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Barack Obama anuncia que certificará a Colombia en derechos laborales durante la VI Cumbre de las Américas. Este sería el último obstáculo para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Centrales obreras colombianas y norteamericanas insisten en la vulneración de los derechos laborales.

Así el amigo de Obdulio Gaviria insista en el gran fraude que denuncian las centrales obreras colombianas sobre la violencia y el asesinato contra sindicalistas, los índices más moderados muestran que Colombia sigue siendo un país de riesgo para disfrutar plenamente de los derechos emanados del artículo 39 de la Constitución Política colombiana: los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos. Según Carlos Miguel Ortiz, coordinador del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Reconocer el pasado, construir el futuro”, Estado, centrales sindicales y empresariado unánimemente reconocen que lo acaecido de 1984 a 2011 ha sido preocupante, así existan algunas divergencias de cifras entre las fuentes. Pero ese no es el núcleo central del debate sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia. Diversos análisis del informe muestran que no hay evidencia para probar que la existencia del programa de protección estatal haya sido factor decisivo en la tendencia decreciente de asesinato de sindicalistas a partir de 2003: desde la implementación del programa en 1998 han sido asesinados más de 1.192 sindicalistas.

Estos son los informes de diferentes centros de investigación que alimentaron el del PNUD:

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)

Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia)

Fundación Ideas para la Paz

Universidad Externado de Colombia (UEC) – Centro de Investigación y Proyectos Especiales (CIPE)

Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz

Plan de Acción Laboral

El asesinato de sindicalistas que no acaba es uno de los argumentos del sector obrero colombiano para oponerse a la certificación en derechos laborales que previsiblemente dará a Colombia el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante la VI Cumbre de las Américas. Esa certificación significa el último obstáculo para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y obedece al Plan de Acción Laboral acordado.

Para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos —red de 220 organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país—, el Plan de Acción Laboral, «a pesar de los avances parciales que postula en algunos temas laborales y sindicales, no da cuenta de la gravedad de la situación de vulneración a los derechos humanos […] ni logra superar ni compensar las grandes asimetrías económicas y los impactos económicos adversos que se generarían con la implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio». La CCEEEU es clara ante esta situación: «La protección de los líderes campesinos y de los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianos, de los periodistas, líderes religiosos, opositores políticos, funcionarios judiciales que luchan contra estos crímenes y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos deben también ser objeto de consideración en cualquier agenda o Plan de Acción que se proponga con el fin de superar la grave situación de vulneración de los derechos humanos actualmente imperante».

El Departamento de Trabajo estadounidense aportó dos millones de dólares para apoyar la implementación del Plan de Acción Laboral. Fruto de este Plan, la Subunidad OIT de la Fiscalía —la división de delitos contra los derechos humanos de sindicalistas creada por el Fiscal General de la Nación mediante la resolución 0-3580 de 31 de octubre de 2006— aumentó los fiscales de 10 a 25 y agentes de policía judicial de 100 a 243 con dedicación exclusiva a delitos cometidos contra miembros de organizaciones sindicales: homicidios, amenazas, desapariciones y torturas.
Según la revista Huellas de la Fiscalía, en su número 74 de diciembre de 2011, la Subunidad OIT inició su actividad en 2006 con 71 casos alcanzando cinco años después los 962 casos abiertos que corresponden a un total de 2.053 víctimas directas en delitos como el homicidio, la desaparición forzada y las amenazas. Hasta noviembre de 2011, los diferentes juzgados designados para conocer de los procesos OIT produjeron 443 sentencias condenatorias.

¿Trabajo decente?

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Service Employees International Union (SEIU) enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos el 26 de marzo de 2012 en la que sostenían que la intermediación laboral continúa violando los derechos laborales: «Hay una tendencia creciente de las compañías a despedir a los trabajadores y sustituirlos por mano de obra subcontratada. A pesar del compromiso declarado del Gobierno colombiano en el Plan de Acción, el modelo sigue funcionando como la principal forma de empleo en muchos sectores de la economía. Los esfuerzos para poner fin a la intermediación laboral no debe limitarse a las Cooperativas de Trabajo Asociado ya que muchos de los subcontratistas están utilizando el mismo modelo con un nombre diferente».

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) también le pidió al presidente estadounidense abstenerse de certificar que Colombia cumplió con las exigencias que se le hicieron en materia laboral.

Según el análisis de la Escuela Nacional Sindical (ENS), “Colombia: crecimiento económico, pero sin trabajo decente”, si bien el empleo en términos generales creció en el último año, el empleo con protección social retrocede: «Lo que indica que el empleo que se está generando es de mala calidad; mayoritariamente empleo temporal, empleos precarios, al margen de la protección social y que el trabajo en la economía informal, antes que ceder, se está incrementando». Los principales argumentos para esta conclusión son el modelo económico basado en sectores como la minería donde los fenómenos de la tercerización precarizan las condiciones de trabajo y el hecho de remplazar trabajo propio por trabajo importado a través del incremento de toda clase de importaciones, fenómeno que se va a agravar con los tratados de libre comercio según la ENS.

Las versiones son contradictorias dependiendo de donde procedan. En enero pasado, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, afirmó que Colombia cumple el Plan de Acción. Según Pardo, en el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado el Ministerio ha venido adelantando una agresiva política de inspecciones para determinar si se están empleando mecanismos inadecuados de intermediación laboral en los sectores de palma aceitera, puertos, flores y cultivos de caña de azúcar.

Sin embargo, la ENS sostiene que el poco trabajo decente que genera el crecimiento de la economía tiene que ver con la poca o nula labor de inspección del Ministerio del Trabajo: «una gran parte del trabajo por fuera de la legislación laboral ocurre porque los empleadores están absolutamente convencidos de que nadie los va a sancionar por eludir los derechos laborales, y por ello, ni pagan el salario mínimo, ni afilian a sus trabajadores a la seguridad, o siguen contratando a través de cooperativas»

Obama viene a Cartagena a decir que un país que jamás ha pisado respeta los derechos laborales