Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En el marco de la audiencia pública de derechos humanos convocada por la Comisión Quinta del Senado de la República, en el municipio de Caloto (norte del Cauca), la cual enfocó su propósito de denuncia en las afectaciones del conflicto armado y la explotación minera. 

 

Se escucharon voces de indignación, denuncia y exigencia de justicia por parte de líderes indígenas, campesinos, afrocolombianos, comuneros, comuneras y familiares de las personas afectadas por la militarización, el desplazamiento, el reclutamiento,  el conflicto armado, los señalamientos y amenazas entre otras afectaciones; causadas por las políticas de guerra y codicia traídas con la implementación del Plan de Consolidación Territorial en los cinco municipios del norte del Cauca.

 

El norte del Cauca, convertido en teatro de operaciones militares, es un territorio donde la inversión nacional se refleja en la presencia de más de siete mil hombres de la fuerza pública fuertemente armados, en la instalación de batallones de alta montaña, la compra de armamento, tanquetas y avionetas de guerra que cruzan y disparan indiscriminadamente sobre las comunidades del Cauca. En los municipios del Cauca es donde se pagan los servicios básicos más caros del país – agua, energía y gasolina- pues siendo productores de estos y otros recursos, su administración está en manos de operadores privados.  

 

Entre las denuncias y casos expuestos por los dirigentes y habitantes de las diferentes comunidades del Cauca, se conocieron afectaciones individuales, comunitarias y territoriales ocasionadas esta vez por la implementación del plan de consolidación territorial, lo que significa para la población civil un plan de  muerte, de invasión territorial, amenaza y fraccionamiento de los procesos organizativos; como también el involucramiento de la población en el conflicto armado. Frente a las afectaciones por la militarización y el conflicto armado, los líderes indígenas, campesinos y afros denunciaron muertes, amenazas frente a la exigencia del respeto por el territorio, desplazamientos, afectaciones y  la ocupación de los espacios civiles y comunitarios como viviendas, escuelas, lugares de recreación, como el estadio de Caloto  y sitios de asamblea permanente, por parte de los grupos armados. Lo que ha generado desplazamiento masivo de las comunidades y el cese de las actividades escolares especialmente en las comunidades de Miranda y Toribío en el norte del Cauca. 

 

En el año 2011 fueron asesinados 37 comuneros indígenas, se presentaron 11 desplazamientos colectivos, se generaron 800 afectaciones a bienes civiles, 14 amenazas como también capturas  y retenciones arbitrarias.  En lo que va corrido del 2012, se han presentado 11 asesinatos a comuneros indígenas, 15 desplazamientos colectivos, 84 bienes civiles han sido afectados, se han registrado 15 amenazas y se han intensificado las capturas y retenciones arbitrarias a líderes y comuneros de las diferentes organizaciones, entre las cuales se denuncia, la detención, el montaje y señalamiento a los líderes afros: Felix Manuel Banguero y Nesai Ramos de Guachené (Cauca), como también la detención de la jefe de enfermería del hospital Niña María de Caloto, Mildred Gisela Mora.

 

De igual manera, las comunidades afros agrupadas en el PCN, UAFRO y los diferentes consejos comunitarios constituidos en el Cauca, denunciaron las consecuencias que todavía padecen los habitantes del municipio de Suarez y sus alrededores por el desplazamiento generado con la represa de la Salvajina, denunciaron el desconocimiento por parte del Estado y sus instituciones de los títulos ancestrales, los consejos comunitaritos y las organizaciones de base. Esto ha generado la no consulta previa libre e informada frente a la concesión de sus territorios para la explotación minera por parte de las multinacionales Anglo Gold Ashanti, Cossigo Resort y American Explore.

 

Expresaron también el confinamiento y la zozobra que viven en sus territorios por los constantes ataques a la base militar de La Salvajina en Suárez, la restricción de la movilidad y el transporte de alimentos a las comunidades de la parte alta como Cerro Tijeras. Denuncian la escasez de tierras para las comunidades afros del Cauca y la problemática que se ha generado entre comunidades indígenas y afros a causa del Ministerio del Interior por la finca San Rafael en la comunidad de Mazamorrero -jurisdicción de Santander de Quilichao-.  De igual manera exponen las amenazas de las que han sido víctimas los concejales del municipio de Suárez – Cauca, la prohibición del ejercicio de la minería artesanal a las comunidades de  la toma en Suárez, quienes han sido amedrentados por disparos del ejército y víctimas de 13 amenazas de muerte por no permitir la explotación minera por parte de las multinacionales, las cuales de manera descarada  son custodiadas por el ejército para que entren al territorio y recojan muestras, aun habiendo una orden de la corte de parar las concesiones.

 

Entre tanto desde las comunidades campesinas se expresaron los casos de violencia sexual por parte de los grupos armados, el reclutamiento forzado de niños y jóvenes de las diferentes comunidades, el involucramiento y detención de comuneros y comuneras, la instalación de minas anti persona y las amenazas a los dirigentes campesinos y a los procesos organizativos. Preocupa enormemente el papel de la fuerza pública en estos territorios, pues se evidencia claramente que lejos de garantizar la protección de los derechos de la población defienden a  capa y espada la inversión y los intereses privados de las corporaciones transnacionales.

 

Finaliza la audiencia de derechos humanos en el norte del Cauca, con el compromiso, por parte de  los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de llamar a audiencia la próxima semana a los encargados y responsables de dar cuentas de lo que pasa con los derechos humanos en el Cauca.

 

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