Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

Señor presidente Juan Manuel Santos:

 

Reciba un saludo de las autoridades indígenas del norte del Cauca organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC. Aprovechamos su presencia en territorio indígena del Cauca para reafirmar varios pronunciamientos que hemos hecho los últimos meses y proponerle alternativas a las políticas equivocadas que impulsa su gobierno, y entregarle la Declaración de Toribío del 20 de julio del año 2012. Lo hacemos desde nuestra posición de paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz.

 

Nosotros no le hemos declarado la guerra al Estado ni a la guerrilla. Lo que nosotros queremos es autonomía territorial, gobiernos propios y comunitarios, aplicar la justicia para la armonía de la gente y con la naturaleza, un modo de vida sustentable que enfrente el consumismo, una alianza popular para hacer una Colombia más justa. Lo que se resume en “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, una expresión que nosotros entendemos exactamente como “libre determinación”, que las Naciones Unidas aprobaron en la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior está también en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás convenios internacionales de derechos humanos (que hacen parte de la Constitución) y son normas de obligatorio cumplimiento por el Estado.

 

Pero a pesar de que nuestro proyecto de autonomía territorial está protegido por normas internacionales, molesta al Estado y a la insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros. Aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en contradictores de los propósitos del Estado y de la guerrilla; nos hemos convertido en enemigos de la guerra; reconocemos ese carácter. Por eso, le hablamos como actores y constructores de paz.

 

La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso

 

Hace un año -cuando declaramos la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra- dijimos que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas, afros y campesinos, impulsada por las transnacionales. La ocupación de nuestro territorio por el Ejército y la insurgencia promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales. Dijimos también que el conflicto armado es una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente, que absorbió toda la vida nacional y subordinó la política a las prioridades militares. Por eso la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno.

 

El territorio indígena del norte del Cauca ha vivido en conflicto armado desde hace 50 años. El Estado ha ensayado una docena de estrategias: guerra integral, plan de rehabilitación, zona de orden público, zona del CCAI y ahora zona de Consolidación Territorial. Nada de eso ha funcionado. La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran 3 grandes campamentos sino 50 más pequeños. Aquí en el norte del Cauca mataron a Alfonso Cano, y la gente ni se percató. Ahora nos han traído el Plan Nacional de Consolidación y todo indica que será otro intento fallido; se lo queremos mostrar de forma detallada:

 

El gobierno ha dicho que el Plan de Consolidación comienza por una rápida y contundente “recuperación militar del territorio”. Pero en el norte del Cauca llevamos ya 8 años de eso: En 2006 fueron incluidos los municipios del norte del Cauca como zonas de consolidación y áreas de priorización del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI; en 2009 fueron aumentados en 5.000 unidades las tropas del Ejército; en junio de 2011 se agregaron 2.000 unidades luego del ataque de las FARC a Toribío y se re-anunció el Batallón de Alta Montaña en Tacueyó; en febrero de 2012 se anunciaron otros 4.000 luego de los hechos de El Palo; en junio de 2012 llegaron otros 334. Según esos datos, no menos de 15.000 miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en nuestros territorios.

 

Y la tal “limpieza” de grupos guerrilleros nada que avanza. La frustración de los comandantes del ejército y de los ministros de Defensa por su ineficacia los pone a decir siempre lo mismo: que la población y la organización indígena protegemos a la guerrilla. El gobierno sabe que eso es mentira, porque la más elemental inteligencia debería servir para estar enterados de la posición coherente del CRIC, la ACIN y los Cabildos contra el conflicto, que ha sido histórica, pública y reiterada.

 

Pero tampoco sirve para proteger a la población de los impactos de la guerra. Por la creciente militarización, los hostigamientos guerrilleros no han mermado, los muertos civiles por causa de combates o por minas antipersonales son constantes, los asesinatos fuera de combate son numerosos. El ejército ha acudido crecientemente al bombardeo indiscriminado y sin ninguna precisión, destruyendo diariamente -¡diariamente!- bienes civiles. Casas de comuneros y comuneras destruidas, cultivos de pancoger arruinados, animales muertos. Y los ataques de la guerrilla hacen lo propio. En síntesis: La seguridad como fruto de la militarización es una ilusión, y sobre todo termina siendo una violación sistemática de los derechos humanos. Las comunidades indígenas de Jambaló, Toribío, Miranda, Pitayó, Caloto, le podrían contar cientos de casos de victimización, producidas todas por la política de guerra del gobierno y por la respuesta de la guerrilla.

 

El Plan de Consolidación dice minimizar la intervención militar y pasar rápidamente a la re-institucionalización de dichos territorios con la presencia civil del Estado. Pero esta apuesta tiene dos problemas severos: la militarización misma y el ataque consecuencial a la institucionalidad existente, sea civil ordinaria o indígena.

 

A nivel general, la construcción de obras y subcontratación de civiles, canalización de recursos de los ministerios civiles a través de los batallones, etc., no solo presionan de forma ilegal una vinculación de las comunidades en la confrontación armada, sino que destruyen las instituciones civiles y conspiran contra el propósito de crear una institucionalidad civil reconocida y respetada por las comunidades.

 

Por otra parte, la desinstitucionalización de la autoridad indígena por parte del gobierno nacional empieza con la negativa olímpica a reconocer que su intervención militar requiere de consulta y consentimiento previo, y que debe respetar la propiedad privada colectiva indígena. En segundo lugar, el irrespeto o desconocimiento a decisiones indígenas en materia de justicia, de control territorial, etc., así como la ocupación de bienes civiles que están al cuidado de la autoridad indígena (en particular escuelas). A esto se agrega una campaña sistemática de acciones de desprestigio contra la autoridad indígena y nuestros sistemas de justicia.

 

Según el gobierno, la conquista de la seguridad dará espacio a la re-institucionalización, y ambas servirán de base al desarrollo. Una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla.

La militarización es contraria a la Constitución y al derecho internacional de los pueblos indígenas

Todo este proceso de militarización se ha realizado sin cumplir la obligación de la consulta previa y sin atender al hecho de que el gobierno no puede ocupar los territorios indígenas para propósitos militares. A los funcionarios les gusta repetir una frase: que ningún lugar del territorio nacional está vedado a la fuerza pública, queriendo decir que pueden entrar a cualquier lado sin pedir permiso y que ninguna norma los limita. Al respecto permítanos recordar:

 

1. El Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.

2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la protección de la propiedad privada – en nuestro caso propiedad privada colectiva– reafirma que el Estado y, en particular, el Gobierno Nacional no puede ni debe incurrir en el establecimiento de bases militares permanentes o transitorias en nuestros territorios sin el consentimiento previo y expreso de las comunidades indígenas e indemnizando plenamente los daños y perjuicios que se causan (Sentencia T-303/97)

3. Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas prerrogativas de cualquier predio inmueble, en particular los derechos de sus propietarios -en este caso los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales- a ser quienes otorguen permisos explícitos a particulares o funcionarios públicos para permanecer, transitar o hacer uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén previstas en las normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.

 

Los resguardos y demás tierras comunales de los pueblos indígenas no son bienes públicos ni bienes fiscales. No puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de la propiedad. El gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en los resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus dueños, o si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar corresponde darla al juez indígena. En otras palabras: la fuerza pública y cualquier funcionario del Estado sí tienen limitaciones y prohibiciones; las que establece la Constitución, las leyes y el derecho internacional para proteger los territorios indígenas y la propiedad.

 

El gobierno no quiere proteger a la población indígena de los efectos de la guerra

 

Es claro que el Estado no ha podido avanzar en su estrategia armada contra la guerrilla, la cual es presentada como su estrategia de paz y de seguridad. Pero tampoco ha adoptado las otras medidas obligatorias para proteger la vida de las comunidades o las personas indígenas del pueblo nasa.

 

Tres años después que la Corte Constitucional le ordenara mediante el Auto 004 de 2009 adoptar el Plan de Salvaguarda para protegernos de los efectos de la guerra, el gobierno sigue alargando el proceso con argumentos impresentables; el gobierno no debe olvidar que el Plan de Salvaguarda es su obligación y no de las autoridades indígenas. No es cierto que haya avances sobre dicho Plan, como le ha manifestado el gobierno nacional a la Corte Constitucional.

 

Más vergonzosa es la respuesta del gobierno a las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a favor de la población de Jambaló y Toribío. Según los funcionarios enviados por el gobierno ante la CIDH, ya tomó las medidas cautelares. ¿Cuáles son? La realización de 3 o 4 reuniones administrativas -sin ningún resultado- donde se ha hablado del Plan de Salvaguarda.

 

Si su gobierno, señor presidente, hubiera acordado el Plan de Salvaguarda y adoptado las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, es posible que hubiéramos salvado la vida a alguno de los 60 indígenas asesinados en el norte del Cauca los últimos 3 años, o impedido los desplazamientos, o evitado las heridas a cientos de comuneros y comuneras, o protegido la vivienda de los casi 600 damnificados por los combates. Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante. Debe quedar absolutamente claro no solo que su política de guerra es ineficaz, sino que su política de protección a la vida de los indígenas es inexistente.

 

Propuestas y decisiones desde el movimiento indígena

 

Alguien dijo que la locura era hacer una y otra y otra vez la misma cosa, y esperar que los resultados sean distintos. Es posible que eso le esté pasando al gobierno nacional con la guerra. Por eso queremos proponerle a usted y al país que intentemos una forma diferente para resolver los problemas agudos y crónicos de la guerra colombiana.

 

1. Para proteger la vida de la población civil de Toribío y empezar la desmilitarización de la población y la vida cotidiana

 

Ya vimos que la guerra diseñada por el gobierno no protege a la gente y que sus acciones de protección humanitarias son inexistentes. En realidad lo que tenemos es una enorme militarización de los territorios y poco avance en seguridad y tranquilidad. Frente a eso proponemos tres medidas:

 

a. Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función de la Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad de las personas y los bienes en el municipio de Toribío, y como actor de paz.

 

En realidad eso ya lo venimos haciendo, porque la Fuerza Pública no puede cumplir esa función en el casco urbano y debe refugiarse en un búnker o llenar nuestro pueblo de trincheras a la espera del siguiente ataque de la guerrilla; y en la zona rural solo nosotros

somos garantes de la tranquilidad. Pero la presencia de la Fuerza Pública en medio de la población es un pretexto para los ataques de la guerrilla, e impide que la Guardia Indígena pueda cumplir adecuadamente este papel.

 

Por eso es necesario que la Fuerza Pública desaloje la población: porque no cumple su papel y porque es un evidente factor de riesgo. Y que el gobierno debe garantizar los medios para cumplir esta función, sin ninguna injerencia sobre el funcionamiento autónomo de la Guardia Indígena.

 

b. Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados.

 

Frente al fracaso del gobierno para garantizar la seguridad a nuestros territorios, consideramos que la alternativa creíble es que las comunidades afectadas podamos adelantar sin restricciones los diálogos humanitarios con los actores armados, especialmente con la insurgencia. Nuestra experiencia como comunidades y autoridades indígenas es que se logra más en materia de seguridad para la gente si de forma firme y autónoma establecemos diálogos directos con actores armados para que se comprometan a cumplir las leyes de la guerra y las obligaciones humanitarias. En particular hemos venido adelantando la exigencia de que todos los actores acepten 4 puntos centrales: No reclutar menores.; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas.

 

Esto también lo venimos haciendo. Se trata de diálogos directos y francos de nuestros gobiernos autónomos. Desde hace un año convocamos al gobierno nacional y a la guerrilla a esos Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Nos han dicho que estos diálogos están prohibidos, a menos que el presidente lo autorice. Nos parece un locura que se sancione a la gente porque intenta salvar vidas humanas, impedir desplazamientos forzados o proteger a las comunidades; es simplemente absurdo que actuar por la vida y por la paz sea un delito en Colombia. Pero de forma clara le informamos, señor presidente, que los indígenas no vamos a esperar que algún día el gobierno decida adoptar las medidas cautelares o el plan de salvaguarda para garantizarnos la vida, o a que termine la guerra ahora sí en 20 años.

 

c. Respeto a las acciones indígenas por la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC.

 

Reiteramos la exigencia a todos los actores armados para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Hemos iniciado acciones hacia el desmonte de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio o cercanías de la población civil. Tampoco aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas; el gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; ya están en camino las acciones jurídicas contra su implementación.

Repetimos lo que dijimos hace un año: No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que entienda que nuestro propósito es esencialmente humanitario.

 

2. Para superar el problema territorial que está en la raíz del conflicto armado en el Cauca

Mientras sobre nuestros territorios ancestrales avancen el monocultivo de palma, tragándose toda el agua que producen nuestras montañas, y la aplanadora minera, profanando la Madre Tierra, no solo seguirá habiendo una profunda inequidad social por la injusta distribución de la tierra, sino que los actores armados van a seguir presionando a las empresas y a las economías locales para extraer las rentas que les permiten continuar la guerra. El modelo extractivista y de grandes plantaciones potencia la violencia política, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por eso es necesario:

 

a. Reconocimiento pleno e inmediato de la propiedad ancestral indígena

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias que son obligatorias para el Estado colombiano, ha reconocido que la ocupación ancestral del territorio indígena es equivalente a título de propiedad y que el Estado debe proceder a realizar el trámite correspondiente. En el caso del pueblo nasa no solo tenemos una ocupación cierta, permanente e histórica, una dinámica cultural propia y una concepción del territorio respetuosa de la Madre Tierra, sino que además tenemos los títulos de los resguardos coloniales, los cuales deben ser reconocidos de inmediato sin procedimiento administrativo distinto a incluirlos en los registros oficiales. El artículo del Plan de Desarrollo que ordena la reestructuración de los resguardos es de hecho la puerta de entrada a una confiscación, que en el caso de los territorios y resguardos está prohibida por la Constitución.

 

b. Declarar el Territorio Autónomo Indígena del Cauca

 

La Ley de ordenamiento territorial aprobada por el Congreso en 2011 sin consulta previa con los pueblos indígenas es a todas luces inconstitucional. El gobierno debe expedir un Decreto basado en el Artículo 56 Transitorio de la Constitución, consultado con los pueblos indígenas, para reconocer de pleno derecho los territorios indígenas como entidades territoriales de la República, como ya es reconocido también por la Constitución.

 

De forma inmediata puede constituirse el Territorio Autónomo Indígena del Cauca, con su Consejo Territorial de Gobierno como lo prevé la Constitución. Su funcionamiento es perfectamente viable y ofrece las posibilidades realistas de un territorio estable, en armonía con la naturaleza. Como ordena la Constitución, el gobierno debe trasladar los recursos para que funcione esta entidad territorial.

 

3. Para fortalecer la institucionalidad que la guerra destruye

 

En el Cauca indígena es claro que ningún actor externo podrá gobernarnos, ni siquiera por medio de la violencia abierta que ya han aplicado. Nuestra convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades y autoridades son garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad para los pueblos indígenas. La alternativa realista que tiene el gobierno -y la insurgencia- es reconocer que la única institucionalidad estable en nuestros territorios es la que nosotros mismos nos demos. Por eso, en consonancia con la constitución del Territorio Autónomo Indígena del Cauca, debe el gobierno nacional:

 

a. Fortalecer los sistemas de gobierno propios

 

Insistimos en la conformación inmediata -por medio de Decretos presidenciales basados en el Artículo 56 Transitorio de la Constitución o por el mismo decreto de constitución de la

entidad territorial- del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y del Sistema Intercultural de Salud Indígena SISPI, así como en el reconocimiento pleno sde nuestro Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus) y el Sistema Propio Económico-Ambiental que incluye un reconocimiento de las competencias como autoridades ambientales para las autoridades indígenas.

 

b. Aplicación plena de las normas que reconocen a las autoridades indígenas tradicionales

Ya es hora de que los funcionarios públicos abandonen la práctica de querer derogar con resoluciones lo que la Constitución y los instrumentos internacionales ordenan. Los pueblos indígenas tenemos competencias administrativas, políticas, legislativas y jurisdiccionales. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución o del Convenio 169 de la OIT : ni el Plan de Desarrollo, ni el Código Minero, ni el Decreto 1320 de 1998, ni la legislación petrolera. Del mismo modo, el liderazgo y autoridad de las autoridades espirituales y nuestras formas organizativas no pueden ser condicionadas por ningún funcionario de la Dirección de Etnias; los Planes de Vida priman sobre los Planes de Desarrollo

4. Para que los principios y valores espirituales indígenas -paz y armonía- sean fortalecidos frente a los valores de la guerra

Es claro que los impactos de la colonización de siglos sobre la cultura indígena han afectado nuestra cohesión interna y la fortaleza de valores de cooperación y equilibro social; el conflicto armado y el narcotráfico vinieron a agravar esa dinámica de erosión cultural. Una cultura debilitada tiene dificultades para frenar la propaganda militarista. Por eso es urgente:

Apoyar un Programa sostenido y de largo plazo para la revitalización cultural y el Plan de Revitalización lingüística

 

Esta es una tarea esencialmente interna, pero el Estado tiene un deber de reparación histórica. Por eso, además de la constitución del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y del Sistema Indígena Propio de Salud Propia Intercultural SISPI, se requiere apoyar acciones de recuperación cultural a mediano plazo

 

La pérdida lingüística es severa. Repetidamente hemos demandado el apoyo de los Ministerios de Cultura y Educación para revertir ese proceso. Es el momento de pasar a los hechos y adoptar un Plan de Normalización y Normalización lingüística más allá de las acciones esporádicas, que cobije por lo menos dos generaciones en este proceso de recuperación.

 

5. Para superar los cultivos ilegales que potencian la guerra

 

Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que es una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema. Pero la solución de los problemas de la economía ilegal debe ser dialogada entre la comunidad y los cultivadores, respetando siempre los intereses comunitarios; y debe ser autónoma frente al Estado y la guerrilla. No compartimos la política del Estado colombiano frente a los cultivos ilegales. Rechazamos las fumigaciones con glifosato porque arrasan con cultivos de alimentos cercanos a los cultivos de coca y no atienden el problema económico de fondo. La erradicación forzada no es nuestra política, y no la aceptamos ni la propiciamos. No estamos de acuerdo con la estrategia de familias guardabosques, porque involucra a la organización, las comunidades y las familias en una acción puramente represiva frente a los cultivos y de informantes en el conflicto armado interno. Eso no significa que el Estado deje de ser el responsable de resolver las demandas de las familias de cultivadores y de financiar la solución definitiva a la problemática.

 

Se requiere ya un Plan de Fortalecimiento de la Economía comunitaria indígena

 

Se trata de un Plan basado en solución al problema de la tierra, líneas de crédito a los agricultores, mejoramiento de infraestructura productiva (vial y empresarial).

 

6. Seguimiento de compromisos

 

Si el gobierno nacional respeta nuestras funciones para garantizar la tranquilidad, constituye el Territorio Autónomo Indígena, respeta nuestro gobierno y facilita el funcionamiento de nuestros sistemas de gobierno propios (educación, salud, justicia, ambiente), acepta una solución autónoma al problema de los cultivos ilegales, y detiene la aplanadora minera y cañera en el Cauca, tendremos condiciones para avanzar en la construcción de la paz. Todo eso requiere que el gobierno adopte una institucionalidad para responder a la autonomía indígena, y acabe con la institucionalidad existente, pensada para tutelar a los indígenas, o para responder a las necesidades básicas insatisfechas, pero que es incapaz de entender y coordinar con autoridades indígenas y sistemas políticos autónomos.

 

Proponemos al gobierno que constituya una Unidad político administrativo, adscrita a la Presidencia de la República con facultades y presupuesto propio, que coordine y resuelva los problemas de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y dentro de este enfoque atienda los problemas de pobreza y exclusión social, producto del abandono histórico.

 

Señor presidente:

 

Permítanos dos consideraciones finales. Hace un año, en el Pronunciamiento de Toribío hicimos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar. Nada de eso se atendió. Las casas siguen destruidas, la sede de la alcaldía está en ruinas, los militares se meten en acciones de reconstrucción poniendo en riesgo a las familias. Sólo ayer y en un claro hecho demagógico, a un día de su visita pero a un año largo de los hechos de la chiva-bomba, les han pagado los subsidios a algunos damnificados. Usted, con toda razón, ha dicho que la denuncia de la violencia no puede ser utilizada para propósitos partidistas. Nosotros queremos decirle que la respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política, no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional.

 

Finalmente, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz. Nuevamente ofrecemos el territorio indígena del norte del Cauca para que sea el escenario adecuado donde nos sentemos a dialogar sobre la terminación de la guerra y los necesarios cambios en el sistema político y el modelo socio-económico. Pensamos, señor presidente, que hay que avanzar ya en resolver los problemas asociados a la guerra, tanto los que la provocan como los que la alimentan. Estamos de acuerdo con usted en que no hay esperar a una negociación para que los actores armados pongan la agenda del país; pero eso significa que debemos iniciar ya la discusión en el seno de la sociedad colombiana.

 

Nosotros y nosotras estamos en toda la disposición para que hablemos de estos temas y problemas. Estamos abiertos a un Debate Público donde miremos el alcance de las transformaciones que requiere el país. Usted ha dicho que no le tiene miedo a la paz. Nosotros tampoco. De forma inmediata, le proponemos que se sume a la convocatoria de una Consulta Nacional por la Paz, que 15.000 indígenas, afrodescendientes y campesinos aprobamos en la reciente movilización por la paz entre Caloto y Villarrica; y a la que se han sumado los gobernadores del Cauca, Valle y Nariño, y 16 alcaldes municipales. Preguntémosle al país si quiere seguir en este desangre terrible, o si se atreve a la difícil construcción de la paz.

 

Reciba usted de nuevo un atento saludo desde nuestra resistencia.

Cuente con nosotros para la paz. Nunca para la guerra.

 

Autoridades indígenas del norte del Cauca organizados en la ACIN y el CRIC