Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Las cifras dicen que el gobierno no cumplirá con sus promesas de restitución de tierras a las víctimas. El senador Jorge Enrique Robledo le envió una carta a la señora Terry Morel, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y a numerosos dirigentes de los más diversos sectores interesados en los problemas de las víctimas,

en la que, con cifras oficiales en la mano, muestra que la realidad y las metas están lejísimos de la promesa formulada por el presidente Juan Manuel Santos de restituir 160 mil predios a desplazados por la violencia en Colombia, del total de 350 mil existentes.

De acuerdo con las cifras del propio gobierno, a diciembre de 2013, faltándole al gobierno apenas siete meses, la restitución apenas llegaría a 11 mil predios de los 160 mil prometidos.

En la misiva, el senador Robledo también demuestra cómo el gobierno está utilizando otros seis programas relacionados con tierras rurales y que vienen de los gobiernos anteriores, pero que no son restituciones de tierras a víctimas, para ocultar la lamentable realidad de la política de restitución.

El senador del Polo se preguntó si las marchas que está organizando el Presidente apuntan a exigirle a él –a Santos– que cumpla sus promesas.

El siguiente es el texto de la carta:

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur


Referencia: Hay diferencias demasiado grandes entre la realidad y lo que se induce a pensar sobre la restitución de sus tierras a las víctimas de la violencia en Colombia.

“La meta para el cuatrienio es de 160 mil solicitudes atendidas. Además, se espera que los Jueces Agrarios fallen, en el 2012, al menos 2.100 casos de restitución”. Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura (http://bit.ly/Ahieqd)

Cordial saludo:

Dada la importancia que posee la información que le envío en esta carta, una igual les he dirigido a numerosos dirigentes, instituciones, gobiernos, organizaciones y medios de comunicación que en Colombia y en el exterior se interesan por la restitución de sus tierras a las víctimas de la violencia.

La realidad de las cifras y su uso

Estoy seguro de que a usted le llama la atención que el gobierno apenas aspire a restituir 2.100 predios a víctimas de la violencia en 2012, cantidad que puede sumárseles a las 699 restituciones (18.119 hectáreas) que por vía administrativa se realizaron en 2011 (http://bit.ly/zWvgwL). Para empeorar las cosas, el Director de la Unidad de Tierras Despojadas confirmó las 2.100 restituciones que esperan en 2012 y explicó que “la cifra se cuadruplicará en el 2013”, es decir, a 8.400 predios (http://bit.ly/w7jiLM), con lo que, al finalizar el 2013, faltándole a este gobierno apenas siete meses para concluir, las restituciones llegarían a solo 11.199, con una diferencia de 149.146 unidades en relación con las 160.345 prometidas por el presidente de Juan Manuel Santos, del total de 350 mil familias despojadas por los violentos. Nada permite presagiar que se cumplirá la promesa presidencial.

Con las cifras anteriores, seguramente más le llamará la atención que el mundo de las noticias de Colombia esté lleno de grandes números y que aparezca como muy exitosa la política de restitución de tierras del Presidente Santos, hasta el punto que él y el ministro de Agricultura pueden calificar sus gestiones con frases como “esfuerzo monumental”, “se está cambiando la faz del país”, “récord histórico” y hasta “una verdadera revolución” agraria (http://bit.ly/yRiTGk) ¿Cómo logran hacer compatibles unas metas de restitución tan mediocres con los autoelogios superlativos que publican los medios como ciertos?

La explicación es simple: el gobierno se ha dado sus trazas para que los colombianos ignoren las pocas restituciones de 2011, 2012 y 2013, mientras los someten a un bombardeo sistemático de cifras sobre centenares de miles y millones de hectáreas –500 mil, 800 mil y 3.5 millones hectáreas, por ejemplo (El Tiempo, Ene.26.12, Ene.25.12, Feb.09.12)– y se los induce a pensar que son restituciones a víctimas, cuando ello no es así. Otro caso: “Gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350 mil hectáreas a víctimas de la violencia”, tituló un boletín de la Presidencia de la República el 3 de agosto de 2011, cuando apenas 14.208 de esas hectáreas eran restituciones a víctimas de la violencia, según las cifras oficiales (http://bit.ly/A0mlv9).

El gobierno se aprovecha de que por norma se ignora que, además de la restitución –el único programa de tierras nuevo, creado por el gobierno de Juan Manuel Santos–, existen otros seis heredados de los gobiernos anteriores que adjudican o titulan predios rurales, casos estos que tratan sobre tierras que se entregan o titulan pero que no son restituciones de sus fincas a víctimas de la violencia en los términos de la Ley 1448 de 2011 (ver programas y cifras de tierras desde 1990: http://bit.ly/wOEFam).

Hace poco, en respuesta a una columna de Daniel Samper Pizano que expresaba su preocupación por las escasas 2.100 restituciones en 2012 (http://bit.ly/zN0W9X), el ministro Juan Camilo Restrepo se ufanó por haber “llegado al récord histórico de titular 800.000 hectáreas, tanto a campesinos como a desplazados y comunidades étnicas” (http://bit.ly/xaJW2i). Al respecto hay que resaltar que esa cifra representa todo lo decidido en tierras por este gobierno en 2010 (desde el 7 de agosto: 286.352 hectáreas) y 2011 (512.354 hectáreas), cantidades que pueden calificarse de cualquier manera menos de “récord histórico”, porque el promedio anual de los gobiernos anteriores para estos mismos efectos, desde 1990, asciende a 967.844 hectáreas. Si se desglosa lo contabilizado por la administración Santos, se encuentra que, de las 800 mil hectáreas (798.705, exactamente), solo 18.119 hectáreas –apenas el 2.2 por ciento del total– sí son restituciones a 699 víctimas del desplazamiento, escasas 2.535 hectáreas aporta la Dirección Nacional de Estupefacientes por procesos de extinción de dominio a narcotraficantes, 165.374 hectáreas tienen origen en la constitución, ampliación o saneamientos de resguardos y 598.857 hectáreas corresponden a titulación de tierras baldías del Estado ya ocupadas por colonos u otorgadas desde antes a afrodescendientes (http://bit.ly/wOEFam), titulación que viene desde la Colonia y que poco esfuerzo le exige al gobierno.

Esta carta no expresa reparos a las decisiones oficiales que titulan, adjudican o restituyen predios rurales en Colombia. Busca que se cumpla el derecho de los colombianos a que se les informe con veracidad y a que las cifras sobre otros programas de tierras no oculten lo que pasa con la restitución de sus fincas a los desplazados por la violencia, porque la ignorancia puede contribuir a que se perpetúe el despojo de 350 mil familias. Si el Polo Democrático Alternativo presentó y votó su propio proyecto de ley de víctimas no fue porque se opusiera a que se las indemnizara y se les restituyeran sus fincas, sino porque el proyecto gubernamental adolecía de graves carencias. Y por supuesto que repudiamos cualquier acto de violencia en contra de los dirigentes agrarios que luchan por la restitución, al igual que exhortamos al gobierno a garantizarles sus vidas y el derecho a organizarse y a luchar por sus tierras.

Entre las manipulaciones de las cifras de tierras hay una que puede significar, esa sí, un récord histórico: el de la entrega a 304 familias campesinas de la finca ‘Las Catas’, en Ayapel, Córdoba, el pasado 12 de enero, hecho que el propio Presidente de la República presentó como una gracia fenomenal suya, cuando la realidad dice lo contrario. Porque lo que hubo no fue una restitución sino la entrega definitiva de una finca que la Dirección Nacional de Estupefacientes obtuvo por un proceso de extinción de dominio y le transfirió al Incoder en 2005, entidad que se la entregó provisionalmente a los campesinos en septiembre de 2006, ¡hace casi seis años! (http://bit.ly/ycCjMY). Y el presidente Juan Manuel Santos, en el acto para aplaudirlo que le organizaron sus partidarios en Barranquilla, anunció que “tenemos para este año, solamente de aquí al 31 de diciembre, 50 casos como ‘Las Catas’”. ¡¿Otras cincuenta ‘Catas’?!

También llama la atención, por lo negativo, que el ministro de Agricultura informara que para enero de 2012 apenas cinco jueces agrarios atenderían los procesos de restitución, en tanto al terminar el año llegarían a solo 22 los nombramientos, de los 134 que dicen existirán algún día (http://bit.ly/xbJ23E).

Muy malo que echaran atrás la inversión de la carga de la prueba

El Polo Democrático Alternativo respaldó el artículo 78 del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras del gobierno que estableció la inversión de la carga de la prueba, figura que establece que le corresponde a quien posee el predio reclamado por la víctima el deber de demostrar que su posesión no tiene origen en un despojo. La inversión de la carga de la prueba se explica porque se reconoce que la víctima carece de recursos para recaudar y aportar las pruebas que demuestren la verdad de su demanda, pruebas que, además, son de suyo difíciles de recaudar en este tipo de procesos, incluso para los que poseen capacidades mayores. La cabal comprensión de esta figura también exige saber que si en el proceso no se presentan las pruebas suficientes para decidir, el juez deberá fallar en contra de la parte a la que le corresponde la carga de la prueba. Así se entiende por qué el gobierno resalta la inversión de la carga de la prueba como muestra de su buena fe hacia las víctimas.

De ahí que sea de tanta gravedad que la inversión de la carga de la prueba haya desaparecido en el decreto 4829 de 2011, que supuestamente apenas iba a reglamentar el artículo 78 de la Ley 1448, cambio que es un propósito del gobierno porque el ministro de Agricultura, al explicar dicha figura, la niega: “En la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba”, “es el Estado quien deberá ayudarle (a las víctimas) a conseguirlas y allegarlas (las pruebas)” y la ley –cosa que no es cierta–, “Instruye al Estado (…) para que concurra en apoyo de las víctimas con el fin de ayudarles a documentar sus pretensiones” (http://bit.ly/xOJpOj). Según Juan Camilo Restrepo, entonces, la carga de la prueba no le corresponde a quien posee la finca –el presunto victimario– sino al que la reclama –la víctima–, interpretación que viola el artículo 78 que ordena invertirla, violación que no se subsana porque la burocracia oficial le ayude al despojado a recaudar la prueba. Es muy probable que en este cambio esté parte del secreto de por qué la meta de apenas 11.199 restituciones al finalizar el 2013.

Tampoco puedo dejar de mencionar el artículo 73 –y el 99 que lo aplica–, según el cual, explica el ministro Restrepo, “no puede confundirse el derecho al retorno al predio, con la restitución del mismo, porque son derechos independientes” (http://bit.ly/xUcrta y http://bit.ly/xbJ23E), deslinde que abrió un boquete para que los victimarios y sus cómplices o el Estado se queden con los cultivos que existan sobre los predios, y, en la práctica, con los predios mismos, aun cuando estos les sean formalmente restituidos a las víctimas. Por esta vía aparecerán en Colombia los “rentistas paupérrimos”, es decir, los campesinos que seguirán desplazados en las ciudades o trabajarán como jornaleros en las que fueron sus fincas y recibirán un arriendo por las tierras que les “restituyeron”. Esta figura coincide con la idea principal de la política agraria del presidente Juan Manuel Santos de hacer del campo colombiano el paraíso de los banqueros, los monopolistas y las trasnacionales y de convertir a los campesinos en peones (http://bit.ly/whQqrd), objetivo para el que la Ley 1448 cumpliría una función complementaria en lo político y lo económico.

Ojalá esta carta sea útil para entender mejor lo que de verdad ocurre con la restitución de sus tierras a las víctimas de la violencia en Colombia.

Atentamente

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República