El Gobierno de Santos justificó el reciente desalojo violento de los afectados bajo el supuesto de que no permitirá la obstrucción de generación de “energía limpia y
necesaria” para garantizar la “seguridad energética del país en el futuro”, cuando no es un secreto que la hidroeléctrica se subastó con la exclusiva función de producir energía para exportación.