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Un colectivo de organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos solicitó al Congreso de la República la observación del proyecto de ley que pretende ampliar por tercera vez el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del complejo metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú.

Según la carta, el proyecto impulsado por el congresista Casio Huaire busca dar “una amplia flexibilidad para que el complejo metalúrgico La Oroya renueve sus actividades” sin contemplar las “medidas para la protección a la salud y al ambiente que pueden verse afectadas”.

Como se sabe, el proyecto de ley 636/2011-CR, busca ampliar el plazo para la culminación de la construcción del proyecto de planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre del complejo por 24 meses.

Sin embargo, el proyecto omite establecer un cronograma de avances, medidas para verificar el cumplimiento del mismo, y las sanciones a las que habría lugar en caso Doe Run incumpliera nuevamente con el PAMA.

Además establece que la empresa cumplirá con los estándares de plomo y niveles máximos permisibles de emisión de dióxido de azufre, sólo después de haber culminado el proyecto de la planta.

Es por ello que Carmen Heck, de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que una de las principales preocupaciones es que el proyecto exonera a la empresa de cumplir con cualquier modificación de los estándares o límites permisibles por un plazo de 5 años contados desde terminada la planta.

La carta fue firmada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la SPDA y dirigida a al Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Martín Rivas.

La carta del colectivo indica que de autorizar la reapertura del Complejo “el Congreso estaría autorizando también el reinicio de la contaminación y de la violación de los estándares ambientales diarios, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud humana y el aumento del riesgo a la salud y al ambiente a futuro”.

La operación del complejo metalúrgico, ha ocasionado graves impactos a la salud y al ambiente en La Oroya y esto fue reconocidos por el Tribunal Constitucional, la CIDH e incluso por una comisión del Congreso peruano. Por ello el colectivo señala que es necesario que la reapertura del complejo contemple medidas efectivas mientras se termina el PAMA en su totalidad.

“No hay justificación alguna para que se les dé ese beneficio, ya que cuando se modifica un estándar ambiental o límite máximo permisible por regla general se establece un plazo de adecuación al que se pueden acoger las empresas. Entonces, ¿por qué dar un trato diferenciado a Doe Run?”, señaló la especialista de la SDPA.

Son varios artículos cuestionados

El 7 de febrero en rueda de prensa, el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, y la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro, expresaron su preocupación por el proyecto de ley que daría impunidad a la empresa para seguir contaminando la zona.

“Este proyecto de ley pretende otorgarle varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Hay varios artículos que nos preocupan. Es una propuesta flexible, sumamente favorable para la empresa y en contra del bienestar de la población” afirmó José de Echave.

Indicó que no existen garantías para que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales, debido al largo historial de incumplimientos de la Doe Run de su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Servindi, 27 de febrero, 2012

http://servindi.org/actualidad/60067