Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La política oficial consiste en darle todo tipo de garantías a la gran minería trasnacional, a pesar de que ella tiene entre sus aspectos negativos enormes daños ambientales, amplio maltrato laboral y escasos pagos de regalías e impuestos. Estos inversionistas extranjeros, además, monopolizan un porcentaje altísimo de los títulos mineros.

 

Martes, 10 de abril de 2012

 

 

La política oficial consiste en darle todo tipo de garantías a la gran minería trasnacional, a pesar de que ella tiene entre sus aspectos negativos enormes daños ambientales, amplio maltrato laboral y escasos pagos de regalías e impuestos. Estos inversionistas extranjeros, además, monopolizan un porcentaje altísimo de los títulos mineros.

 

Hay otros dos tipos de mineros que no pertenecen al poderoso club de las trasnacionales: los pequeños y medianos empresarios que producen con obreros y máquinas-herramientas y los artesanales que lo hacen apenas con herramientas y que suelen trabajar solos o en algún tipo de asociación con los empresarios. Lo corriente es que los unos y los otros carezcan de títulos mineros, no porque se rehúsen a tramitarlos, sino porque un sistema inicuo, diseñado contra ellos y corrupto hasta la médula, no reconoce las tradiciones mineras y les impide formalizarse. Aunque no hay estadística que diga exactamente cuántos son todos estos productores, suman multitudes porque la minería se convirtió en la única válvula de escape de las muchas ruinas del país, empezando por la agraria, víctima del libre comercio. ¡Y vienen los TLC! Una crisis social muy profunda –inmanejable, incluso– se abatirá sobre amplias regiones de Colombia si estas minerías desaparecen, porque se perderían los empleos que generan y en ellas se apoyan las restantes actividades económicas. “Sin minería no hay economía”, sintetizó el cura párroco de Caucasia, Antioquia.

 

Estos mineros colombianos, Señor Presidente, no son criminales sino informales, que es muy distinto, como puede comprobarlo quien desee, cosa que no debe extrañar en un país donde cunde la informalidad en todas las áreas económicas. Es tan extendido este fenómeno, que su gobierno hizo aprobar una ley de formalización empresarial, política que llamativamente no aplica a los mineros.

 

Los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, por otra parte, son gentes respetables que ejercen su actividad en medio del abandono oficial en cuanto a legalización, créditos apropiados, asistencia técnica, seguridad social y educación ambiental, falta de respaldo que junto con el monopolio de los títulos por parte de las trasnacionales está en la base de no poder desarrollar de la mejor manera sus actividades, a pesar de que ese es su deseo y se esfuerzan por lograrlo, como con toda formalidad se lo han planteado al ministro de Minas. Para completar, es común que estos compatriotas sufran por extorsiones de diferentes orígenes, incluidas las de funcionarios oficiales, en razón de la incapacidad del Estado para protegerlos en sus vidas y en sus bienes. Se cae de su peso que la presencia de organizaciones ilegales en la minería no puede llevar a declarar como criminal a cada minero. ¿Hay en Colombia alguna actividad económica en la que no actúen personas al margen de la ley?

 

Ante estas realidades, le expreso mi total desacuerdo con la campaña oficial de presentar a los pequeños y medianos mineros como criminales que deben ser perseguidos igual que los narcotraficantes, como con escandalosa irresponsabilidad repite cada vez que puede el ministro de Minas, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Que el ministro tenga su predilección por una minería no lo autoriza a estigmatizar a las otras y menos a violentar los criterios jurídicos democráticos del respeto a la honra y la presunción de inocencia de los ciudadanos, el debido proceso y el deber que tiene el Estado de individualizar los cargos cuando se presenta un delito. ¿Podría el gobierno tratar como lavadores de dinero a los banqueros porque por el sistema financiero circulan las platas del narcotráfico o de contrabandistas a los comerciantes porque el contrabando es una actividad comercial?

 

Dado el ambiente de macartismo y agresiva persecución oficial en contra de los pequeños y medianos mineros, no me sorprende un hecho que considero de la mayor gravedad: existe en la Fiscalía de Cartagena la acusación de un minero del oro contra miembros de la policía que llegaron en helicóptero y sin orden judicial, y con explosivos le destruyeron su maquinaria, en brutal y flagrante violación de la ley (http://bit.ly/Hy7xOr). Porque este acto atroz podría ser la traducción en las zonas apartadas de Colombia de las agresiones verbales que salen de la cúspide del Estado. También está el caso de una mina en Taraira, Vaupés, que, a pesar de dos décadas de trabajos en los que ha contado con maquinaria entregada por el Estado, fue cerrada por la Fiscalía, decisión que favorece a una trasnacional. Y es evidente la falta de respaldo y la actitud hostil del Estado en contra de los colombianos que desde hace años explotan minas de carbón.

 

En vez de convertir en casos de policía, y con sesgo inocultable en contra de los débiles, las realidades económicas y las contradicciones entre los extranjeros y los nacionales, lo que debería hacer el gobierno es aprobar políticas que aseguren que en el país puedan operar todas las minerías, para que cada una de ellas actúe de la mejor manera en cuanto a sus responsabilidades legales, ambientales, laborales y económicas. Esto, por supuesto, con el criterio de que el Estado debe darles especial respaldo a los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, porque así lo indica el interés nacional y el más elemental sentido de lo democrático en lo económico.

 

Jorge Enrique Robledo Castillo