Multinacionales, países petroleros y fondos de inversión están comprando millones de hectáreas. El equilibrio natural, el destino de los campesinos y el futuro del planeta están en juego.

 
Hay un producto más atractivo que el oro, más rentable que el petróleo y más codiciado que las acciones de Apple: la tierra. En los últimos diez años en África, América Latina y el Sureste Asiático, 230 millones de hectáreas han sido cedidas, vendidas o alquiladas a estados petroleros, potencias emergentes, conglomerados industriales, fondos de inversión y bancos. Es como si hubieran comprado a Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda y Suiza juntos. Una fiebre de miles de millones de dólares que está trastornando el planeta al establecer plantaciones gigantes donde antes solo había sabanas, selvas y pequeñas parcelas. Puede ser la oportunidad para impulsar una verdadera revolución verde pero, a cambio, el mundo está jugando con su equilibrio y su sostenibilidad.
 
Desde tiempos coloniales, empresas y gobiernos extranjeros se tomaron tierras en todo el mundo. Pero en 2008, cuando se dispararon los precios de los alimentos, se aceleró el frenesí por comprar. Ese año, según la compañía de análisis financiero Bloomberg, el trigo aumentó 130 por ciento; la soya, 87 por ciento; el arroz, 74 por ciento, y el maíz, 31 por ciento. Sorprendidos, países que importan gran parte de su comida, inversionistas y compañías agroindustriales redescubrieron el aforismo del autor estadounidense Mark Twain: "Compren tierra porque ya no la fabrican".
 
Comenzó entonces la carrera por las hectáreas. Como le dijo a SEMANA Danielle Nierenberg, experta en agricultura sostenible de la ONG Nourishing the Planet: "muchos países ricos se empezaron a preocupar por la manera como iban a alimentar a su población en 10, 20 o 30 años y se pusieron a buscar sitios para cultivar". Así fue como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar, países desérticos que importan 60 por ciento de su comida y que tienen los bolsillos repletos de petrodólares, se volcaron a adquirir suelos fértiles en Etiopía, Kazajistán o Indonesia. 
 
Japón, China y Corea del Sur también compraron compulsivamente. Seúl controla ahora, a través de grandes consorcios como Daewoo o Hyundai, 2.300.000 hectáreas en otros países. Es uno de los terratenientes más grandes del planeta y sus propiedades llegan hasta Brasil, Tanzania, Filipinas o Rusia. China, por su parte, se prepara para enfrentar un reto enorme. Tiene 1.400 millones de bocas para alimentar, el 20 por ciento de la población mundial, pero menos del 10 por ciento de los suelos cultivables del planeta. Con la urbanización y la industrialización, se está consolidando el problema. Por eso en los últimos años Beijing firmó contratos con más de 30 países. 
 
Uno de estos es República Democrática del Congo, el país más grande de África, que lleva décadas atrapado en la llamada guerra mundial de África. En esa nación, empresas chinas consiguieron una concesión para instalar la plantación de palma más grande del mundo, que cubrirá en los próximos años un millón de hectáreas -casi cuatro veces el tamaño de Bogotá-. 
 
Pero no solo los gobiernos invierten. Con los precios del petróleo por las nubes, la demanda por biocombustibles está aumentando a una velocidad vertiginosa, y con ella la presión para sembrar caña de azúcar, palma africana, soya o jatropha, una mata con propiedades similares. Grandes empresas del sector energético, químico o agroindustrial están adquiriendo por doquier. En Argentina, enormes extensiones de soya, destinada a biocombustibles, están devorando la pampa y reemplazando alimentos como el ganado o el trigo. 
 
Pero el suelo ya no es solo para cultivar. También se volvió una forma para ganar mucho dinero. Después de la crisis financiera de 2008, las tierras atrajeron inevitablemente a los mercados financieros, pues es un negocio seguro. Con el auge de los biocombustibles, el calentamiento global, el incremento de la población mundial y el alza de los alimentos, la presión sobre la tierra va a seguir creciendo. Warren Buffett, el multimillonario estadounidense, se gastó 400 millones de dólares en soya y azúcar en Brasil. En Argentina, la familia Benetton posee 900.000 hectáreas en la Patagonia y el gurú de las finanzas George Soros ya tiene un fondo para adquirir tierras en América del Sur. 
 
Como la compra masiva de tierras es aún un fenómeno reciente, sus consecuencias aún son inciertas. Los nuevos terratenientes insisten en que es una oportunidad única para sacar de la miseria a millones de campesinos. Prometen inversiones en educación, salud, carreteras, inyectar tecnologías y mejorar la productividad. Pero, como dijo a SEMANA Carlos Vicente, de la ONG Grain, los riesgos son demasiado grandes: "El acaparamiento de tierras ya está teniendo un tremendo impacto. El desplazamiento de comunidades locales, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de la producción de alimentos para el consumo local, la pérdida de la biodiversidad, los impactos de los monocultivos y de los agrotóxicos usados en la producción agroindustrial son efectos que ya son parte de la realidad".
 
Las dos terceras partes de los nuevos negocios se están firmando en África, en países que muchas veces carecen de instituciones capaces de ejercer un control. Las transacciones son opacas y los derechos del campesino no son precisamente la preocupación principal de los dirigentes. Además, muchos países están dispuestos a todo tipo de sacrificios con tal de atraer las inversiones. Philippe Heilberg, un inversionista estadounidense que tiene cientos de miles de hectáreas en Sudán del Sur, se lo explicó con mucho cinismo a la revista Der Spiegel: "Cuando hay poca comida, el inversionista necesita un estado débil que no lo fuerce a regirse por las reglas". Así es como en Mozambique inversionistas consiguieron contratos de alquiler de 99 años, con exenciones de impuesto sobre 25 años, al irrisorio precio de un dólar por hectárea al año. Cada año solo van a pagar 300.000 dólares, lo que vale una casa en un suburbio de clase media en Houston. 
 
También abundan denuncias de grandes organizaciones humanitarias sobre regiones enteras que son desplazadas. En enero, Human Rights Watch denunció que 70.000 campesinos de Etiopía abandonaron sus pueblos después de que el gobierno vendió sus tierras. Oxfam, por su parte, indicó que en Uganda 20.000 personas salieron de sus parcelas para que ahí se instale una compañía maderera.
 
Pero tal vez la mayor preocupación es que, aunque parezca contradictorio, la producción masiva estimula el hambre. Nierenberg dijo que "los gobiernos muchas veces venden sin consultar con las comunidades. Los granjeros, ya sin parcela, no pueden alimentar a su familia y se ven obligados a migrar a las ciudades". Además, los alimentos ahora compiten en un mercado global. El pobre de Etiopía tiene que pagar un precio competitivo por el trigo que consume o, de lo contrario, el producto es exportado. Y el modelo agrícola, basado sobre todo en biocombustibles, acaba con los cultivos tradicionales. A mediados del año pasado, miles de personas murieron de hambre en el Cuerno de África. Una crisis que, según un reporte del Banco Mundial, fue provocada por una sequía prolongada, pero también por el auge de biocombustibles que contribuyeron a la inflación de la comida. 
 
Por ahora, activistas y ONG tratan de imponer un código ético mundial, mayores controles y más transparencia en el mercado de tierras. Aunque algunos, como Carlos Vicente, piensen que "buscar un punto medio es como intentar que convivan en una jaula un cordero y un león", el mundo tiene la obligación de resolver pronto cómo va alimentarse, sin correr el riesgo de autodestruirse. 
 
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