Lo que se asume como lógico en el mundo, en Colombia casi siempre es al revés. Nos han querido vender el cuento de que somos un país pobre, cuando sucede que la mayoría de nuestros dirigentes, en toda la historia republicana, se han dedicado a permitir su saqueo por parte de multinacionales, así a ellos les queden sus mendrugos; y si estos son billonarios, entonces pueden imaginarse el tamaño de la defraudación.

Mientras todos los países –ante la pasada y la potencial crisis económica mundial que se percibe- cerraron sus fronteras y se dedican a cuidar y recuperar sus recursos, el gobierno de Santos sigue concediéndolos a las multinacionales sobre la falacia de que otorgándoles enormes gabelas económicas, ¡ayudarán a desarrollar el país y a acabar con la miseria y la pobreza!

El problema no es con la inversión extranjera directa, sino con el tipo que se está implementando, que similar a los Capitales Golondrina, se asientan, toman las utilidades, llenan sus cuentas bancarias y luego se marchan. Si nuestros dirigentes no son conscientes que tienen que controlar esta clase de inversiones, cada día nos empobrecerán más porque con ellas no sólo saldrán del país los recursos no renovables -materias primas sin valor agregado- sino que se agudizará el empleo de mano de obra barata y se dejarán de desarrollar grandes empresas nacionales, sin mencionar que tendremos las mismas restricciones para el acceso y transferencia de tecnología de punta. Esta política conspirativa contra el aparato productivo tiene como ganadores al capital financiero nacional e internacional y, a la gran oligarquía nacional, casi reducida a comerciantes, mercaderes e intermediarios.

Con base en la teoría neoliberal de adelgazamiento del Estado y para desarrollar esa confianza inversionista, fueron privatizadas y liquidadas la mayoría de las empresas del Estado; aquellas que estaban dedicadas a diferentes actividades estratégicas – productivas, en su mayoría aportaban altísimas utilidades al presupuesto nacional, el cual se dirigía hacia la inversión social. Así, se tomaron el sector financiero al eliminar bancos de fomento como: Popular, Ganadero, Central Hipotecario y La Caja Agraria; los servicios públicos, con la privatización de: agua, luz, teléfono, alcantarillado y gas; los derechos fundamentales o esenciales como salud, educación, justicia y seguridad social; el agropecuario; minas y energía –incluso con venta de parte de Ecopetrol-; y el de comunicaciones: carreteras, cielos abiertos –aerolíneas-, infraestructura terrestre y órbita geoestacionaria de las telecomunicaciones, entre otros.

En este último caso nos corresponde recordar la forma como liquidaron a Telecom para entregar este recurso estratégico a Telefónica de España. En el gobierno de Cesar Gaviria, los trabajadores hicieron una huelga para evitar que Telecom, que tenía altos niveles tecnológicos, con cobertura en todo el país, las tarifas locales más bajas del mundo y le transfería al gobierno sumas inmensas, fuera privatizada. La pusieron en venta con un aviso internacional. Al fracasar, debido a la lucha de los trabajadores, iniciaron un plan calculado para destruirla, consistente en ir pasando sus mejores negocios a empresas privadas, mediante contratos leoninos de joint venture – riesgos compartidos- e impidiéndole incursionar en la telefonía móvil. Telecom, con sus finanzas deterioradas, maniatada, paquidérmica, quedó lista para ser feriada. Primero casi se la lleva Carlos Slim, pero intervino la Contraloría y el gobierno la cedió a Telefónica de España, la encargada de resolverle todos sus problemas, incluido el pago de pasivos pensionales. En debates en el congreso, el senador Jorge Robledo demostró que el 52% se vendió a menos precio –el Estado conserva 48% de sus acciones- y le cambiaron el nombre por Coltel. El pasado 14 de diciembre el gobierno de Santos aprobó recapitalizar a Coltel, vía Presupuesto Nacional, con $3.5 billones, en 10 años, dizque para pagar a los pensionados y Telefónica aporta como capital a Movistar, es decir, Telefónica no le pone cinco centavos a Coltel pero además tampoco cumplió con lo acordado, sin embargo el gobierno de Santos la premia con el dinero de los impuestos de los colombianos. Queda clara la conspiración –razón de la confianza inversionista- cuando la empresa era estatal -Telecom- no la quisieron refinanciar y ahora que es un negocio privado –Coltel- acuden a las arcas del Presupuesto Nacional.

¡Cuando el monopolio es público -caso Telecom-, lo estigmatizan, pero si es privado –con todos sus abusos-, es el ideal para estos explotadores de la población!

 

 

http://www.moir.org.co/Mas-aguinaldos-a-la-multinacional.html