Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

COMUNICADO DE PRENSA

Bogotá, 30 de marzo de 2012

 

 

La Red Italiana de solidaridad con las comunidades de paz y en resistencia civil colombianas surge en Italia (Narni) en el 2003. Nuestra relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó inició en el 1999 en ocasión de la 3º Asamblea de la ONU de los Pueblo en la cual participó el padre  Javier Giraldo presentando ante la Asamblea estos procesos de construcción de la paz desde la base. 

 

La Alianza por la paz surge el 8 de diciembre del 2006 en Westerlo (Bélgica) con la participación de la alcaldía de este municipio y la Federación de parroquias de la misma ciudad. Su objetivo es construir una red de ciudadanos flamencos de diplomacia ciudadana por los Derechos Humanos y la paz. 

 

El trabajo de la Red italiana y el de la Alianza por la Paz de Westerlo (Bélgica), es un  acompañamiento internacional a través del monitoreo  de las violaciones derechos humanos y hechos violentos que sufren los miembros de la comunidad  por la acción de los actores armados,  actividades de sensibilización y difusión de estas experiencias tanto a nivel nacional como europeo, realización de una  misión in situ cada año para observar directamente la actual  situación de las mismas comunidades y de los procesos adelantados.

 

Hoy en día los procesos que la Red acompaña son los de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,  lo de la ACIN en Cauca y en algunos  momentos especiales  los procesos de CAVIDA en el Chocó.

 

La Comunidad de paz de San José de Apartadó celebró sus 15 años de vida el pasado viernes 23 de marzo. Estamos convencidos de que si esta comunidad no hubiera optado por la noviolencia y su independencia de la influencia de los actores del conflicto colombiano, Ejercito y paramilitares de un lado y la guerrilla por el otro, hoy en día ningún miembro de esta comunidad existiría.

 

Históricamente intentos legales y civiles noviolentos, por cambiar esta situación, como por ejemplo reivindicar el derecho de los civiles a no ser involucrados en la guerra, o tomar posición para no colaborar con ningún actor armado han sido considerados, contradictoriamente, por funcionarios del mismo Estado colombiano,  una amenaza y un enemigo para combatir.

 

Después de 12  años de acompañamiento y de trabajo con los campesinos, confirmamos todavía que  la  actitud del Gobierno frente a las comunidades no ha cambiado, nos sorprendemos leer hoy todavía en las respuesta del  actual gobierno  y del Departamento de Policía de Urabá   que la instalación del puesto de policía dentro del espacio de vida de la Comunidad de San José de Apartadó,  sigue siendo considerada como una de las medidas de protección de la comunidad, mientras que por otro lado nosotros verificamos atentados, asesinatos y agresiones continuas en contra de esta población (ver registro de denuncias de agresiones del 2001). 

 

Nada más y nada menos en los primeros días de marzo,  el actual Ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón, retomando la línea del gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, insinuó de nuevo la relación de las comunidades -¿Cuáles?-  con la guerrilla y bandas criminales. Señalamiento calumnioso que pone en peligro la vida de las personas que habitan en estas comunidades y que pretende justificar la  reactivación del programa de colaboración ciudadana  con las fuerzas públicas para combatir las organizaciones armada al margen de la ley. Lo más grave es que el Ministro afirmó que con esta estrategia se busca consolidar el control territorial de las poblaciones, dijo textualmente: " Hoy las FARC, el ELN, las bandas criminales, otros delincuentes de poca monta lo que hacen es trabajar dentro de las comunidades por eso la inteligencia, la información ciudadana es vital en este momento" (Caracol 4 de marzo 2012).

 

La Comunidad de paz ha sufrido en sus 15 años de vida 200  asesinatos y más de 600 violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que por su repetición sistemática y a gran escala se configuran como Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, según los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que Colombia ha firmado y ratificado.

 

Contrariamente de la opinión del gobierno colombiano, estos  procesos son reconocidos ante el mundo como valiosos modelos  de iniciativas sociales para construir una sociedad mejor, con un futuro sin guerra y sin desplazados, un modelo que puede ser reproducido en otras áreas del mundo, donde poblaciones que hayan  olvidado el sentido de ser comunidad puedan utilizarlo  para la defensa del territorio y de la naturaleza, construyendo modelos económicos respetuosos de la dignidad de los y las ciudadanos/as del Mundo.

 

En estos 12 años de acompañamiento el sentido  de nuestra relación con las comunidades ha evolucionado: hemos empezado solidarizándonos con ellos y hoy en día compartimos y defendemos conjuntamente un mismo modelo de sociedad que también nosotras y nosotros, las y los europeos,  lo necesitamos.  

 

La lucha de las comunidades  indígenas, campesinas y afrodescendientes para la defensa integral de nuestra madre tierra,  el velar por un modelo económico que ponga en el centro a las personas y no a la ganancia, encontrar y sistematizar alternativas a la violencia para solucionar conflictos, es la misma lucha que hacemos en Italia para defender las montañas de la Val Susa desde la TAV( el Tren de Alta Velocidad), para impedir la ampliación de la base militar norteamericana del Dal Molin en la ciudad de  Vicenza, para luchar contra un modelo neoliberal capitalista que a nivel europeo está despojando jóvenes y familias de sus derechos fundamentales al trabajo, a la instrucción y a la salud y en Colombia, concretamente, sigue atentando contra la vida y el territorio de estas comunidades. 

 

Hemos encontrado en las zonas que visitamos la queja de los campesinos e indígenas de que, ya sea por parte de la guerrilla o del ejército, existe la presión permanente para involucrarlos en el conflicto. Notamos con extrañeza que en zonas donde el conflicto armado está todavía activo el principio de no distinción entre población civil combatiente y no combatiente es violado por ambas partes. El solo hecho de pedirles u obligarles a dar información, alimentos, o cualquier tipo de ayuda, aunque no sea directamente de tipo militar ya convierte a estas personas en objetivo militar de la parte contraria.

 

Hemos percibido, y confirmado también después de nuestras conversaciones con las autoridades militares en Apartadó, que más que realizar agresiones físicas violentas directamente a los miembros de la comunidad, lo que se está haciendo es una campaña de estigmatización y judicialización de los campesinos que no pertenecen a la comunidad de paz: hace igual  daño con menor daño político para la imagen de la fuerza pública y del gobierno, puesto que los campesinos que no pertenecen a la comunidad no cuentan con la atención de la comunidad internacional.

 

De hecho, hemos observado que muchos campesinos de las mismas veredas en donde viven miembros de la comunidad acuden a estos como una garantía de protección, sobre todo por el acompañamiento permanente de la comunidad internacional, única alternativa de protección para evitar el desplazamiento.  Por otro lado, los campesinos de las veredas aledañas a la represa de Urra II como los de Alto Joaquín (Tierra Alta, Córdoba) se han sumado al proceso de resistencia civil noviolenta de la Comunidad de Paz.

 

Con respecto  a las mal denominadas bandas emergentes criminales hemos constatado, ya sea por las denuncias recibidas durante el 2011 como por los expresado por campesinos e indígenas de las zonas que visitamos, que éstas siguen actuando con las mismas estructuras paramilitares de antes de la ley de Justicia y Paz.

 

En lo que respecta a la zona de Apartadó hay fuerte presencia paramilitar en Nuevo Antioquia muy cerca de la vereda La Esperanza, El Porvenir, Las Nieves. De hecho nos han informado que en esta zona hay permanentes enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla y que tanto unos como los otros se han reforzado de efectivos provenientes diferentes zonas. Concretamente los paramilitares han llegado en camiones del Chocó y San Pedro de Urabá (ver mapa con ubicación de bases y presencia paramilitar). 

 

Con respecto a nuestra visita al Norte del Cauca, nos encontramos con los miembros de Asocabildos (Caldono) con los cuales representantes del l municipio de Westerlo firmaron una alianza por la Paz. Igualmente nos encontramos con el tejido de comunicaciones de La ACIN y diferentes gobernadores de resguardos indígenas entre otros con los de Jambaló, San Francisco y Toribió. 

 

Éstos también denunciaron la fuerte militarización del Cauca con, aproximadamente, 10.000 a 12.000 miembros de la fuerza pública entre ejército y policía, lo cual ha contribuido a que la guerrilla también aumente su presencia hasta  con 9000 guerrilleros en la zona. Si a esto le sumamos los 3000 a 4000 informantes aproximadamente, por parte y parte, llegamos una suma aproximada de 22.000 a 25.000 actores armados en la zona, esto sin contar el número de paramilitares que también tienen presencia en el Cauca.

 

Lo más grave es que la presencia de estos actores se presenta en la mayoría de los cascos urbanos poniendo como escudo a la población civil no combatiente. Otra vez se verifica que el principio de distinción dictado por el Derecho Internacional Humanitario es violado por todas las partes armadas en conflicto.

 

Esto se refuerza con el ofrecimiento de proyectos productivos y de servicios sociales tanto por parte de la guerrilla como por los militares con el afán de cooptar a la población civil.

Se ha denunciado además el enrolamiento tanto por los militares como por la guerrilla de jóvenes indígenas que ante la precariedad material aceptan pertenecer a una u otra parte porque ven en éstas la única opción para su sobrevivencia. 

 

A propósito, las autoridades indígenas han activado un programa de "Retorno a casa" que pretende apoyar a los jóvenes que una vez ingresados en filas armadas evalúan la posibilidad de desertar. 

 

En Apartadó y en el Cauca denunciaron que tanto el Ejército como la guerrilla están minando los campos. 

 

Hemos concluido que a pesar de las diferencias contextuales de una y otra zona, se viven situaciones muy similares de militarización, paramilitarismo y guerrilla y dicho por los campesinos e indígenas con quienes hablamos esta militarización obedece al  gran interés económico en ambas regiones: solo en el Norte del Cauca de 3.100 hectáreas ya 2.090 están en proceso de concesión y  36 puntos en estudio para ser explotados. De igual manera en Apartadó precisamente en la vereda la Cristalina hay una gran interés para convertir esta zona en explotación de carbón.

 

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Colombia Vive! ONLUS , Rete Italiana di solidarietà con le Comunità di Pace e in Resistenza Civile Colombiane, C/o Comune di Narni, Piazza dei Priori 1, 05035 Narni ( Italia) – reteitalianadisolidarieta@gmail.com

 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article35543