Es, tal vez, la periodista y activista defensora de derechos humanos más perseguida por el DAS en la época de las “chuzadas”.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuántos años hace que usted denunció al DAS por las amenazas y hostigamientos contra usted y su hija menor de edad?
Periodista Claudia Julieta Duque.- Al DAS, con nombre propio, lo denuncié en 2004 pero en 2001, cuando fui secuestrada durante unas horas, y hostigada hasta verme obligada a acudir al exilio por primera vez, presenté denuncias ante la justicia sin saber de dónde provenían los ataques. Salí del país cuando me enteré que una de las placas de los carros que me seguían, pertenecía al DAS, la misma entidad a la que ese año (2001) identificamos como la que realizó un montaje para desviar la investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón.
C.O.T.- Precisamente usted estaba dedicada en 2001 a descubrir a los homicidas de Garzón. Y habló, tal como lo dice, de una “desviación de la investigación” de ese crimen ¿También denunció a alguien del DAS por esa desviación?
C.J.D.- Sí. Con el abogado Alirio Uribe Muñoz señalamos con pruebas, los nombres y apellidos de los funcionarios implicados en el montaje que tenía por objeto que no econtraran a los asesinos de Jaime Garzón. En marzo de 2004 el juez nos dio la razón y ordenó investigar a diez miembros del DAS por su participación en lo que yo he llamado las “DAS-viaciones” del caso Garzón. Esta orden fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, no se acató el resultado porque ninguno de ellos fue investigado.
C.O.T.- En cambio ustedes, los denunciantes, sí ¿Por qué?
C.J.D.- Tanto el abogado como yo fuimos denunciados por injuria y calumnia por el entonces subdirector del DAS, Emiro Rojas Granados. Éste, que fue director en Antioquia, había puesto algunos de los testigos falsos en el proceso Garzón. Y hoy es el director de la Escuela de Aquimindia, en donde se encuentran recluidos la mayoría de los citados a indagatoria en mi caso, el de las amenazas y seguimientos.
C.O.T.- Hace pocas semanas, el exsubdirector de inteligencia del DAS José Miguel Narváez fue llamado a indagatoria por la intimidación que ejerció contra usted esa entidad. Narváez, a su vez, también fue acusado como presunto responsable del asesinato de Garzón ¿Podría ser una coincidencia?
C.J.D.-No puede ser coincidencia que uno de los más altos asesores de inteligencia del Ejército y del ministerio de Defensa, hoy llamado a juicio como ‘determinador’ del crimen de Jaime Garzón, haya creado grupos clandestinos como el G-3 durante su paso por el DAS y haya liderado la denominada “guerra política” en contra de los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición. Narváez no trabajaba para el DAS cuando Garzón fue asesinado, pero sí era asesor de esa entidad cuando se dieron los peores hechos de persecución y tortura psicológica ¿Por qué el DAS se ensañó contra mí? ¿No sería porque yo había develado el montaje que llevó el caso Garzón hacia la impunidad?
C.O.T.- También fueron llamados a indagatoria por la persecución contra usted, tres directores de inteligencia involucrados en las ‘chuzadas’ del DAS ¿Los seguimientos en su contra hace parte de ese escándalo o sus investigaciones acerca del crimen de Garzón hacen que su caso sea especial?
C.J.D.- En mi caso se dio una conjunción trágica. En 2004 yo estaba investigando, además de la muerte de Garzón, otro tema muy sensible: la infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía. Además coordinaba un encuentro internacional de 300 defensores de derechos humanos. Recuerde que el presidente tildaba de traficantes y terroristas a las ONG. Los ataques en mi contra tienen una línea de tiempo que se extiende antes y después del G-3, y es la Fiscalía la que debe esclarecer a qué obedeció tanta saña hacia mí. Una de las carpetas del DAS sobre mí tiene como título “contra el DAS”. Es claro, entonces, que ese organismo de seguridad me consideraba su enemiga.
C.O.T.- El delito que se les imputa a los ocho altos exfuncionarios del DAS por su caso, es el de tortura psicológica agravada. ¿Qué opina al respecto?
C.J.D.- Es la primera vez que se abre un proceso por tortura psicológica como delito autónomo, y es uno de los pocos en el mundo. Casi siempre ese delito se investiga asociado con otros, como masacres o torturas físicas. El gran desafío es que el cuerpo del delito es el ser, la personalidad y el proyecto de vida que fueron truncados por cuenta de la persecución de que fui objeto. Por esta razón, solicité a la Fiscalía que me realizara un peritaje en Medicina Legal. El resultado de ese peritaje, así como las labores de la Fiscalía durante los últimos meses llevaron a esta decisión que agradezco porque me ha hecho sentir que es posible tener esperanzas de justicia.
C.O.T.- Esta decisión de la Fiscalía es, en cierta forma, una reivindicación para usted: además de que fue objeto de persecución, algunos investigadores y colegas la llamaron loca…
C.J.D.- Es cierto. Y no faltará quién me tilde de nuevo de loca o de paranoica. Sé que vendrán nuevos ataques de algunos o que habrá quién filtre informaciones para desprestigiarme, como ha sucedido en el pasado. En todo caso, aún falta mucho más, pues no están todos los responsables que son.
C.O.T.- ¿Siente que no ha tenido la solidaridad del gremio de periodistas?
C.J.D.- Dije algunos, porque han sido, precisamente, algunos. Y es lógico, si se tiene en cuenta que hay periodistas que recibieron pagos del DAS y colaboraron en las campañas de desprestigio en contra de sus víctimas. Pero, en general, he contado con el apoyo de las organizaciones de libertad de prensa y de los medios. Aunque durante un tiempo sí hicieron mella las campañas de descrédito en mi contra, todo volvió a la normalidad cuando hasta la FLIP fue incluida en uno de los informes de inteligencia como mi “aliada” en supuestas presiones a un escolta. Debo decir que, frente a mi caso, ha habido una gran solidaridad que me ha salvado la vida y me ha permitido denunciar cuando ha sido necesario.
C.O.T.- Para empezar por el principio ¿Cuándo se percató usted de que la seguían?
C.J.D.- Cuando pasamos las primeras solicitudes de pruebas tendientes a tumbar el montaje realizado por el DAS en el caso Garzón, empecé a percibir carros extraños que se parqueaban en los alrededores de mi apartamento, en mi trabajo o en cuanto lugar yo frecuentaba. El 23 de julio de 2001 fui secuestrada en un taxi, en la modalidad de “paseo millonario”. Durante el recorrido, los supuestos ladrones me hicieron saber que eso me estaba pasando por querer “desenterrar a los muertos” y me dijeron que tenían órdenes de dejarme “bien muerta”. De allí en adelante la situación se hizo tan insostenible que, tras comprobar que una de las placas pertenecía al DAS, salí del país.
C.O.T.- Pero regresó…
C.J.D.- Sí. Regresé en 2002, justo cuando comenzaba el juicio por el caso Garzón, que en realidad se convirtió en un juicio al DAS por el montaje para desviar esa investigación. Los hostigamientos se agudizaron en agosto de 2003 cuando compartí los resultados de mi investigación con Hollman Morris y realizamos dos especiales de Contravía dedicados al tema. Comenzaron las llamadas, los seguimientos, las amenazas de las cuales la más famosa es la del llamado “manual” (ver parte superior de la pág.) cuya existencia denuncié en 2009. Salí del país por segunda vez, a finales de 2004.
C.O.T.- … Y volvió a regresar…
C.J.D.- Cierto. Regresé en 2006. Fue entonces cuando acepté el carro blindado y los supuestos escoltas de confianza (sin armas porque no creo en ellas, ya sean como medio de ataque o de protección). Luego comprobé que los escoltas pasaban informes de inteligencia en mi contra y tras tomarle fotos a un hombre armado en frente de mi apartamento en febrero de 2008, renuncié al esquema de seguridad y salí del país por tercera vez.
C.O.T.- ¿Por qué volvía? ¿No era más seguro permanecer en el exterior?
C.J.D.- Siempre he regresado porque el exilio es una muerte lenta y uno se convierte en un fantasma que depende de otros para tomar acciones. Es mejor estar aquí, investigar por propia cuenta, luchar y demostrar que se sigue vivo, a pesar de todo.
C.O.T.- Usted se dedicó casi exclusivamente a seguir las pistas de lo ocurrido ¿Por qué no dejarles esa tarea a los investigadores judiciales aunque se demoren?
C.J.D.- Comencé a investigar mi caso por varias razones, la principal de ellas porque me cansé de ver a diversos funcionarios del Estado, léase Procuraduría y Fiscalía, pidiéndome confianza y al paso de los meses no ocurría nada. Recuerdo, por ejemplo, a la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Marlene Barbosa, que no pudo encontrar el memorando de amenazas del DAS que estaba en esa institución desde hacía tiempo; y a la actual directora del CTI, Carmen Maritza González, quien con las mismas placas de los vehículos que Novoa descubrió que eran del DAS, afirmó que todos los taxis “eran normales”. El proceso estuvo a punto de morir, y si no lo hizo es porque yo seguí insistiendo.
C.O.T.- ¿Cuánto ha aportado usted a la investigación?
C.J.D.- Si usted mira mi expediente, encontrará que al menos los primeros cinco cuadernos corresponden a declaraciones y denuncias mías; a pruebas que yo aporté buscando que alguien se tomara en serio mi caso.
C.O.T.- De todas maneras su proceso solo avanzó 4 o 5 años después ¿No se cansaba, en esos años, de la aridez de su tarea?
C.J.D.- No, porque descubrir hechos puntuales me daba la tranquilidad de comprender que no me estaba enloqueciendo, que era verdad todo lo que pasaba.
C.O.T.- ¿Cuándo empezó a moverse realmente el proceso?
C.J.D.- Cuando la Corte Constitucional me dio la razón en octubre de 2008. En una sentencia dignificante le ordenó al DAS desclasificar toda la información que existía sobre mí. Ése es para mí el verdadero origen del escándalo de las mal llamadas “chuzadas”.
C.O.T.- Usted no ha dado solo una batalla investigativa. También jurídica ¿A cuáles otros órganos judiciales, además de la Fiscalía ha acudido?
C.J.D.- Acudí a la Procuraduría desde octubre de 2004 pero esa entidad también archivó mis denuncias. Tras el escándalo de las ‘chuzadas’, el procurador Ordóñez abrió un proceso en 2009 que terminó con la destitución de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, mientras que envió el caso de otros funcionarios a la Oficina de Control Interno del DAS y declaró la prescripción frente a otros más. A través de mi abogado presenté un recurso de reposición por considerar que el fallo desconocía la existencia de planes para amenazar, desprestigiar, exiliar y torturar psicológicamente.
C.O.T.- ¿Qué decidió finalmente el procurador?
C.J.D.- Contestó negando mi condición de víctima y afirmó que lo sucedido en el DAS estaba lejos de ser calificado como violatorio de los derechos humanos. Al referirse al memorando de amenazas, Ordóñez dijo que se trataba de un “documento”, sin siquiera calificar su contenido. Eso dejó mi caso en la impunidad en materia disciplinaria.
En lo que respecta a la Oficina de Control Interno del DAS, adonde me quejé en los primeros años de la tortura psicológica, mis denuncias fueron archivadas por Carlos Alberto Arzayús en 2004, alegando que no tenían sentido. En 2006 otra funcionaria cerró la investigación tras concluir que “cualquiera” podría estar detrás de los ataques en mi contra. Ella actualmente es procuradora delegada en lo Penal.
C.O.T.- ¿Cuántas carpetas contra usted y su hija se encontraron en el DAS y con cuáles datos?
C.J.D.- Había una carpeta completa con datos personales y familiares, y en las demás, otra cantidad de información. Todas corresponden a la época en que trabajé en el Colectivo de Abogados. Se encontraron detalles sobre la vida de mis padres, hermanos, hija, amigos de infancia; y datos privados como historial crediticio, hojas de vida con fotografías y anotaciones de inteligencia y contrainteligencia, análisis y triangulaciones sobre mis contactos telefónicos, de la familia del papá de mi hija, fotografías de mi casa, de mi niña, mías, resúmenes de mis reuniones de trabajo, docenas de correos electrónicos míos, etc. Narváez no podrá volver a preguntarse dónde están las pruebas de las interceptaciones telefónicas, porque en mi caso sí las hay. Incluso hay varias transcritas en forma textual.
C.O.T.- ¿Es cierto que una de las teorías que investiga la Fiscalía en la actualidad es que además del DAS, otras entidades del Estado instigaban el plan en su contra?
C.J.D.- Está demostrado que desde el Ministerio del Interior se filtró información al DAS, no sólo sobre mí sino sobre otras víctimas. En la agenda de uno de mis victimarios se encontró un número telefónico que resultó pertenecer a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con una anotación a mano que decía “teléfono de contacto para información sobre Claudia Julieta Duque”. Me pregunto por qué nadie de ese ministerio se encuentra respondiendo judicialmente en tanto que Mario Aranguren, director de una oficina financiera del gobierno, está siendo procesado por hechos similares.
C.O.T.- ¿Es cierto que también existen indicios en la Fiscalía sobre seguimientos del DAS a usted mientras estaba en el exterior?
C.J.D.- Sí. En una inspección judicial realizada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que llevó el caso de Jorge Noguera por el asesinato de sindicalistas, fue encontrado un documento en el que se da cuenta de mis actividades en el exilio, cuando me encontraba protegida por Amnistía Internacional. Además hay una “hoja de vida” con anotaciones de inteligencia que cubre mis dos últimos exilios, así como una presentación en power point en la que se me considera “objetivo prioritario” del DAS mientras me encontraba en Europa. Viví la persecución del G-3 en Colombia y la de la operación Europa durante el exilio. Son muchas cosas de las que jamás he hablado cuyo contexto entiendo hoy.
Amenazada por el DAS
El 12 de diciembre de 2009, Semana publicó un artículo que tituló “Manual para amenazar”. Precisó que se trataba de “una guía de instrucciones usada por detectives del DAS para lanzar escalofriantes amenazas”. En el documento quedaba en evidencia que el organismo de inteligencia no solo había montado una gran operación de espionaje ilegal contra quienes consideraba los “enemigos” del gobierno Uribe, sino que también los intimidaba con llamadas anónimas, de acuerdo con el memorando hallado. El texto, sorprendentemente encontrado por la propia víctima cuando revisaba documentos incautados al DAS por la Fiscalía en momentos en que estalló el escándalo de las “chuzadas”, tenía su nombre y apellido: Claudia Julieta Duque, una reportera dedicada a trabajar con ONG y a investigar casos de violación de los derechos humanos, entre otros, el asesinato de Jaime Garzón. Ella llevaba varios años denunciando la persecución en su contra pero nadie la tomaba en serio. La “guía” decía, entre otras cosas: “no tartamudear ni durar en la llamada más de 49 segundos; constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad; llamar desde un teléfono de tarjeta; extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente al coronel Novoa, de la Policía”.
El libreto de la amenaza
El “manual” contenía el libreto de lo que debía decir, textualmente, el agente que ejecutara la amenaza telefónica: “señora ¿es usted la mamá de XXX? (esperar contestación). Pues le cuento que no nos dejó otra salida. Se le dijo de todas formas y usted no quiso hacer caso. Ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere. Eso le pasa por ‘perra’ y por meterse en lo que no le importa. Vieja gonorrea, hijueputa”. La amenaza a la periodista Duque se cumplió al pie de la letra. Ella misma la relata para El Espectador: “me hicieron la llamada el 17 de noviembre de 2004 a las 7.52 de la noche. Duró 46 segundos y destruyó todas mis posibilidades de resistencia. La denuncié públicamente a través de comunicados del Colectivo de Abogados, del Equipo Nizkor (de investigación) y de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. El 26 de noviembre presenté denuncia penal por esa llamada y el 15 de diciembre del mismo año salí hacia el exilio. Nunca, hasta hoy, he sido capaz de hablar de lo que significó esa amenaza en nuestra vida”. El texto se encontró en la carpeta original del grupo clandestino del DAS G-3, en el número 54, folio 170. A mano, aparece la fecha en que fue ejecutada y en la página siguiente están los recortes de prensa sobre la denuncia, con un aparte en que se lee “misión cumplida”.
Por: Cecilia Orozco Tascón/Especial para El Espectador | Elespectador.com
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