron el meteorólogo Max Henríquez y el propio profesor Rangel.4

En la Cuenca del Magdalena, de acuerdo con el Instituto Mundial de los Recursos (W.R.I.) la  tasa de deforestación anual fue del 2,6%, entre 1990 y 2000, la más alta de cualquier cuenca suramericana de orden mayor y una de las más altas a nivel mundial para cuencas tropicales. La pérdida de la cobertura original del bosque es del 87%. El IDEAM (2001) señala que cerca del 55% del área de la cuenca está destinada a la actividad agropecuaria, mientras que la cobertura de bosques alcanza sólo el 26,4%.5

De otra parte y según el mismo estudio el aumento de la población, principalmente la concentración en grandes centros urbanos, así como la introducción de nuevas tecnologías y medios de producción, han originado grandes cambios ambientales en la cuenca del Magdalena. Estadísticas mundiales y nacionales indican que la densidad de población se encuentra entre 83 y 114 habitantes por km2, la más alta en el marco de los mayores sistemas fluviales de Suramérica.

La combinación de deforestación e incremento poblacional, sistemas productivos destructores y tecnologías no apropiadas, a todo lo cual se añade un escaso o inexistente ordenamiento territorial no puede producir resultados diferentes a los que estamos viviendo.

Los damnificados llegan a 3,04 millones de personas, según el Director del Socorro Nacional de la Cruz Roja, y los muertos a 418. Las viviendas destruidas o afectadas pasan del millón y llama la atención la cantidad de deslizamientos, 240, sólo en los últimos dos meses, lo cual es prueba del efecto de la deforestación sobre la estabilidad de las pendientes andinas.

Simultáneamente los desbordamientos del río Bogotá que se deben, sin duda, a la aceleración de la escorrentía por los procesos de urbanización, deforestación y cambios de uso del suelo en el Distrito Capital y la Sabana de Bogotá, ponen de presente también un manejo amañado del río en la zona de Alicachín, donde éste se represa para mantener un nivel adecuado al funcionamiento de la planta de bombeo que lleva sus aguas al Muña a fin que sirvan a la operación de la hidroeléctrica propiedad de Emgesa. Es decir, esta práctica a favor de la empresa puede estar incidiendo en las inundaciones aguas arriba6.

Las inundaciones y el no acceso al agua potable son entonces las dos caras de una misma moneda, tienen un origen común: el deterioro del ciclo hidrológico en el territorio colombiano. Mientras esto no se comprenda se continuará apelando a las seudo soluciones consistentes en dragados, diques, represas, jarillones y demás obras costosas y propicias para la corrupción de contratistas y funcionarios. Al tiempo, se insistirá en planes similares a los fracasados “planes departamentales de agua” con una mágica invocación a la eficacia del sector privado. Si no reaccionamos y pronto, seguiremos sedientos y con el agua al cuello.

Edición N° 00285 – Semana del 16 al 23 de Diciembre de 2011