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El Gobierno Nacional ha señalado que no puede acceder a las demandas de los indígenas Ngäbes, porque sería atentar contra la seguridad y el desarrollo del país. Según datos de la ASEP, la capacidad instalada de generación eléctrica hasta el primer semestre de 2011 era de 2051.4 MW, la cual ha estado en aumento desde 1998 cuando era de 1000 MW aproximadamente.

La generación hidráulica apenas representa el 48.6% de la capacidad, lo cual es explicado por la ausencia de una política energética del país, más allá de hacer negocios, sacar rentabilidad. La demanda máxima del sistema ha sido de 1286 MW, apenas el 40% de la capacidad instalada. Parte de la generación se ha exportado.

La ASEP desde el 2011 no actualiza las estadísticas, aunque se reconoce una exportación, al menos de 124 MW. Otros estudios señalan un promedio semanal de demanda de 700 MW a 1200 MW. La demanda máxima se ubica entre mediodía y las 2:00 PM, pues, debido al calor, se utilizan más acondicionadores de aire. No es cierto que el país está en riesgo si no se construyen más hidroeléctricas.

Otra mentira del gobierno. El consumo comercial corresponde al 44%, principalmente de los malls y hoteles, que consumen tanta energía como los distritos de San Miguelito y Arraiján juntos. El gobierno se ha negado a discutir el modelo económico altamente consumista de energía, diseños de edificios y centros comerciales de alto consumo energético, un modelo económico que profundiza la concentración de la riqueza donde los que más tienen, consumen y derrochan más electricidad. Sin embargo, culpan a los pobres, los humildes, los grupos originarios, de ser responsables de poner en riesgo el ‘desarrollo’ del país.

El consumo de energía de acondicionadores de aire representa un 35% y, añadiendo congeladores, es 65%. La minería es altamente consumidora de electricidad y agua. Minera Panamá, proyecto defendido por el gobierno, planea construir dos plantas a base de carbón de 150 MW cada una, tecnología altamente contaminante, y la mina consumirá el 70%, lo que representa el 20% de la demanda máxima del país. Es un modelo económico derrochador de energía, donde impera la ambición de hacer ganancias a cualquier costo, aún sacrificando las fuentes de agua y las poblaciones.

La lucha contra las hidroeléctricas va más allá de las exigencias Ngäbes-Buglés. Es un modelo depredador del ambiente sustentado en la avaricia. Los pobladores nasos han luchado contra el proyecto Bonyic, la población de Bocas del Toro contra Chan-75, sin que gobierno alguno importe. Han obligado al desalojo y maltratado a la población, en complicidad con autoridades políticas y policiales. Chiriquí y Veraguas, donde se concentran esos proyectos, han luchado por una década contra las hidroeléctricas, debido a los daños que ocasionan. Pérdida de fertilidad de los suelos, reducción de caudales, destrucción de los ríos (ríos Piedra y Chiriquí Viejo), escasez de agua, debido al desvío de ríos y quebradas para alimentar los embalses en época de sequía, como ha ocurrido en Gualaca, pérdida de lugares de recreación por la privatización del río que hacen las empresas, devastación de vegetación y bosques, expulsión de comunidades, amenazas de autoridades y empresas para que vendan sus tierras. Ha sido una lucha de años contra la avaricia desmedida, contra una alianza empresarios-gobierno, para arrebatarles lo poco que tienen.

No es casual que el PRD, el panameñismo y otros partidos satélites estén apoyando la posición del gobierno CD. Las poblaciones quieren electricidad, pero privilegian la vida. El país tiene suficiente capacidad instalada para responder a la demanda; es necesario cambiar el modelo económico, que sea menos derrochador de energía, que mejore la distribución de la riqueza. Cuando se privatizó el IRHE se dijo que tendríamos energía más barata. El país ha duplicado su capacidad instalada de generación eléctrica y el precio de la electricidad es cada vez mayor. El gobierno culpa al precio del petróleo, pero la política energética del país ha privilegiado la generación térmica. La privatización acelera el aumento de los precios de la electricidad, porque las empresas privilegian sus ganancias. La política energética ha sido hacer negocios y no generar energía más barata.

La exigencia del Pueblo Ngäbe-Buglé es justa, como también lo es la de los pobladores de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y de Petaquilla. Se deben cancelar todas las concesiones otorgadas y hacer una discusión nacional en materia de energía, donde el Estado debe volver al control de la generación eléctrica. Es la única forma de que los consumidores salgamos beneficiados. Lo demás es sólo argumento de los grupos de poder económico y político con intereses en las concesiones hidroeléctricas.

[Fuente: La Estrella de Panamá, 7marzo 2012].

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=64996