Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El día 07 de Mayo del presente se llevó a cabo la Asamblea de Defensores de Medio Ambiente denunciados y criminalizados por participar en las protestas sociales contra el Proyecto minero 
Conga.

 

La Dra. Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES, presentó la relación de personas 
denunciadas, los delitos que se les imputa, así como la situación en la que se encontrarían las 
investigaciones.

 

En total habrían unas 94 personas entre autoridades, líderes sociales y ciudadanos, a los cuales se los estaría investigando por delitos contra de la vida y la salud: lesiones leves y graves (físicas y 
psicológicas en agravio de la empresa minera), contra el patrimonio (daños y usurpación), delitos de perturbación contra los medios de transporte, violencia y resistencia a la autoridad, en agravio de Minera Yanacocha. Vásquez, mencionó que “hay personas que tienen entre 4 a 11 denuncias cada uno interpuestas en las fiscalías de Cajamarca, Celendín y Bambamarca”.

 

Los líderes y líderesas son denunciados por la Empresa Minera Yanacocha, y el estado por intemerdio de la Procuraduría del Ministerio del Interior. Además las personas denunciaron la existencia de una serie de irregularidades en el proceso de notificación, “algunas (notificaciones) 
llegan a destiempo y otras simplemente no llegan o llegan a domicilios que no corresponden a los notificados”, manifestó Edy León Benavides, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Bambamarca.

 

También se mencionó que el Ministerio Público apertura todas las denuncias interpuestas por la empresa minera, al parecer sin una previa evaluación dado a que no existe una fundamentación suficiente que establezca el nexo entre las personas que se investiga y lo que se denuncia.

 

Este escenario es una clara muestra de una política de criminalización de la protesta social que consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial denunciando a los líderes que defienden el medio ambiente, escenario que se torna cada vez más fuerte, muestra de ello es la aprobación del Congreso (03 de Mayo 2012) de una nueva ley la cual regula el empleo de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional del Perú en donde se les excluye de toda investigación y sanción penal en caso de utilización de sus armas en protestas sociales.

 

Por ello los integrantes del Comité Unitario de Lucha de la Región Cajamarca, rechazaron esta persecución y reafirman su posición de Resistencia Pacífica en Defensa de la Vida y la Dignidad.

 

Observatorio de Conflictos

 

GRUFIDES