Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Viaje a la mayor fuente hídrica del país, amenazada por la guerra y por los intereses de multinacionales mineras. El Ministerio de Minas ha otorgado 64 títulos mineros en el Macizo, a los que hay que sumar los conseguidos de manera fraudulenta.

El Macizo Colombiano es la más grande y bella estrella fluvial colombiana. Un ringlete de aguas nacientes: el Magdalena y el Cauca marcan el norte; el Caquetá corre hacia el oriente y el díscolo Patía va hacia el occidente. Es un gran nudo de montañas, cuna de cuencas y paso de caminos. El pueblo de La Sierra, fundado tres veces, se alza en el espinazo de una loma por donde pasaba el camino real entre Popayán, Almaguer y Quito. Bolívar se veía obligado a tomarlo para no atravesar el Patía, refugio de negros cimarrones, feroces con el machete y fieles a la Corona. A espaldas de La Sierra se ven —y se sienten— el volcán nevado de Sotará y el páramo de Vellones; al otro lado, hacia el suroccidente, siguiendo el curso del Guachicono, se abre el ardiente valle del Patía. El camino, hoy carretera, serpentea entre pliegues de la cordillera hasta La Vega, construido en un rellano donde se recupera el aliento antes de continuar hacia la “muy noble y leal ciudad de Almaguer”, fundada en 1550 como real de minas por poseer enormes yacimientos de oro; sólo uno de ellos llegó a ser trabajado por 2.000 indios y negros. La región fue minera en la Conquista y en la Colonia.

Desde hace siglo y medio su base productiva es la parcela campesina de mestizos, indígenas, y negros. Hoy, el conflicto entre una economía parcelaria y un gigantesco proyecto de explotación minera tiene convulsionado el Macizo Colombiano, una región agreste y nada dócil.

1. La economía campesina está consolidada en toda la región. La cordillera —mezquina en valles y rica en pendientes— ha permitido que los campesinos trabajen sus tierras sin el asedio del latifundio. La caprichosa topografía ha sido la gran aliada de la pequeña agricultura, que por naturaleza usa sólo mano de obra familiar, lo que le permite competir con la hacienda, que debe contratar peones asalariados. Son dos de los secretos que hacen factible hoy en el país, a pesar de la acelerada concentración de la tierra, que el campesino no haya desaparecido. El tercer elemento ha sido, sin duda, la resistencia indígena. Los indígenas se han atrincherado en sus resguardos y han logrado parar al terrateniente a costa de miles de muertos. Una guerra que no se detiene. La Corona accedió a constituir resguardos para conservar en los márgenes de su régimen hacendatario una mano de obra servil y barata. El sostenimiento de los esclavos era cada día más gravoso.

La cuenca del Guachicono, a la que pertenecen los municipios de La Sierra y La Vega, está dividida en tres zonas: la alta, donde existe un resguardo yanacona; la media, poblada por campesinos mestizos, y la baja, donde impera la gran hacienda. La expansión latifundista hacia las dos primeras no ha afectado en forma visible las economías indígena y campesina, que se caracterizan por dos hechos: usan sólo mano de obra familiar y son autosostenibles. Los campesinos cultivan caña panelera, café, yuca y plátano, que se complementan con el pancoger. Es lo que ellos mismos llaman la economía del sancocho, que no sólo respeta la biodiversidad, sino que por su escala menor es cuidadosamente trabajada. Los rendimientos relativos son grandes debido al uso intensivo de la mano de obra en superficies reducidas. La familia tiene por tanto una importancia decisiva, al punto de que en muchas veredas predominan dos o tres apellidos. El café y la caña son los renglones comerciales principales que, al ser uno estacionario y el otro permanente, garantizan la estabilidad. La roya golpeó muy duro los cafetales, pero la caña solventó la crisis creada por plagas incontrolables que exterminan hasta el café arábigo. En general cada parcela tiene su propio beneficiadero de café y su propio trapiche. El trabajo solidario —el brazo prestado— complementa el familiar y urde tramas que hacen que la vereda sea un organismo social de gran cohesión. En su conjunto estas características son las que constituyen la cultura campesina.

El verdadero problema es el transporte y, por supuesto, el papel que juegan los intermediarios. La mayoría de los campesinos apela a créditos leoninos de subsistencia abiertos por comerciantes, en cuyas manos naufragan las ganancias de los productores. El transporte tiende a ser resuelto abriendo caminos por medio de mingas, una costumbre indígena que los campesinos han adoptado para llevar a cabo obras colectivas, que incluyen la construcción de acueductos y escuelas. Los políticos y las administraciones municipales se apoyan en las mingas para hacer campañas electorales y aportar tejas, tubos y a veces maquinaria, a cambio de votos. Los campesinos atribuyen a la falta de vías y de escuelas buena parte de su debilidad económica.

2. A fines de los años 70 aparecieron en el Macizo —específicamente en la vereda Santa Juana, municipio de La Vega— los primeros cultivos de coca. Hasta esos días la hoja de coca mambeada era un simple medio de alimentación que potenciaba la fuerza de trabajo y contribuía a la recreación de los mayores. Se dice que la coca comercial llegó de la mano de los Cuerpos de Paz que trabajaban en la zona. Sea o no verdad, el hecho cierto es que pronto su cultivo se desarrolló en las partes bajas del Macizo y se convirtió en una forma complementaria de la economía parcelaria. Fue en Santa Juana donde también comenzó la erradicación forzada de cocales, lo que de una u otra manera introdujo un factor nuevo tanto en la vida económica como en la política de la región.

Desde mediados de los años 80 los municipios del Macizo Colombiano se han movilizado en diferentes ocasiones para exigir de los gobiernos la apertura y el mejoramiento de vías, la construcción de escuelas y puestos de salud, y algunas veces, en los 90, para impedir la erradicación de la coca. El 7 de abril de 1991 miembros del Pelotón Águila Dos, perteneciente a la Compañía “A” del Batallón de Infantería Nº 7, “José Hilario López” del Ejército Nacional, masacraron a 17 campesinos que venían del mercado de Los Uvos, un corregimiento del municipio de La Vega sobre el Valle del Patía. El objeto del operativo fue amedrentar a los campesinos e impedir la movilización que se estaba organizando y que de todos modos tuvo lugar en julio. Los campesinos bloquearon la carretera Panamericana durante 10 días y obligaron al gobierno de Gaviria a concertar soluciones sobre vías, educación, salud, y a diseñar programas alternativos al cultivo de coca. El respeto a la vida —en referencia a la masacre de Los Uvos— encabezó las demandas. Sobraría decir que ningún punto tuvo cumplimiento, por lo cual en 1996 volvieron los campesinos y los indígenas a movilizarse para presionar una nueva negociación con el gobierno. En Popayán se firmó con el gobierno de Samper un nuevo documento que incorporó las exigencias incumplidas. Un año después se repitió el bloqueo de la vía y volvieron a incumplirse los acuerdos. En 1999, 15.000 campesinos e indígenas volvieron a movilizarse, bloquearon la Panamericana durante 26 días, hasta que el gobierno de Pastrana tuvo que ceder y comprometerse en un nuevo acuerdo que tampoco se cumplió. En cambio, desde ese año se militarizó y paramilitarizó la región. Uribe inauguró el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera con 1.200 hombres en San Sebastián; el bloque Calima de las AUC, a decir de Velosa —el comandante H.H.–, tuvo entre sus ideólogos prestantes políticos caucanos.

3. Por Cauca han pasado todas las guerras civiles que el país ha vivido. En la primera mitad del siglo XIX el Gran Cauca sostuvo buena parte de la guerra contra España y fue el principal protagonista de las guerras civiles hasta 1876. Fue menor su participación en las guerras de 1885 y 1899, pero los enfrentamientos con los indígenas del norte de Cauca y sur de Tolima, acaudillados por Quintín Lame, tendieron un puente entre los siglos XIX y XX. La Violencia de los años 50 también azotó el departamento y desde los años 60 ha vivido en continua zozobra. La llamada república independiente de Riochiquito, al norte de Cauca, fue una de las regiones donde se crearon las Farc, y desde entonces no han cedido en sus acciones. Hacia 1980 las Farc crearon el segundo frente, que tuvo como teatro de guerra el Macizo, pero a final de la década se retiraron, para regresar unos años después con contingentes provenientes de Caquetá y Putumayo para organizar los frentes 29 y 31. A mediados de los 80 entró en acción el Eln, que ha prolongado su presencia, con diversa suerte, hasta hoy. Las Farc han crecido y se han fortalecido pese al rígido control militar. El último combate en el municipio de La Vega tuvo lugar en el corregimiento de Santa Rita el 1 de julio del presente año. Un destacamento móvil del Ejército que acampaba en la escuela —como suele hacerlo en todo el país— fue brutalmente atacado por las Farc, con un saldo de 12 soldados muertos y 25 heridos que fueron sacados de la zona en seis ambulancias y dos helicópteros, según afirman vecinos de la localidad. La noticia no fue divulgada a la opinión pública.

4. El oro ha sido explotado en el Macizo Colombiano desde la Colonia. Testigos son los socavones existentes en Almaguer y el Cerro Negro. No hace mucho tiempo se trabajaba aún en minas de oro como La Concepción, Las Pilas, Las Minas, Quebrada Los Ingenios, La Calixta. Hubo explotación de antimonio, cristal de roca, carbón, pizarra, y se dice que la custodia de La Vega está decorada con esmeraldas del mismo pueblo. Con el ataque de la roya del café, muchos campesinos volvieron a barequear en el río Pancitará, como lo hace la comunidad afro de Santa Rita en el río Esmita desde siempre. El Ministerio de Minas ha otorgado 64 títulos mineros en el Macizo, a los que hay que sumar los conseguidos de manera fraudulenta.

Desde 2003 las comunidades campesinas de La Sierra y La Vega han observado con reserva los trabajos de la compañía Carboandes S.A., que explora, explota y comercializa no sólo el carbón, sino otros minerales como el cobre. En Colombia tiene tres proyectos: Simacota, en Santander; Rondón, en Boyacá; Hueco Hondo y Santa Lucía, en Cauca; también ha sido operador del puerto carbonífero de Santa Marta.

La Fundación Carboandes desarrolla acciones sociales y ambientales en La Jagua de Ibirico. La concesión de Hueco Hondo-Santa Lucía tiene 36 kilómetros cuadrados sobre un pórfido de oro y cobre del que la Universidad Nacional de Colombia ha hecho estudios detenidos para la empresa. Se rumora la relación de Carboandes con la Anglo Gold Ashanti.

En Hueco Hondo la empresa ha perforado 18 pozos de exploración hasta 700 metros, emplea unos 180 obreros y construye campamentos. El Ejército cuida los trabajos, sabe el problema que se está creando. Los campesinos dicen que de las perforaciones resulta una baba barrosa que se bota, sin tratamiento alguno, en los potreros circundantes.

La preocupación de la población no es sólo sobre el proyecto de Carboandes, sino sobre la presencia continua e inusitada de quienes se identifican como “pequeños mineros con derecho al trabajo”. Son cuadrillas de obreros —o de técnicos— llevados a la zona en camionetas de 8 cilindros y se alojan en casas de los poblados con discreción y sigilo. Entraron a la zona de Cerro Negro, Altamira, La Playa y Arbela pidiendo permiso a los propietarios de fincas para sacar algunas muestras de suelo. Los campesinos accedieron, pero se alarmaron cuando vieron que la roca es explotada con dinamita y los trozos de material transportados en costales y llevados seguramente hacia Popayán, aunque los “pequeños mineros” dicen que los llevan para el municipio de Suárez, donde hay una explotación minera. Los “pequeños mineros” han tratado de ganarse la voluntad de las comunidades aportando dinero para fiestas comunales, regalando uniformes deportivos con logos de Anglo Gold Ashanti y Carboandes, pagando orquestas y prometiendo empleo y proyectos de vivienda y reforestación. Una política conocida y siempre incumplida. Meros abalorios. Es sospechoso que todas estas acciones vayan acompañadas de recolección de firmas con cédula, que aparentemente son para justificar los desembolsos, porque los dirigentes campesinos creen que se trata de documentos que serán elaborados a posteriori y se usarán como consultas previas. Es un mecanismo utilizado en muchas partes del país.

Hace unas semanas se llevó a cabo una reunión entre miembros de organizaciones campesinas (Proceso Campesino y Popular de La Vega, Asociación de Juntas de Acción Comunal, Fundación Despertar) con representantes de los pequeños mineros. El resultado sugiere un enfrentamiento inminente. El vocero de los mineros dijo: “No vinimos a ver, vinimos a quedarnos”. Los campesinos respondieron: “Tendrán entonces que matarnos y no estamos mancos. Aquí están enterrados nuestros padres y nuestros abuelos y este territorio nos lo prestaron nuestros hijos para su cuidado”.

5. En la vereda Santa Lucía, municipio de La Sierra —donde trabaja Carboandes—, existe una comunidad negra reconocida como Consejo Comunitario (Ley 70). Son campesinos que cultivan caña panelera, café, yuca —que venden a los ralladores para sacar el almidón—, y tienen unas pocas vacas. Los negros hacen parte de las cimarroneras que en el siglo XVIII se refugiaron en el valle del Patía. La vereda ha sido dividida con los ofrecimientos de redención eterna hechos por la minera. No obstante, poco a poco la división ha cedido como reacción al establecimiento de un entable para la explotación del oro en el río Esmita. Una sociedad de mineros, compuesta por unos paisas, un coronel retirado del Ejército y algún socio local de última hora, está trabajando con retroexcavadora el lecho del río y sus playones, donde los campesinos de la vereda, y en particular los negros, han barequeado toda su vida para complementar sus ingresos agrícolas, cada vez menores debido al alto costo del transporte. La retroexcavadora ha cambiado el curso del río y formado enormes lomas de material lavado, o cascajo, en las vegas. A la orilla del río se construyó un campamento para una docena de trabajadores. El vocero local de la sociedad argumenta que “se debe respetar el derecho al trabajo, que los daños son hechos en la finca de mi coronel y que a los negros se les arreglará la carretera para que saquen su yuca”. Presenta, sin inmutarse, como permiso de explotación un documento (LHH1422 de agosto 17 de 2010) que es una mera solicitud en trámite. El Consejo Comunitario ha recibido amenazas anónimas que han puesto a temblar a la comunidad. No han olvidado la masacre de Los Uvos, al punto de que en diciembre pasado apareció muerto a bala en La Vega el último de los asesinos de la matanza. Las asociaciones campesinas han convocado a una marcha contra la retroexcavadora del río Esmita, que sin duda se transformará en una gran protesta contra la minería empresarial, legal o ilegal, y en defensa de la minería tradicional, una actividad complementaria de la economía campesina.

Los enfrentamientos entre los movimientos campesinos y las empresas mineras no se harán esperar mucho.

En el Macizo se respira un ambiente caldeado, más en cuanto aquí llegan los vientos de la guerra librada entre las Farc y el Ejército en el norte de Cauca. La economía campesina, que encontró en la coca un medio marginal de subsidio, acusa el impacto negativo de su erradicación forzada, de la roya en los cafetales, de la nueva reglamentación de producción de panela que obligaría a cumplir normas sanitarias incompatibles con la rentabilidad de los trapiches artesanales. Se prepara una nueva movilización de la envergadura de la de 1999, que puso en jaque al gobierno departamental. En el fondo se protestará por el abandono, el incumplimiento de los acuerdos, el estado de las vías y, sobre todo, por las amenazas que representan la explotación minera industrial y la minería ilegal, los cateos arbitrarios y la militarización de la zona. Hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en la escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social, y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el Gobierno. Es hora de mirar con detenimiento las ilusiones de la locomotora minera que amenazaría la gran “fábrica de agua” que es el Macizo Colombiano —surte el agua del 70% de los acueductos del país— y de negociar las condiciones de la economía minera sin las heridas que puede dejar un enfrentamiento en el que correrá sangre.

Una región sitiada por la guerrilla

A los pobladores del Macizo Colombiano les ha tocado vivir con la constante presencia de la guerrilla en su territorio. En él actúan los frentes 13, 2 y 66 de las Farc y el frente Manuel Vásquez Castaño del Eln. Estas dos organizaciones ilegales se apoderaron del Nudo de Almaguer y lo llenaron de cultivos ilícitos a comienzos de los 90. Su presencia, además, ha hecho de esta región una zona en un permanente conflicto entre la guerrilla y el Ejército, principalmente, el Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera. Las condiciones geográficas hacen del Nudo de Almaguer una zona bastante complicada para el combate y es esto lo que le ha permitido a la guerrilla resistir las ofensivas del Ejército y perpetuar la guerra.

El Nudo de Almaguer

El Macizo Colombiano es una de las principales regiones productoras de agua dulce en el país. Allí se encuentra la Estrella Fluvial del Sur, reconocida por la Unesco como Reserva de la Biosfera. En esta región, también conocida como Nudo de Almaguer, nacen cinco de las arterias principales del país: el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Putumayo y el Caquetá. El Macizo alberga 15 páramos, varios volcanes —entre ellos los nevados del Huila, Puracé y Sotará— y 65 lagunas, siendo la laguna del Buey la más grande de ellas, con 64 hectáreas de extensión. El área total del Macizo es de alrededor de 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 300 mil son bosques; 1 millón 500 mil agroecosistemas y casi 200 mil son áreas de páramo.

Las comunidades ancestrales

El Macizo Colombiano es un territorio poblado por varias y antiguas comunidades indígenas que resistieron fieramente en sus tierras y que, con ello, impidieron que los sacaran de una región que es para ellos sagrada. De ellas podemos destacar a los Yanacona, los Nasas, los Guambianos y los inga.

Los Yanacona se ubican principalmente en el centro del Macizo: en Almaguer y San Sebastián; los paeces, por su parte, lo hacen en la región de Tierradentro, en límites entre el Huila y el Cauca. Los guambianos están más hacia el occidente del Macizo en los municipios de Silvia, Totoró, Jambaló y Caldono, y, por último, a la comunidad inga se la encuentra hacia el sur de la región, principalmente en Santiago y Colón.

Por: Alfredo Molano Bravo