Los hombres y mujeres participantes en la Minga por la vida, el territorio y la paz, realizada en Caloto y Villa Rica (departamento del Cauca) los días 9 al 11 de mayo de 2012, hacemos la siguiente.

 
Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano
 
Crece la palabra que camina
 
1. Esta Minga por la Paz nació en varias asambleas comunitarias de los resguardos indígenas de Tóez, Huellas y López Adentro, en Caloto. Asediadas por la guerra, bombardeadas como todo el norte del Cauca de una forma indiscriminada, con temor por las armas no convencionales de la guerrilla, cansadas de estar en un estado de sitio, llamaron a las otras comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares de la región para proponer que sumáramos una vez más la palabra que camina a lo que otros ya vienen andando. Las comunidades afrodescendientes de Villa Rica y Guachené, que viven una situación parecida, que han visto sus casas destruidas por la guerra, decidieron hacer parte de la minga de inmediato. Han sido estas comunidades las que nos han convocado; las demás organizaciones participantes les agradecemos la generosa acogida. 
 
2. De ahí en adelante todo ha sido un crecer de este esfuerzo: Todo el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, El espacio departamental de pazla Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca UAFROC, la Ruta Pacífica de Mujeres, Comunitar,  el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, las Plataformas de paz de la sociedad colombiana, todos hemos venido a sumar a la Minga por la Paz, sin más aspiración que hacer parte de un instrumento para analizar, discutir, construir, caminos de paz. Sin duda lo más importante de estas nuevas acciones que venimos haciendo, es que se trata de las comunidades mismas las que impulsan una acción sostenida por la terminación de la guerra y la construcción de la paz. 
 
3. Y esta gran movilización social de base, de gente humilde y trabajadora, ha encontrado eco en importantes sectores de la Iglesia y de las autoridades locales. El Gobernador del Cauca, los alcaldes de Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Villa Rica, se sumaron a la convocatoria, apoyaron decididamente la Minga y se pusieron al servicio de las comunidades movilizadas para que la exigencia de terminar la guerra y construir la paz tenga una voz más fuerte y pueda oírse más allá de las carreteras del Cauca. Otros alcaldes y alcaldesas, otros gobernadores y gobernadoras, han venido a Villa Rica también a sumar su voz, a decir que la guerra y la militarización no son el camino. Nos han acompañado los voceros de la Iglesia católica; en diferentes momentos de esta Minga han reiterado su compromiso con la búsqueda de la paz y han encendido su cirio espiritual con nuestras antorchas de paz. Las comunidades que venimos a esta Minga reconocemos este gesto valiente y necesario de unos y otros.
 
4. Y ahora es una Minga de todos y todas las que queremos la paz. Vendrán otras mingas, otros recorridos, otras movilizaciones. Y allá iremos. Porque no vamos a dejar solo o sola a nadie que se comprometa con la paz de Colombia. 
 
Paren ya la guerra: la guerra no es el camino 
 
5. La Minga por la vida, el territorio y la paz nos ha servido para confirmar lo que por diferentes medios ya han dicho las comunidades: que la guerra está destruyendo al país y el espíritu de estos pueblos, que ha agotado hace tiempo sus posibilidades de transformación a favor de cualquiera de los sectores de la sociedad, que no deja consolidar la organización popular. 
 
Es un hecho que la política de consolidación territorial del gobierno nacional no se ha traducido en una mejora de la presencia institucional democrática en los territorios, municipios y departamentos de donde provenimos, ni en más seguridad para las comunidades ni en mayor bienestar humano. Su saldo único es la militarización y la agudización de la violencia política. Así mismo, la estrategia de “desarrollo armado”, de canalizar toda la acción civil estatal a través de las fuerzas militares, también es un fracaso, pues la guerra se chupa siempre el desarrollo. Los programas estatales que se ejecutan en esa modalidad se traducen en un derroche de recursos y corrupción, pues su perfil propagandístico les quita toda racionalidad económica; y en cambio dejan como saldo el involucramiento de las comunidades civiles en las situaciones de guerra.
 
6. Tampoco ha servido para derrotar a la guerrilla. Por el contrario, tras diez años del Plan Colombia y otros seis del Plan de Consolidación Territorial, las hostilidades entre la guerrilla y la fuerza pública han ido creciendo en la región, no solo en número sino en intensidad. La Guerrilla por su parte intensifica su actuar, intensificando y degradando el conflicto. 
 
Las comunidades de forma concluyente han confirmado que están viviendo un estado creciente de militarización de la vida civil, un clima de zozobra angustioso y una merma evidente en sus condiciones de vida. Los continuos ametrallamientos y bombardeos en áreas rurales realizadas por las fuerzas oficiales, los ataques a bases y estaciones del ejército y la policía hechos por las guerrillas en medio de población civil, como ocurre siempre en este tipo de conflicto armado interno tienen como principales víctimas a la población desarmada, los bienes civiles y los procesos organizativos comunitarios. 
 
¡No! Colombia no acepta, los colombianos y las colombianas no aceptamos que la guerra sea nuestro destino. 
 
La llave de la paz es la movilización de las comunidades
 
7. Esta Minga por la vida, el territorio y la paz fue convocada esencialmente para concretar una certeza: que solo la movilización social, ciudadana, popular, comunitaria, abrirá el camino de la paz en Colombia. No serán el Estado ni la guerrilla los que aceleren la necesaria apertura de una negociación política para terminar el conflicto armado interno; los tiempos de la guerra, los cálculos de los ejércitos, se convierten en obstáculos reales a la apertura de tal escenario. 
 
8. No queremos una “paz neoliberal”. Ni una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera. Ni una paz sin cambios en el sistema político, sin modificar nada de la estructura socio-económica más desigual de todo el continente. En resumen: No queremos una paz sin paz. 
 
Nosotros y nosotras queremos otra paz. Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Queremos una paz con paz. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas y sociales de la vida nacional. El alcance de esas transformaciones no puede ser decidido en un espacio cerrado entre los actores armados, sino y precisamente en un espacio amplio y plural de la sociedad colombiana, donde todos los actores políticos, económicos, militares, acuerden un nuevo pacto político que permita a la sociedad vivir sin guerra y al movimiento popular luchar por la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales sin temor a la muerte, al señalamiento o el desplazamiento. 
 
9. Pero una paz con democracia -la única paz realista y posible- la tenemos que construir pacíficamente nosotras y nosotros: las organizaciones populares, los pueblos indígenas y afros, las comunidades campesinas, el movimiento estudiantil, la intelectualidad, los sectores empresariales que entienden que la guerra es su ruina, las Iglesias, todos y todas. La presencia de las organizaciones de mujeres en este esfuerzo por la paz es absolutamente indispensable, porque los efectos de la guerra sobre sus cuerpos y su experiencia y de la construcción de democracia amplían la mirada sobre cualquier paz posible. Así mismo las víctimas de la violencia política, cuya satisfacción a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son necesarios para lograr la reconciliación, son constructoras de este esfuerzo monumental al que nos hemos comprometido. 
 
Decisiones para seguir el camino 
 
10. Quienes concurrimos en esta Minga, hemos decidido impulsar una Consulta por la Paz acogiéndonos a nuestros derechos. Para que se pronuncien la ciudadanía y las comunidades sobre el derecho que tenemos a buscar y construir la paz, la necesidad de finalizar el conflicto armado mediante un diálogo político, la obligación para todos los actores armados de respetar a la población civil y la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema político y económico para consolidar la paz. 
 
Llamamos a las autoridades civiles de los municipios y departamentos comprometidas con la paz, para que concurran con esta iniciativa.
 
A los parlamentarios y partidos políticos que nos han venido acompañando les pedimos que intervengan ante el gobierno nacional, el Congreso de la República y otras instancias, con el fin de que las conclusiones de estas consultas sean respetadas como legítima expresión del constituyente primario. 
 
Es el momento de que el gobierno nacional escuche a las comunidades afectadas por el conflicto armado, a los colombianos y las colombianas todas.
 
11. Hemos dicho también que un país donde una sola persona pretende tener la llave de la paz es un triste país. La búsqueda y construcción de la paz no pueden ser privatizadas. Por ello, hemos decidido continuar con los diálogos humanitarios y al mismo tiempo presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010, que restringe exclusivamente al presidente de la República la competencia para establecer diálogos con actores armados para buscar la paz o acordar compromisos de orden humanitario. 
 
Queremos con ello abrir el camino a cientos de alcaldes y alcaldesas municipales, a decenas de gobernadores y gobernadoras departamentales, a miles de autoridades indígenas y dirigentes de organizaciones comunitarias, a líderes religiosos y espirituales, que quieren y necesitan dialogar con diversos actores armados con propósitos humanitarios. Salvar una vida humana, impedir un desplazamiento, detener un ataque que afecte a la población civil, no puede ser un delito y no puede ser competencia exclusiva de un funcionario público. 
 
El propósito central de los diálogos humanitarios y la demanda es que la sociedad civil pueda lograr compromisos de los actores armados en materia humanitaria. La Minga por la Paz ha reiterado que necesitamos dichos compromisos de orden local o regional frente al reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y de minas, los bombardeos indiscriminados, la violencia sexual hacia las mujeres, los falsos positivos, las desapariciones forzadas, la entrega de combatientes muertos. Y sobre todo, el no involucramiento de la población civil en acciones cívico-militares y el respeto a la autonomía de los procesos comunitarios, asediados por los actores armados. 
 
12. Necesitamos darle continuidad a esta minga por la paz, a esta Movilización Nacional por la Paz. Somos herederos de las movilizaciones por la paz y la resistencia que se realizaron en los años noventa. No son un fracaso, como quieren presentarlo algunos. Fueron la más generosa contribución al país. Estamos tejiendo diálogos con las recientes movilizaciones por la paz que han venido realizando las organizaciones sociales: El Encuentro de Paz de Barrancabermeja, el Congreso de Tierras y Territorios del Congreso de los Pueblos, la reciente movilización de la Marcha Patriótica, la propuesta de los mínimos para la paz impulsada por la Iglesia católica y otras muchas propuestas a nivel del país. 
 
Para darle continuidad a este proceso, consideramos necesario dar un salto de calidad. Nos comprometemos en la realización del Congreso Nacional de Paz, que diversos sectores vienen impulsando. Urge al país un encuentro de todas y todos quienes apostamos por la solución política del conflicto armado. Debemos constituir un escenario donde el país nacional aparezca en su diversidad, exigiendo la paz y aportando a su construcción.
 
13. Saludamos que un número creciente de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas del Pacífico y Suroccidente, reunidos en Villa Rica (Cauca) a instancias del gobernador del departamento, hayan tomado la decisión de seguir fortaleciendo una red de autoridades locales y regionales por la paz. Es su derecho. Y es una contribución valiosa para este proceso de acumular manos y palabras de paz. 
 
Dos acciones estamos prestos a acompañar a la institucionalidad: la constitución y convocatoria a los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, con amplia y plural participación de la sociedad civil.  Un liderazgo decidido de las autoridades locales en esta tarea puede ser una contribución cierta para cambiar el clima agresivo y de guerra que nos ha dejado una década militarista. Los instamos a que pidan al gobierno nacional que haga lo propio con el Consejo Nacional de Paz. 
 
Y en segundo lugar, es urgente que las autoridades locales promuevan de forma coordinada en todo el país una reflexión sobre el modelo de desarrollo regional que impulsa el gobierno nacional, y sobre leyes que no promueven la paz sino que estimulan el conflicto. 
 
Estamos convencidos que la estrategia de consolidación territorial liderada por las fuerzas militares, la agresiva política extractivista minero-energética, las concesiones a transnacionales de forma inconsulta e irresponsable, no solo afectan a las comunidades, sino que crean a los gobiernos locales y regionales situaciones de ingobernabilidad creciente, intensificación de la crisis humanitaria que deben atender, pérdida de autonomía para la gestión pública y reducción de los ingresos públicos. 
 
Declaración de paz
 
A eso hemos venido. A escucharnos y hacernos escuchar. A declararle la paz a Colombia. 
Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra. 
 
Caloto y Villa Rica, mayo 11 de 2012.