Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca, constituidas por la resolución 051 de 1996 como Asociación de Cabildos, entidad pública de carácter especial, con cobertura en 19 Cabildos Indígenas: Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Canoas, Huellas, Munchique, Pueblo Nuevo Ceral, Toez, Nasa Kiwe, Lopez Adentro, Cilia- La Calera, Cerro Tijeras, Corinto, Guadualito, Concepción, Las Delicias, Alto Naya y Kitek Kiwe, en aplicación de nuestras facultades como gobierno propio del Pueblo Nasa del norte del Cauca,

DECLARAMOS:

Durante el año 2012 se han incrementado las acciones bélicas en el territorio, generando graves afectaciones a la población civil, particularmente debido a las permanentes infracciones al DIH que cometen tanto agentes del Estado como la insurgencia. Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2012 se han presentado 118 hechos que constituyen vulneración del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad del pueblo nasa y su territorio. Solo en lo corrido en este año han muerto como causa del conflicto político armado 18 personas, 4 mujeres  y  14 hombres.

Especialmente en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto y Jambaló  sufrimos  el Plan de Consolidación Territorial, que a sangre y fuego se impone en nuestros territorios, y estamos viviendo la imposición de un proyecto revolucionario militarista que no respeta nuestras decisiones, y que atenta contra nuestra organización y autonomía.  En los dos últimos meses se agravado la situación en los territorios indígenas, que obliga a declarar  la situación de emergencia.  

En el municipio de Miranda  a partir del 12 de mayo de 2012  se inician combates entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC. En consecuencia 234 personas se ven obligadas a desplazarse a los Sitios de Asamblea Permanente, son asesinadas 2 personas, otras 2 personas han sido heridas, 10 personas de la comunidad indígena y campesina han sido víctimas de amenazas, se han destruido centenares de bienes civiles, se ha violado el derecho a la educación de más de 1.000 niños y jóvenes de las Instituciones educativa. Los actores armados han convertido las viviendas, escuelas y puestos de salud, en trincheras. Se ha instaurado un ambiente de miedo y zozobra permanente.  El día 13 de julio  el coordinador de Guardia Indígena de Miranda Camilo Taquinas en enfrentamientos en la vereda Monteredondo.
   
En el  resguardo indígena de Cerro tijeras, Municipio de Suarez, desde el día martes 3 de julio de 2012 se presentan combates entre la fuerza pública y unidades de la columna móvil Jacobo arenas de las FARC, estos combates se dan en las veredas El Paraíso, Agua Blanca y Agua Clara del cabildo de Cerro Tijeras Municipio de Suarez Cauca. El 4 de julio se reanudaron de 9 am y se prolongaron hasta las 2 pm, estos hechos originan el desplazamiento de comunidades indígenas a los Sitios de Asamblea Permanente SAP con un aproximado de 500 personas refugiadas. Por su parte la fuerza área ha ametrallado y bombardeado la zona de forma indiscriminada, provocando daños en las viviendas y parcelas de los comuneros. En el desarrollo de las confrontaciones durante estos días los actores armados en conflicto utilizaron los bienes civiles de la comunidad para tomarlos como trinchera, guardar elementos de guerra colocando en alto riesgo a los habitantes de estas viviendas y así involucrar a los civiles en el conflicto.

Durante estos hechos sucedidos en este territorio los actores armados de la guerrilla están haciendo uso de los símbolos humanitarios y los símbolos de nuestras autoridades tradicionales y de los Kiwe Thegnas (guardias indigenas).  Además en el territorio después de estos hechos ha quedado contaminado por los restos explosivos y no se descarta campos minados dentro de las huertas familiares (tules) y bosques.
 
En el Municipio de Toribío  se han intensificado los  hostigamientos y enfrentamientos  entre la guerrilla y el ejército entre el viernes 6 hasta el 8 de julio de 2012, dejando 11 heridos de la población civil, 4 de ellas heridas tras un ataque a la IPS indígena de Toribío, 109 viviendas afectadas y 1.278 personas desplazadas. Ante la intensificación del conflicto con los hostigamientos al área urbana de Toribio, las comunidades y las autoridades indígenas decidieron el día 8 de julio de 2012 salir a registrar aledañas al área urbana para decomisar artefactos explosivos con los que atentan contra la población civil, dando como resultado la culminación de los ataques indiscriminados por parte de la guerrilla de las FARC a la población civil. El día 9 y 10 de julio de 2012, en concentración masiva de las comunidades indígenas en la plaza pública de Toribío con el objetivo de hacer memoria recordando los muertos de la chiva bomba del pasado 9 de julio de 2011, reafirmaron continuar las acciones de control territorial para exigir a los actores armados que detengan las acciones de agresión a la población civil y exigir al gobierno nacional que busque una salida política al conflicto político armado.

En el municipio de Jambaló, desde el día martes 3 julio del 2012 se intensifican los hostigamientos en las áreas urbana y rural. Como consecuencia fueron derribadas las torres de comunicación celular, se ocasionaron daños a 33 viviendas, también resultó averiada la antena de la emisora comunitaria Voces de Nuestra Tierra, fue derribado un poste de energía en el Resguardo de Pitayó, dejando sin servicios de energía a la población del municipio de Jambaló. El día 7 de julio de 2012, la guerrilla de las FARC amenazan a habitantes de Jambaló acusándolos de informantes; por estas amenazas varias de las familias se vieron obligadas a desplazarse. El día 11 de julio de 2012, mientras se preparaba una acción humanitaria para atender la emergencia en la vereda Loma Larga, producto de la caída del avión de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, fue herido de gravedad en el abdomen por una bala el comunero indígena Luis Cardenio Dagua. Hoy, 13 de julio, las comunidades de las veredas de Paletón, San Antonio, Loma Larga, Nueva Jerusalén, Campo Alegre y la vereda Nazaret en el municipio Silvia, se encuentran congregadas en asamblea permanente.

En el municipio de Corinto el día  11 de julio se presentaron fuertes  hostigamientos en el casco urbano, se lanzaron 11 tatucos; resultaron 4 personas heridas, entre ellas una niña  que  se encuentra muy grave en el Hospital  de Popayán; hay 45 casas  afectadas y el acueducto. Y el día  12 de julio lanzaron 6 tatucos generando gran temor en la población civil.

El día 11 de julio en la visita del Presidente Santos al municipio de Toribio, al finalizar el Consejo de Ministros repitió que no va a desmilitarizar ninguna parte del territorio y que va a meter más fuerza pública. Luego los generales han repetido que ninguna parte del territorio nacional está vedada a la fuerza pública. Con estas palabras  se reconoce que nuestros territorios están militarizados y  queda claro que la respuesta del Gobierno nacional  es continuar con su estrategia de guerra pese al rechazo de las comunidades indígenas.

Por lo anterior nos declaramos en:  

EMERGENCIA HUMANITARIA PERMANENTE.

En consecuencia, de acuerdo con nuestro mandato de Minga en Resistencia, desde una perspectiva de derechos siempre respetuosa de los principios de la organización –Tierra, Cultura, Unidad y Autonomía– aplicaremos las medidas de protección que las autoridades y las comunidades hemos acordado para impedir que las acciones bélicas de los actores armados, en particular la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional, nos exterminen.

En la declaratoria del 20 julio del 2011 reafirmamos la posición de autonomía de las comunidades: se decidió reactivar las acciones de control territorial, consistentes en desmontar los campamentos de la guerrilla, las trincheras y las bases del ejército y recuperar nuestro territorio y propiedad, por orden de la autoridad indígena. Reiteramos la exigencia a los actores armados –en particular al Estado y la guerrilla de las FARC– a establecer diálogos humanitarios, a abstenerse de atacar a la población civil, a respetar la autonomía del pueblo nasa. Reiteramos también la exigencia de nuestras comunidades y del pueblo colombiano a avanzar en la búsqueda de una  salida política negociada al conflicto político interno colombiano, donde se dé una participación protagónica de la sociedad civil.

Como consecuencia de esta Declaratoria, las comunidades continuaremos realizando las acciones de control y armonización territorial. En los municipios de Toribío y  Miranda se han emprendido ya estas acciones, desmontando  trincheras, campamentos de Policía, Ejercito y guerrilla,  las cuales siguiremos realizando en defensa de la vida y el territorio.
Para ello EXIGIMOS, en el marco de los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas:

a. Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función de la Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad de las personas y los bienes en el municipio de Toribío, y como actor de paz. Por eso es necesario que la Fuerza Pública desaloje la población: porque no cumple su papel y porque es un evidente factor de riesgo.

b. Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados. Frente al fracaso del gobierno para garantizar la seguridad a nuestros territorios, consideramos que la alternativa creíble es que las comunidades afectadas podamos adelantar sin restricciones los diálogos humanitarios con los actores armados, para exigir: No reclutar menores.; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas.

c. Respeto a las acciones de desmilitarización de los territorios indígenas realizadas por las comunidades. Hemos iniciado acciones hacia el desmonte de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio o cercanías de la población civil. Reiteramos esta exigencia a todos los actores armados. El gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; ya están en camino las acciones jurídicas contra su implementación.

Repetimos lo que dijimos hace un año: No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que entienda que nuestro propósito es esencialmente humanitario.

Finalmente hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que verifiquen, se pronuncien frente a estos hechos que afectan a la población civil y mantengan su rol de protección.
Reconocemos el cubrimiento realizado por los medios de comunicación a lo ocurrido en los últimos días, y les reiteramos la necesidad de que la información difundida sea veraz, responsable y oportuna, de forma que en una situación como la que vivimos eviten poner en riesgo a las comunidades por informaciones inexactas o provenientes de fuentes parcializadas.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN