Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Durante los últimos 15 días se han publicado dos informes sobre las llamadas, por el Gobierno, Bandas Criminales, BACRIM, o simplemente grupos neoparamilitares como los llaman los informes de la Corporación Nuevo Arco Iris y también el informe de INDEPAZ, que son los informes a los que nos referimos.

El informe “Política y violencia en 2011, las cuentas no son tan alegres” de la Corporación Nuevo Arco Iris, reseña que las llamadas “Bacrim” están en 209 municipios principalmente en los siete departamentos de la Costa Caribe, los departamentos de la Costa Pacífica y Antioquia. En 2011 las “Bacrim” fueron responsable directos del desplazamiento de 11.898 personas de forma individual, el 70% de estos desplazamientos ocurrieron en los departamentos de Atlántico y Córdoba. En éste último departamento a noviembre de 2011 se registraron 500 homicidios y 2.479 desplazamientos individuales en el primer semestre de 2011.1

El informe reseña que son siete las principales estructuras neoparamilitares destacándose por su número y por su presencia territorial los llamados Rastrojos seguidos por los Urabeños que serían según éste informe, las dos estructuras con mayor número de integrantes. Al lado de éstas dos estructuras se encuentran también Los Paisas, El Ejército Revolucionario Popular Anticomunista -ERPAC-, las Águilas Negras, y los grupos comandados por el “Loco Barrera” en los llanos orientales. Los departamentos más afectados son aquellos que se encuentran ubicados en las zonas de cultivos de coca y corredores del narcotráfico (si bien, éste no es el único negocio por el que disputan), especialmente los que confluyen en el Nudo de Paramillo y la Costa Caribe- fundamental para la exportación de la droga- aunque los Santanderes y el Sur de Bolívar no escapan a esta problemática. Durante este año destaca el informe el llamado Paro Armado, promovido por los Urabeños que afectó totalmente a 26 municipios en 6 departamentos del norte del país, incluyendo a Santa Marta la capital del Departamento del Magdalena y que fue, según explicaron, la reacción por la muerte de uno de sus líderes Juan de Dios Úsuga, en una acción de la Policía Nacional.

También destaca el informe que entre enero de 2007 y agosto de 2011 fueron asesinados 126 líderes de Derechos Humanos destacándose el caso de Antioquia en donde fueron asesinados 36 de ellos, seguido por los siete departamentos de la Costa Caribe en donde fueron asesinados 26 durante estos años. Así mismo destaca el informe que en este mismo período fueron asesinados 380 líderes indígenas de los cuáles 110 fueron asesinados en el departamento de Nariño, 76 fueron asesinados en el departamento del Cauca, 54 en Córdoba y 32 en el departamento de la Guajira.

Dice el informe que el presidente Santos, al principio de su administración, en una muy buena apreciación de la realidad, definió a las “BACRIM” como la principal amenaza a la seguridad e intentó diseñar una estrategia para combatirlas. Pero, con la llegada del ministro Pinzón y ante la arremetida critica del Uribismo que puso el grito en el cielo por un supuesto descuido al combate a la guerrilla, el Gobierno retrocedió y volvió a  concentrarse en la persecución a las FARC. Ahí tenemos el primer dilema de Santos. Atiende los hechos puros y duros de la violencia o se deja llevar por los golpes de opinión del ex presidente Uribe.

El Informe, finalmente, destaca que el principal enemigo del proyecto de restitución de tierras y reparación a las víctimas contenidos en la ley 1448 de 2011 conocida popularmente como la Ley de Victimas tiene sus principales opositores en estos grupos armados ilegales.

Por su parte el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, publicó esta semana su VII informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011. Este informe registra que durante el año 2011 los grupos neoparamilitares realizaron acciones en 406 municipios en 31 departamentos del país y también una reincidencia de eventos en los últimos cuatro años en 271 municipios, en los cuales tienen sus bases de operaciones más frecuentes. Los Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras y ERPAC, son los grupos narcoparamilitares que han logrado consolidarse a lo largo del territorio nacional, siendo los dos primeros los que mayor incidencia tienen. Existen otros grupos como: Cordillera, los Machos, Alta Guajira y el grupo al mando de Martín Llanos, recientemente capturado, que aún conservan algunas regiones gracias a las alianzas que están teniendo con los grupos de mayor poder.

Según el informe, Los Rastrojos tienen presencia en 247 municipios de 23 departamentos, los Urabeños tienen presencia en 211 municipios de 18 departamentos, las Águilas Negras tienen presencia en 112 municipios de 23 departamentos, los Paisas tienen presencia en 103 municipios de 14 departamentos y el ERPAC tiene presencia en 45 municipios de 14 departamentos.

Ambos estudios señalan que estos grupos son la principal amenaza para el proyecto de restitución de tierras en que está empeñado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que son hoy la principal amenaza para la convivencia en buena parte del territorio nacional, así mismo señalan críticas al plan del Gobierno para combatirlos. Es evidente que estas estructuras heredaron el poder conquistado por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y se reciclaron manteniendo y extendiendo a nuevos territorios el control territorial.

Pero, habría que agregar que como se ha señalado en reiteradas ocasiones muestra también un fracaso de la Fiscalía General de la Nación que no ha sido eficaz en la judicialización de las redes de apoyo político y económico con que cuentan en todas éstas regiones del país. Apenas ahora la Fiscalía ha anunciado la apertura de investigaciones que durante años estuvieron quietas alrededor de los pactos territoriales, que los grupos paramilitares llevaron a cabo en todos estos departamentos para copar los gobiernos municipales y departamentales. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, viene haciendo su trabajo para desmantelar las alianzas de estos grupos paramilitares en el plano nacional en lo que se ha dado en llamar la parapolítica que no es más que las investigaciones que buscan desmantelar los acuerdos con un amplio número de congresistas, pero, la Fiscalía a quien le corresponde la persecución en los niveles territoriales para desmantelar esta alianza que compromete también a sectores de la Fuerza Pública, terratenientes y poderes económicos locales, no ha hecho su trabajo. De la eficacia de la Fiscalía y de la política del Gobierno para enfrentar a estas bandas criminales depende la suerte de la restitución de las tierras despojadas. Éste es el reto.
Edición N° 00292 – Semana del 24 de Febrero al 1° de Marzo de 2012

1 Política y Violencia en 2011. Las cuentas no son tan alegres. Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá, febrero de 2011.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0292/articulo01.html