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Una nueva etapa, la de las denuncias penales contra consorcios extranjeros, se emprende con la que el representante a la Cámara Wilson Arias Castillo, instauró ante la fiscalía, relacionada con la compra ilegal de tierras y la transferencia de subsidios que de manera irregular obtuvieron los socios de la multinacional brasilera del Agro, Mónica Semillas.

ESCÁNDALO DE AGRO INGRESO SEGURO SE INTERNACIONALIZA E INVOLUCRA AL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y VARIOS DE SUS EXFUNCIONARIOS

Una nueva etapa, la de las denuncias penales contra consorcios extranjeros, se emprende con la que el representante a la Cámara Wilson Arias Castillo, instauró ante la fiscalía, relacionada con la compra ilegal de tierras y la transferencia de subsidios que de manera irregular obtuvieron los socios de la multinacional brasilera del Agro, Mónica Semillas. Este nuevo desarrollo de los escándalos en materia de tierras y corrupción, que también fue puesto en conocimiento de otros organismos de control, involucra igualmente al expresidente Álvaro Uribe y sus exministros de agricultura, Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández.

Mediante la creación de siete empresas “fachada” la multinacional brasilera, Mónica Semillas, logró acaparar la nada despreciable extensión de 13.000 hectáreas de tierra en los departamentos del Meta y Vichada, violando la normatividad que regulaba en su momento los límites establecidos a la adquisición de tierra en la altillanura colombiana. Esta multinacional que deliberadamente se fraccionó en 7 empresas locales, logró hacerse igualmente a la escandalosa cifra de 3660 millones de pesos, en transferencias no condicionadas del programa Agro Ingreso Seguro.

Ante la magnitud de estos hechos, parece extraño que aun siendo informados con antelación a través de debates de Control Político, desarrollados por el representante Wilson Arias, ni los organismos de control ni el gobierno nacional representado en el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, hayan tomado cartas en el asunto. “Parece demarcarse un sesgo investigativo y una justicia selectiva en este caso, que parece sustentado en la defensa a ultranza de la política de fomento a la Inversión Extranjera en el Agro, pues no se explica de otra forma que mientras los nacionales que involucran a hasta una exreina de belleza, tengan el rigor de la ley, pero estos empresarios se sigan pasando las normatividad nacional por la faja”, aseveró el representante Arias Castillo.

La demanda puede consultarse en nuestra web: Demanda Mónica Semillas

Corte Constitucional admite demanda contra artículos de tierras del Plan Nacional de Desarrollo

La demanda fue interpuesta por los congresistas del Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias. Arguyen que el Plan Nacional de Desarrollo les entrega las tierras del Estado, que eran para los campesinos, a los monopolios y las trasnacionales. Los ciudadanos pueden intervenir.

La Corte Constitucional admitió la demanda que los congresistas del Polo, en contra de los artículos sobre tierras incluidos en el mencionado Plan.

Los artículos 60, 61 y 62 del PND señalan que el gobierno les puede entregar sus tierras baldías a los monopolios y a las trasnacionales, agravando la inmensa concentración de la propiedad rural. Antes, en cambio, estos predios sólo podían adjudicarse a familias campesinas.

Los congresistas del Polo consideran que las normas son inconstitucionales porque la Constitución dispone que el Estado tiene la obligación de garantizarles a las familias campesinas el acceso a la tierra. En este sentido, las tierras públicas deben adjudicarse a familias campesinas y no a grandes empresas. La demanda también señala que las normas del Plan de Desarrollo violan la seguridad alimentaria, pues permiten que los extranjeros se apropien de grandes cantidades de tierras para abastecer el mercado internacional.

Con esta decisión de la Corte Constitucional, cualquier ciudadano podrá intervenir en el proceso. El senador Robledo invitó a los interesados a participar en este debate sobre la política de tierras del gobierno nacional.