Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Derechos Laborales Están Bajo Riesgo en la Administración de Santos. El 12 de Octubre, el mismo día que el Congreso de los EEUU pasara el tratado de libre comercio con Colombia (TLC), un grupo de más de sesenta victimas Afro-Colombianas protestaban en Bogotá.

Los participantes de la marcha, lideres internamente desplazados por el conflicto de las áreas de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Bolívar, tenían un mensaje claro: “Estamos marchando por el derecho a vivir. El gobierno no nos protege. Somos asesinados y desplazados de forma tal que Colombia e compañías extranjeras puedan enriquecerse de los recursos naturales que existen en las tierras de nuestras de nuestras comunidades. Nosotros decimos NO al tratado de libre comercio. A pesar que no era raro escuchar estas quejas bajo el régimen del Presidente Uribe, es un golpe a la realidad escucharlo bajo la administración de Santos.

Poco después de que Juan Manuel Santos asumiera la presidencia en Agosto del 2010, su administración fue distanciándose de la política del anterior presidente Uribe en lo que se refiere a la retórica. El Presidente Santos también dio un paso adelante al pasar una ley muy importante que reconoce los derechos de las victimas. Los políticos Norte Americanos y la sociedad civil, recibieron con entusiasmo esta iniciativa de Santos. Muchos tuvieron la esperanza que estas acciones sirvieran como indicadores que Colombia estaba abriendo un nuevo capitulo en derechos humanos y que iba a corregir injusticias precias.
Los derechos laborales se convirtieron una seria preocupación en los debates sobre el TLC entre los Estados Unidos y Colombia, y el Presidente Obama y Santos presentaron un Plan de Acción Laboral en Abril del 2011 dirigido contra la trayectoria desastrosa del país en abusos laborales. Mismo que faltaba en la nueva retórica, derechos particulares a los grupos étnicos en la ley de victimas y el Plan de Acción Laboral no considera que permean el conflicto armado actual o las causas raíces del los problemas de derechos humanos y laborales en Colombia, fueron pasos que facilitaron el hecho que el Congreso de los Estados unidos pasara el TLC.  Desde ese entonces quedo claro que Colombia no había avanzado tanto o tanto como se esperaba anteriormente al voto del TLC.  De hecho, estaba tomando pasos atrás acerca de los derechos humanos.  Una delegación reciente de expertos internacionales de quince países, que participara en una comisión verificadora para analizar la protección de los defensores de los derechos humanos en Colombia en Noviembre, advirtió que cincuenta y cinco defensores de derechos humanos fueron asesinados entre Julio 2010 y Mayo 2011. Activistas locales, ONG de derechos humanos, abogados y representantes de las victimas son sujetos en forma rutinaria a amenazas de muerte, falsas judicializaciónes, acusaciones infundadas, escrutinios ilegales, y robos de información en sus lugares de trabajo. Las amenazas de muerte recibidas por los defensores no son investigadas, y los actores detrás de ellas no son arrestados. Defensores de derechos humanos de diferentes regiones y grupos étnicos, incluyendo afrodescendientes y personas internamente desplazadas, reportaron a WOLA que bajo la administración  de Santos las medidas de proteccion han sido eliminadas o las que existen, fallan en protegerlos.  Cuando los defensores presentan quejas a los oficiales a cerca de la situación de su seguridad les responden con pasatiempos burocráticos o simplemente los ignoran.

Mientras tanto, voceros de la derecha y oficiales de alto nivel dentro del gobierno colombiano están tomando ventaja de la controversia generada por el caso Mapiripán, en el cual parientes de las  victimas reforzaron su testimonio original, para desacreditar las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas personas están subiéndose al tren para unirse al ataque de los defensores de derechos humanos alegando que las organizaciones de derechos humanos y sus victimas representan reclamos fraudulentos con el objetivo final de obtener fondos del estado. Por ejemplo, el anterior asesor de Presidente Uribe, Jose Obdulio Gaviria, recientemente ataco a la Comisión de Justicia y Paz, colegas de mucho tiempo de WOLA, y el fundador del movimiento nacional de victimas en contra de crímenes del estado (MOVICE) -Ivan Cepeda, por defender los derechos de los Afro-Colombianos en Curvaradó. En el caso del desplazamiento en Las Pavas (Bolívar), la Fiscalía en la región acuso a la comunidad de defraudar al estado falsificando recursos designados a desplazados. Dicha oficina también acuso a los curas, profesores jesuitas y al no gubernamental CINEP de ayudar a las victimas de Las Pavas a manufacturar reclamos fraudulentos de desplazamiento.

Mientras los ataques a los defensores de derechos humanos continúan, el Congreso de Colombia, con la aprobación de Presidente Santos, esta empujando el pasar una reforma judicial que, de ser aprobada,  resultaría en un enorme paso atrás para la justicia a casos graves de derechos humanos. Esta reforma cambiara la Constitución de Colombia para permitir a los militares el juzgar abusos de derechos humanos cometidos contra los civiles. Eso sin duda resultara en impunidad para los soldados involucrados en miles de casos de ejecuciones extrajudiciales. Esto incluye casos donde soldados secuestraran civiles inocentes, en general campesinos pobres de las zonas rurales o juventud urbana marginalizada, los torturaran y mataran, vistieran sus cadáveres con uniformes guerrilleros, y luego los presentaran como guerrilleros muertos en combate para inflar las figuras de muertos en combate.  Si esta reforma pasa, el voto final esta agendado entre Marzo y Junio del 2012, va a deshacer 15 años de intentos para lograr que los casos de derechos humanos de los civiles sean juzgados en el sistema judicial civil, va a seriamente desestimar los derechos de las victimas y sus familias a conocer la verdad, justicia y reparación, y  contradecir directamente las condiciones de derechos humanos establecidas por la legislación extrajera EEUU, lo que pudiera detener parte de la asistencia militar a Colombia.

Colombia esta también volviendo hacia atrás en lo que se refiere a los derechos de los Afro-Colombianos. El 10 de Diciembre, la “facultades especiales para corregir errores en el desarrollo de las victimas y la Ley de restitución de las tierras” de Presidente Santos fue aprobada sin consultar de forma libre, previa e informada a las comunidades afrodescendientes. La ley de victimas y restitución de tierra sirvieron como una oportunidad histórica para reconocer los derechos del alto numero de victimas del conflicto interno armado, que ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones Afro-Colombianas e indígenas. El hecho de pasar dicha ley sin haber consultado previamente a los grupos afro-colombianos, Colombia ha, en esencia, re-victimizado las victimas y perdido la oportunidad única de  reparar los errores cometidos contra grupos marginados y históricamente ignorados. Adicionalmente, ha sentado un precedente negativo a las consultas previas con las minorías étnicas. Esto es altamente problemático, ya que todos los procesos de consultas previas para el desarrollo de proyectos ligados al TLC en tierras afro colombianas van a seguramente seguir este procedimiento de consulta. Así mismo, una controversia reciente alrededor de una foto publicada por la revista española Hola en la cual dos afro-colombianas son presentadas como objetos decorativos al lado de una muy reconocida  familia blanca de clase alta de Cali, demuestra que la ley contra la discriminación racial recientemente pasada en Colombia no es suficiente para corregir la discriminación existente en la sociedad colombiana.

El enfoque de las políticas de los Estados Unidas acerca de los abusos laborales, incluyendo asesinatos de sindicatos de comercio y las cooperativas asociadas, lo que ha llevado a que se preste más atención a estos problemas y hayan avances en algunos aspectos. El número de sindicalistas asesinados en 2011 es menor que en los años anteriores. Sin embargo, sindicalistas continúan siendo asesinados y siguen reciben amenazas de muerte en números alarmantes. Después que se aprobara el TLC, WOLA ha recibido informes de amenazas de muerte contra miembros de la CUT, SINALTRAINAL y USO. Una carta de los United Steel Workers (USW) a la Secretaria de Estado Hilary Clinton vivamente describe el ataque del 9 de Noviembre contra la familia del miembro del comité ejecutivo de SINALTRAIL, Juan Carlos Galvis. En ese día, dos paramilitares, con sus caras cubiertas por cascos de motocicleta, entraron a la fuerza en la casa de Juan Carlos y asaltaron a su mujer y hijos. Uno de los paramilitares apunto un revolver en la cabeza de la hija de Juan Carlos, que sufre del síndrome down, y amenazo con matarla si la mujer de Carlos gritaba. Ataron y amordazaron a otro niño y  la mujer de Carlos y comenzaron a pintar su cara, pelo y cuerpo de rojo. Antes de salir de las premisas pintaron con graffiti toda la casa. Los hombres se fueron llevándose dos computadoras y dos discos de memoria. El 9 de Diciembre, el cuerpo asesinado de otro miembro de SINALTRAINAL, John Fredy Carmona Bermúdez, fue encontrado en el bario Aragón de San Antonio en Medellin. La semana pasada, el grupo paramilitar denominado Águilas Negras envió una amenaza de muerte al Senador Alexander Lopez Maya, un ex sindicalista y clave defensor de los derechos laborales en el Congreso de Colombia, al CUT y a miembros del gremio sindical  SINTRAEMCALI que actualmente están llevando a cabo una huelga de hambre. Estos trabajadores fueron ilegalmente echados en el 2004 por pertenecer al sindicato SINTRAEMCALI.  Este caso ha recibido amplia atención y ha sido presentado frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero a pesar de ello, los trabajadores están aun esperando justicia.

Aun quedan numerosos obstáculos que sobrepasar para lograr que se cumplan los acuerdos fijados por el Plan de Accion Laboral entre Colombia y los Estados Unidos. Una de las intenciones del plan era la de eliminar el modelo de explotación laboral de contratación por terceros conocido como cooperativas de trabajo asociado (CTA), que impiden la formación de sindicatos. Colombia respondió pasando una ley que prohibía las así llamada CTAs. La realidad es que este modelo de explotación continua existiendo en muchos sectores, incluyendo el aceite de palma, azúcar, puertos, petróleo y otros bajo diferentes nombres como “Compañías Simplificadas de Stocks.” Los recientes conflictos laborales en los sectores de  aceite de palma aceitera y petróleo muestra lo difícil que es para Colombia cambiar las practicas de explotación laboral. Mientras que algunos activistas en estos sectores notan que han tenido reuniones con oficiales del gobierno para discutir las condiciones laborales y medidas de proteccion para activistas, el modelo en si mismo y las amenazas contra los trabajadores persisten. En uno de estos sectores donde solo existen contratos de trabajo por subcontratistas, un activista le confió a WOLA al principio de Diciembre 2011, que luego de mas o menos un año de cabildeo al nivel nacional e internacional, el gobierno finalmente envió un delegado del Ministerio del Interior para hablar con los activistas laborales acerca de sus problemas de seguridad. La reunión resultó en simplemente una reunión porque después de ella ninguna medida concreta fue tomada A este punto, la respuesta lenta del gobierno y la falta de garantías de seguridad para los activistas ha llevado a que varios activistas laborales no continuaran su acción de organizar los derechos de los trabajadores. Colombia está en retroceso en lo que se refiere a derechos laborales y derechos humanos y esto es un mayor tema de preocupación  mientras que los Estados Unidos avanzan hacia la implementación del TLC.

Escrito por Gimena Sanchez, WOLA