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Así lo señaló el representante a la Cámara Iván Cepeda, basado en recientes informes de organizaciones no gubernamentales sobre ejecuciones extrajudiciales.Pasaron cuatro años antes de que las familias Pesca Olaya y Garzón Páez creyeran en la justicia, solo lo hicieron cuando vieron que los casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de los que fueron víctimas sus allegados, encontraron culpables.

Solo hasta el 15 de julio del 2011 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, dictó la primera sentencia contra ocho exmiltares del batallón Rafael Reyes (situado en el municipio de Cimitarra, Santander) por el caso de los denominados 'falsos positivos' de Soacha, municipio al sur de Bogotá.

Los culpables fueron varios militares: el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto, el teniente Eduard Antonio Villani Realpe, el sargento viceprimero Jesús Eduardo Ñiámpira Benavidez y los soldados profesionales Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabares, Benancio Puentes Guapacha y Germán Augusto Oliveros Tabares. A ellos les imputaron los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y agravada y peculado por apropiación.
 
Las víctimas de sus acciones fueron Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, quienes residían en Soacha y tras su desaparición -denunciada por sus familias- aparecieron sepultados sin identificar en el cementerio del municipio de Cimitarra (Santander).

Las investigaciones determinaron que Andrés y Eduardo aparecieron sin vida el 5 de marzo del 2008 en la vereda ‘Brasilia’ de Cimitarra y fueron presentados por el Ejército como resultado de una acción contra miembros del ELN, que supuestamente pretendían secuestrar a un ganadero de la región.

Casos como el del par de muchachos se han registrado muchos. Sin embargo la posibilidad de que lleguen al mismo final, el hallazgo de culpables, son muy pocos.

Lo han denunciado organizaciones de derechos humanos y lo llevó este martes a la Comisión Segunda de Cámara de representantes, el congresista Iván Cepeda Castro, quien reveló datos de cinco informes sobre el estado actual de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

La impunidad parece haberse convertido en la principal aliada de estos crímenes. Según Cepeda (basado en cifras oficiales), de los 1.100 procesos que han entrado a indagación por estos hechos en la Fiscalía en los últimos años, 665 han entrado a etapa de investigación y solo 72 han llegado a juicio. No hace falta ir muy lejos para ver cómo más allá de las cifras, la impunidad se evidencia en el drama de las familias que perdieron a sus hijos en ese oscuro episodio de los 'falsos positivos', que según el banco de datos del Cinep (citado por Cepeda) sigue ocurriendo.

En lo que va del actual gobierno se habrían registrado 69 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado. Durante el mismo período, según el mismo informe, los paramilitares cometieron 393.
 
Y si en la parte penal son pocos los logros que se han tenido frente a los casos de los llamados 'falsos positivos', en los procesos disciplinarios contra miembros del Ejército, la situación no ha sido muy diferente. De 1.150 expedientes, 458 han pasado a investigación formal, en 57 se han imputado cargos, y solo en 13 la justicia ha proferido fallo, según reveló Iván Cepeda.
 
La situación llama la atención no solamente de organizaciones de derechos humanos nacionales. También lo hace en instancias internacionales. Sobre todo porque los familiares de las víctimas han tenido que padecer de amenazas después de denunciar.
 
Así lo señaló (en informes del 2011) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al expresar su intranquilidad por los actos de hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas.

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